No a las listas negras de la Policía y la Delegación

Reproducimos esta noticia del Colegio de Abogados de Madrid en la que
se muestra hasta qué punto las actuaciones de la Policía y de la
Delegación del Gobierno en Madrid, se están convirtiendo en una especie
de vanguardia represiva de cualquier movilización social crítica con el
Gobierno y que, en un momento dado, pueden servir de referencia y guía
de actuación para el resto del Estado.
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Cifuentes pide a la Policía un informe para aclarar si hay listados de abogados según los clientes que defienden
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a petición del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), ha pedido a la Policía un
informe para aclarar si los agentes cuentan con listados de letrados
clasificados según su ideología y los clientes para los que trabajan.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados
de Madrid (ICAM), en reunión urgente celebrada el pasado 4 de marzo,
aprobó pedir a la delegada de Gobierno que aclarara si la Policía tiene
listados de abogados clasificados según los clientes a los que
defienden.

Este paso viene después de que el abogado Erlanz Ibarrondo recurriera
al Colegio de Abogados para pedir amparo tras comprobar en dos
atestados policiales de la Brigada Provincial de Información que se
incluía una referencia suya sobre su ideología para que se tuviera en
cuenta.
Según ha señalado la delegada del Gobierno, tras tener conocimiento de
esta petición, se puso en contacto con la decana del Colegio, Sonia
Gumpert, para informarse de lo ocurrido y solicitó a la Policía un
informe sobre el asunto con el fin de poder comunicar con posterioridad
una respuesta al ICAM.
Para el Colegio, esta posible práctica «vulnera el derecho de defensa y
atenta gravemente al respeto y consideración debidos a la profesión»,
por lo que la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno también acordó
solicitar a Cifuentes el inicio de la pertinente investigación sobre
los hechos denunciados y «la depuración de las responsabilidades
disciplinarias de los funcionarios policiales actuantes».

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