Grupo
Derechos Civiles Zaragoza – 31 enero 2014
El
Grupo de Derechos Civiles lamenta la aplicación al pie de la letra
del proyecto de Ley de “Inseguridad Ciudadana” en las
movilizaciones de apoyo a los vecinos de Gamonal que han tenido lugar
en Zaragoza los pasados fines de semana. Ojalá ese proyecto nunca
entre en vigor, pues sus únicos objetivos son criminalizar,
recaudar, disuadir y desmovilizar a la sociedad civil.
Por
mucho que, en sede parlamentaria, el diputado Santiago Lanzuela
insista en calificar como “ejemplar” el talante democrático del
Delegado del Gobierno en Aragón, lo cierto es que sus palabras, sus
decisiones y los actos de su policía en los días 18, 19 y 25 de
enero en las calles de Zaragoza se alejaron mucho del talante propio
de un gobierno que se pretende democrático.
Los
ejemplos citados a continuación y la estrategia adoptada por los
subordinados de Don Gustavo Alcalde durante esos días obedecen a una
bien poco democrática intención de criminalizar,
recaudar, disuadir y desmovilizar, objetivo idéntico al que tan
descaradamente persigue el Anteproyecto de Ley Orgánica para la
Protección de la Seguridad Ciudadana

–más conocido como Ley “mordaza” o “de inseguridad
ciudadana”.
1/
En su nota de prensa de 25 de enero de 2014, la Jefatura Superior de
Policía en Aragón publica los siguientes “datos”: “A uno de
los detenidos (menor de edad) se le imputa […]
puesto que ha sido identificado como el autor de
[…]”.
En primer lugar, sería de agradecer a la Policía un poco más de
prudencia para evitar la publicación de juicios anticipados y
condenas instantáneas, desmanes que resultan si cabe más graves por
tratarse de una persona menor de edad. Luego, el 28 de enero, una
nota de Prensa de Delegación del Gobierno repite: “La
identificación inmediata del agresor

por funcionarios policiales […]”.
2/
En la misma JSPA se encuentra (salvo mediación de algún periodista
demasiado creativo) la fuente que suministró a la prensa una
información falsa, según la cual la manifestación del pasado
sábado 25 había seguido “el
guión de ‘buena voluntad’ que habían pactado

los convocantes y la Policía”. Según nos consta, la versión de
las asociaciones convocantes es muy diferente, pues nadie pactó nada
con la policía. Tiene su lógica: dos entidades no representan a
todos los participantes en una manifestación. Afortunadamente,
tampoco nos representa a todos/as un Delegado del Gobierno que acusa
a “algunas formaciones políticas y colectivos vecinales” de que
lejos de condenar la
violencia, la amparen, protejan e incluso auspicien

con sus declaraciones y comportamientos”. El ejercicio de
criminalización llevado a cabo por Don Gustavo a lo largo de los
últimos días tampoco demuestra un “talante democrático
ejemplar”. Cuando se ejerce el poder de ciertas maneras, resulta
más fácil demonizar a los súbditos que escucharles.
3/
Hasta tres veces habla la nota de prensa emitida por Delegación del
Gobierno de “ilegalidad” para referirse a la manifestación
espontánea del viernes 18 y la concentración del sábado 19: “si
bien se trataba de una manifestación
ilegal
…”; “una
nueva manifestación –en
este caso ilegal
-“; “se
identificó a personas que a toda costa pretendían realizar la
concentración ilegal
”.
Primero: esa última frase es mentira. Cualquiera lo pudo comprobar
in situ.
Conocemos docenas de casos de personas que fueron identificadas
–incluso cacheadas- arbitrariamente al pasar caminando por el
entorno de la Plaza Paraíso, incluso a cien o doscientos metros.
Segundo: al hablar de concentraciones o manifestaciones “ilegales”,
el Delegado sabe muy bien lo que hace. De nuevo: criminalizar,
recaudar, disuadir y desmovilizar. Insistimos: el hecho de no haber
sido comunicada no convierte una
movilización en “ilegal”
ni la participación en ella en delito –todavía.
4/
Afirma el Delegado que “los
actos vandálicos son la herramienta para conseguir la intervención
policial
y las
consiguientes detenciones y así poder hablar de ‘represión
policial’, ‘estado de sitio’, ‘toque de queda’ y otras
expresiones carentes de
sentido en nuestro Estado de derecho
”.
Estamos de acuerdo en que tales expresiones no caben en un Estado de
derecho, por eso invitamos a nuestras autoridades a preguntarse por
qué cada vez es mayor el número de ciudadanos que atribuye más
responsabilidad en el desencadenamiento de esos actos a las fuerzas
del orden –quizá sea el mismo número de personas que saben que un
auténtico Estado de derecho es el que reconoce y garantiza derechos,
los más básicos primero, a todas las personas.
Por
esas razones entre otras muchas, reiteramos nuestra preocupación
ante la impaciencia de Don Gustavo Alcalde por aplicar al pie de la
letra un Anteproyecto de Ley de Inseguridad Ciudadana que ni siquiera
ha sido aprobado –y que ojalá, por el bien de todos y todas, nunca
entre en vigor, pues persigue los únicos objetivos de criminalizar,
recaudar, disuadir y desmovilizar.
Grupo
Derechos Civiles Zaragoza – 31 enero 2014
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad