Guía de disparates penales para entender al Gobierno. Conclusión: 35 años de mentiras democráticas.

Variación
presos
y
delitos
1980-2006. Fuente: Nacho González (2011)

 

La
población penitenciaria española creció sostenidamente durante los
últimos 35 años hasta alcanzar el primer puesto de la UE en 2010.
Su mínimo, tras las amnistías de la transición, fue de unas 10.000
personas. En la primera década la cifra se dobló. En 1991, la tasa
de reingreso en prisión era del 69.2%. En 1994 se superó la cifra
de 38.000 presos. En 2006, los 64.000. El ascenso arranca
moderadamente (1996-2000) y se acelera en los 10 años siguientes,
para llegar a 77.000 en 2010 – aunque el dato correspondiente a
niños presos es mucho más difícil de determinar con exactitud, su
aumento durante la década de los 2000 fue tan terrorífico como
lucrativo.
Los
delitos conocidos aumentan hasta 1987, luego se mantienen en niveles
estables (1987-1002) y decrecen desde 2002. La tasa de criminalidad
cayó en 2005 un 1.6% y quedó, con un 49.5%0,
20 puntos por debajo de la media-UE justo cuando las detenciones
crecían un 2.4% hasta 130 detenidos por cada mil infracciones
conocidas.
Conclusión
inmediata:

entre 2002 y 2009, la población presa crece un 34,7% aunque la tasa
de delitos cae un 21%. Esa caída afectó principalmente a las
infracciones leves o los delitos contra el patrimonio, mientras la
minoría de delitos violentos contra las personas presentó un leve
aumento –siempre por debajo de la UE.
Conclusión
imprescindible:
los
índices de delincuencia no tienen nada que ver con el tamaño de la
población carcelaria. En términos generales, la correlación entre
cualquier medición de los índices de delincuencia y la variación
de las tasas de encarcelamiento es nula y/o irrelevante. Ocurre en el
Reino de España y en “todas partes”.
A
principios de los años 2000, la culpa de todo se cargaba a los
inmigrantes pobres:

Pregunta:
Usted dice que a más bonanza económica, más delincuencia. ¿Esa es
una ecuación lógica? Respuesta: Sí, el crecimiento económico
genera que haya quienes vayan a esos lugares a cometer delitos para
vivir de los demás (…)
La
riqueza atrae a la delincuencia, ocurre en todas partes

(J.M. Michavila, ministro de Justicia).

Las
estadísticas carcelarias muestran un 80% aproximado de condenas por
delitos contra la propiedad, un 6% contra las personas, un 4% contra
la seguridad colectiva y un 1% contra la libertad sexual. En el siglo
XXI como en las dos décadas anteriores, la inmensa mayoría de las
penas de prisión corresponden a delitos cometidos por gente de clase
baja, en su mayor parte contra otros pobres o, si se quiere, pocas
veces contra personas de clase media/alta. La cárcel ha sido siempre
para los pobres.
Las
tasas de delincuencia registradas en el Estado español se han
mantenido durante años muy por debajo de la media europea, y ahí
siguen. El crecimiento de la población encarcelada ha convivido con
índices de delictividad bajos, estables o incluso decrecientes. El
aumento del número de presos en España se debe al exagerado aumento
en la duración de las condenas. En comparación con la UE, hay poca
gente condenada pero mucho tiempo en la cárcel: extrema dureza
contra un grupo social muy concreto.
Siempre
enfocando a los casos más graves, los medios de incomunicación
tienen mucho que ver con ese disparate. La variación de los delitos
(esa que nunca influye en el encarcelamiento) no se trata con rigor.
La alarma social se amplifica interesadamente. Gran parte de los
debates sobre seguridad, terrorismo, crímenes sangrientos o
inmigración y delincuencia son demagógicos y racistas. Manipulando
supuestos “datos objetivos”, se demoniza a grupos enteros de
población con tal de no hablar de los pobres que aumentan en número
y de los ricos que se enriquecen a su costa.

Los
inmigrantes musulmanes suponen un riesgo para nuestra democracia

porque en sus costumbres e ideas traen a España un modelo de vida
que presenta incompatibilidades serias (I. Cosidó, portavoz del PP
en la Comisión de Interior del Congreso).

No
son pocos los casos en que esa demonización ha corrido a cargo de
los miembros del gobierno, del parlamento o de otras instituciones
del estado. Las políticas penales (y los mensajes de los políticos
sobre ellas) reportan enormes beneficios electorales, y ahí entra
nuestra responsabilidad como miembros de esa “audiencia ciudadana”
que ha tragado tantas y tantas mentiras durante años.

Inmigrantes
de primera generación, segunda y tercera, y diferentes niveles de
formación, adquisición y cultura. Un gran porcentaje pertenece a
niveles bajos de integración social, pero
no
podemos excluir a nadie

(E. Pereiro, dir. Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista).

Ya
se pueden esconder donde quieran porque les buscaremos, en una cueva
o en una alcantarilla, que es donde se esconden las ratas
.
Tampoco les servirá esconderse detrás de unas siglas, o una
asociación, o una capucha, o de una revista, o de una asamblea que
no representa a nadie o incluso detrás de una silla de la
universidad (D. Piqué, comisario general de coordinación
territorial de los Mossos d’Esquadra).

La
policía está en alerta ante el aumento de grupos anarquistas en
nuestro país. Se han infiltrado en movimientos sociales como el
15-M, la protesta de los mineros o las plataformas sociales creadas
contra la reforma laboral. Lo recoge un informe de la Policía
Nacional elaborado en abril que constata además que estos grupos han
establecido redes de actividad con grupos de Italia y Grecia, los
países dirigidos por la Troika. Se les conoce como el ‘Triángulo
del Mediterráneo’.
La
policía tiene constancia de que activistas italianos y griegos están
diseñando estrategias conjuntas con activistas españoles
en
un intento de organizar su actividad

(Cadena Ser: 29.04.2013).

Ha
de quedarnos claro que algunos de los tópicos más repetidos son
absolutas falacias:
1.
Hablar de estado de bienestar en el Reino de España es muy
complicado. El estado penal español no suplanta un modelo previo de
bienestar como los existentes desde los años cincuenta en otros
países, sino al asistencialismo caritativo del franquismo. El
neoliberalismo español tiene unos antecedentes particulares y poco
democráticos, lo que demuestra dos cosas: que los fascismos preparó
el terreno al neoliberalismo y que entre dictadura y democracia hay
una fina línea. Así nos va.
2.
Aunque la fabricación de alarma social suele alimentarse de los
casos más sangrientos, ni por esas se entiende lo que ha pasado en
España: la tasa de homicidios y los índices de victimización
(ambos en mínimos europeos) tampoco explican tanta afición por
encarcelar. Tampoco los altos índices de tolerancia social ni los
bajos indicadores de punitividad. Insistimos: los principales
factores del disparate carcelario español son, por lo tanto, el
alargamiento de las condenas y el esfuerzo mediático y político
dedicado a hacernos tragar miedo, drama y odio.
3.
Las políticas sociales son enemigas de las ansias capitalistas.
Simulando falsas peleas bipartidistas, los de arriba se salen todo el
rato con la suya. Si la oposición solo busca de convencer al público
de que hay que cambiar al gobierno, la tendencia al encarcelamiento
aumenta. Las peleas electorales se saldan siempre con la derrota de
los de abajo, los partidos se relevan en el gobierno y los que mandan
(los dueños de todo) se empachan de orgullo y satisfacción. Los
ricos más ricos, los pobres más castigados y la casta política
trabajando por la “estabilidad”, el “orden público” y la
“seguridad”.
Cárcel,
paro y PIB. Fuente: Dani Jiménez (2013)
Los
años ochenta fueron los de la descomposición de las comunidades, la
degradación de los barrios obreros, el desempleo masivo, el consumo
de heroína entre los sectores de población más jóvenes y
empobrecidos, el sida y la muerte masiva entre rejas.
A
partir de los años noventa, una forma de gobernar “a través del
delito” se institucionaliza. Con base en 1996, las entradas en
prisión se han reducen significativamente (un 20% menos de entradas
de media en el período 2000-2005), pero es justo en estos años
cuando más crece el número de personas encarceladas.
En
Europa occidental, la mayoría de países que superan la tasa media
de encarcelamiento supera también la media de policías por cada
100.000 habitantes, y España es el país con más policías –más
de 500 policías por 100.000 habitantes.
En
2004, España era el noveno país con mayor tasa de encarcelamiento
de la OCDE y el séptimo peor balance social. Casualmente, 2003 había
marcado el menor gasto en protección social de la democracia
española. Los indicadores sociales reflejan en España un penoso
grado de subdesarrollo con respecto al Occidente europeo. Sus valores
en 2010 empeoran los de 2000. En comparación con su entorno europeo,
el drama del gasto social español es tan triste como su tragedia
penal.
En
1998, el porcentaje de extranjeros en prisión multiplicaba por 11 su
proporción en la población total. En 2010 era de 3 a 1. Hasta 2010,
el aumento del ejército de reserva extranjero ha sido mucho mayor al
de su encarcelamiento, al contrario que entre la población nativa,
donde el paro bajaba pero el encierro se disparaba.
La
variación de paro y cárcel es inversa: a más aumento del paro,
menos aumento (o descenso) del encierro. Cuando el encarcelamiento
crece, el paro baja. Como si se tratara de dos cubos dedicados a
depositar el excremento social que produce el sistema. Así nos
tratan.
El
27% del total de extranjeros en prisión representa un 50% de los
presos preventivos –doblando la media europea. Eso demuestra,
además de la extrema sobrerrepresentación de los extranjeros pobres
en la cárcel, que la variación del encarcelamiento español es muy
sensible a la expulsión de los extranjeros. Entre 2008 y 2011, la
tasa de paro de los autóctonos aumentaba un 9% y la de los
extranjeros un 15%. La sobrerrepresentación de la población
extranjera entre los parados de larga duración ronda el 30%, un
nivel similar al de su sobrerrepresentación en prisión.
La
sobrerrepresentación femenina extranjera (cercana al 40%) en prisión
también es la más alta de Europa occidental, como la proporción
del total de mujeres presas (8%).
Según
ese tópico popularizado por medios de comunicación y voceros
políticos, en España “los delincuentes entran por una puerta y
salen por otra”. La realidad lo contradice literalmente: en las
cárceles españolas entran menos personas que en muchos otros países
pero pasan el doble de tiempo que un preso europeo medio. Entre 1983
y 2009, solo Portugal superaba a España en condenas largas. La media
de la UE-15 no superaba 9 los meses de encierro pero la española era
de 18. El sistema penal español es, con diferencia, el que más ha
alargado sus condenas en 25 años (+412%).
La
pela es la pela. Y el ladrillo, ni te cuento
Si
al populismo punitivo le sumamos la oportunidad de negocio que ofrece
la construcción de macrocárceles, el cóctel resultante es brutal:
la máquina de encarcelar crecía a medida que la democracia
“maduraba”. Su materia prima es el tormento humano y su producto
es la idiotización de una sociedad entera a base de reality
shows
,
programas de sucesos, sensacionalismo y terror. A unas víctimas nos
lavan el cerebro y otras pagan con su vida.
Un
Plan estatal de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios
generalizó el régimen de excepcionalidad de las macrocárceles a
partir de 1991. La SIEP (Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, SA) nació en 1992 como una de las 21 empresas del
“Grupo Patrimonio” del Estado –perteneciente al Ministerio de
Hacienda y AAPP y cuyo accionista único es el Estado español. Su
misión es “construir y equipar las cárceles en orden a los
objetivos marcados por la LOGP(Ley General Penitenciaria”, o sea: regalar dinero público al
negocio privado. Poco después, la población penitenciaria
comenzaría a crecer a un ritmo de 20 presos por día. Desde su
fundación hasta finales de 2012, la SIEP ha construido 29 cárceles,
28 CIS (centros de inserción social), 3 UM (unidades de madres) y 38
UCH (unidades de custodia hospitalaria en hospitales públicos),
además de los sistemas de seguridad de muchos centros y más de 325
obras de mejora. Entre otras adjudicatarias de sus contratos de
construcción y equipamiento (dentro y fuera de España) se
encuentran Acciona, ACS, Comsa, FCC, Ferrovial, Indra o Sacyr.
En
2005, el Consejo de Ministros amplió el Plan de Amortización y
Creación de Centros Penitenciarios al período 2005-2012, anunciando
la creación de 15 nuevas cárceles, 32 CIS, 5 UM, 19 UCH y obras de
mejora en otros centros –con un gasto previsto superior a 3.000
millones.
Poco
después, el Plan de Infraestructuras de Instituciones Penitenciarias
2009-2012 proyectó 8.029 nuevas celdas en 11 cárceles más, aumento
que ni siquiera cubrió el aumento del número de presos durante el
período de ejecución de las obras. En su peor momento, la ocupación
superó el 200% en una veintena de cárceles.
Construir
cada plaza carcelaria cuesta al estado unos 120.000€. Una vez
inaugurada la macrocárcel, el gasto aproximado es de 36.000€
anuales. La mitad es beneficio directo para las empresas que
construyen y equipan los centros. De los otros 18.000€, 12.000 son
gastos de personal y 6.000€ son gastos corrientes y servicios
–beneficio indirecto.
Como
demuestra un estudio de impacto económico elaborado por la propia
SIEP en 2008, hay una forma de leer estos datos en tono positivo: una
macrocárcel con 1.000 celdas ocupa unas 35.000 hectáreas, genera
casi 700 puestos de trabajo directos y más de 17 millones en
sueldos. En sus dos de construcción se “crean” unos 850 empleos.
El estado paga a las constructoras más de 100 millones de euros por
centro, equivalentes a una urbanización de alto standing para 400
familias. Y luego hablamos de “lo que pagamos por cada preso”.
¡Como si fuesen los presos quienes se quedan ese dinero!
Durante
los años noventa y dos mil, los Planes de Construcción de
Macrocárceles enriquecieron a los de siempre, sacaron las prisiones
de la ciudad y alimentaron la especulación. Ahora que las vacas
flaquean, toca buscar “otros mercados”. Según manifiesta la
propia SIEP, su “experiencia acumulada” le permite “prestar
servicios de asesoramiento” a otras administraciones y “apoyar a
la industria española como socio tecnológico, en operaciones
internacionales de nuevas infraestructuras penitenciarias”.
Ya
en 1993, España firmó con el gobierno de Israel y cinco países
latinoamericanos sus primeros acuerdos para exportar tecnología
penitenciaria en beneficio de las constructoras españolas. En 2010,
FCC y el gobierno español negociaban con Panamá una licitación
valorada en 100 millones de dólares. Es solo un ejemplo.
Resumen:
maldita seguridad. Todo contra el pueblo, pero ‘por su bien’

Vivimos
y vamos a vivir tiempos recios, tiempos complicados, que van a
requerir de mano derecha, de mano izquierda, de saber ejercer
inteligentemente la autoridad… (J. Fdez. Díaz).

En
los capítulos anteriores vimos que las exposiciones de motivos de
las reformas penales en curso son auténticas “exposiciones de
malas excusas”, solo comparables a las mentiras cotidianas del
gobierno. No viene nada mal comparar lo que se dice con lo que se
hace y tener memoria suficiente para recordar cómo se suele gobernar
en el Reino de España. Así no nos sorprenderemos más de la cuenta
cada vez que el estado utiliza la excusa de la seguridad en contra de
las necesidades de la población. Para los “demócratas de toda la
vida”, criminalizar y amenazar son dos tentaciones irresistibles:

[…]
esos grupos, esa lideresa […] supuestamente, en defensa de los
desahucios,
yo creo que en realidad ahí hay intereses de otro tipo… bueno,
pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de
apoyos a grupos
filoetarras
o
proetarras
(Cristina Cifuentes).

La
iniciativa de tomar el Congreso el
25
de septiembre
,
tal como está formulada es claramente la antesala de un
golpe
de estado
(J.
Martínez Olmos, portavoz de Sanidad PSOE Congreso).

Cuando
la política desaparece […]:
o
aparece el populismo o aparecen los generales
,
con todo el cariño (M.D. Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha
y secretaria general del PP).

¡Tanto
Twitter y tanta opinión! Aquí lo que más llamativo es para esta
alcaldesa es que hay gente que viene a pedir
ayudas
al ayuntamiento social
para
comer
y resulta
que tienen una cuenta en el
Twitter.
Que sepa yo, eso
cuesta
dinero
, ¿no?
(T. Martínez, alcaldesa de Cádiz).

Yo
mantengo que puede haber casos puntuales de
desnutrición
y que esa
responsabilidad
corresponde a los
padres
(R. Hernando, portavoz adjunto PP en el Congreso).

También
hemos visto qué significa que el número de presos creciera un 750%
a medida que la democracia iba “madurando”, pero es igual de
interesante ver qué ha pasado desde 2010. Resulta que el número
máximo de presos se alcanzó justo en el mismo mes en que Zapatero
nos vendía a la Troika. Desde entonces: ¿quién se ha armado?
¿Cómo? ¿Para qué? ¿En qué gasta y en qué ahorra el estado?
Esta
es la evolución anual del presupuesto en Seguridad Ciudadana e
Instituciones Penitenciarias desde 2008:
2008
+9,30%
*
2009 –2,53%
*
2010 +2,56%
*
2011 –5,30%
*
2012 –0,56%
*
2013 –5,40%
Algunas
barbaridades (solo algunas) que ilustran esos números:
  •  En
    su Sentencia STC
    189/2012, de 29 de octubre de 2012
    ,
    el Tribunal Constitucional da por legítimo el descuento de la Junta
    de Andalucía a la manutención de un preso por percibir una pensión
    contributiva. Mientras se discute si la manutención de un preso es
    una prestación caritativa, una ayuda pública o un deber de la
    administración, la cuestión es que, de hecho, en las cárceles
    españolas ya hay presos que
    pagan
    por comer. 
  •  Otros
    dos buenos ejemplos son el debate sobre la supresión de la merienda
    (como “medida de ahorro”) para los presos/as en Catalunya o el
    coste de las comidas –que en Catalunya triplica al del resto de
    cárceles del estado.
  •  La
    reducción en la prestación de tratamientos contra la Hepatitis C es
    otro ejemplo especialmente sangrante.
  • Lo
    mismo ocurre con la incorporación progresiva de empresas de
    seguridad a la seguridad exterior de las cárceles. El ministerio de
    Interior empezó contratando esos servicios en 21 centros desde mayo
    de 2013, alegando que el personal privado trabajaría a las órdenes
    de la Guardia Civil y que en ningún caso supondrá la sustitución
    de policías y guardias civiles. Los sindicatos de prisiones exigen
    la paralización del plan y manifiestan su preocupación “por el
    deterioro del servicio público penitenciario”.
Al
menos 95 de los primeros 250 efectivos de seguridad privada
contratados son ex-escoltas y la principal adjudicataria de los
contratos es Ombuds, la empresa de seguridad que más dinero recibe
de Interior –unos 3 millones al año. Especializada en escoltas, su
administrador único es R. Cortina, sobrino de J.L. Cortina,
comandante del CESID implicado (y absuelto) en el golpe de estado del
23-F de 1981.
Solo
tres meses después, el ministro explicó que al acabar la
experiencia piloto se valoraría su continuidad y posible extensión
a otras cárceles. El anuncio de ese proceso se encuentra en el BOE
de 10.12.2012 y contempla seis áreas distintas para la prestación
de servicios de vigilancia en centros de internamiento y dependencias
de seguridad.
  • La
    CA andaluza cierra el servicio de orientación y asistencia
    jurídico-penitenciaria.
  •  Tanto
    la administración estatal como la catalana (competente en materia
    penitenciaria) detuvieron los planes de construcción de nuevas
    cárceles con la llegada de la crisis. El Plan de 2005-2012 contaba
    con 1.647 millones de euros para cumplir el programa electoral con
    18.000 nuevas plazas en 46 nuevos centros –11 Penitenciarios, 30 de
    Inserción Social y 5 Unidades de Madres. El Plan catalán de
    2004-2010 contaba con 6.500 nuevas plazas. La crisis paralizó ambos
    planes. Primero se apeló al déficit para frenarlos. Ahora el
    argumento es la reducción del encarcelamiento.
  • Pero
    la apuesta por el ahorro y la austeridad no son iguales en todos los
    escenarios. El 31.12.2011, justo después de la investidura de Rajoy
    como presidente del gobierno, el BOE publica un contrato de la
    Guardia Civil (publicado 6 meses atrás) para comprar gases
    lacrimógenos por 1.071.770€ y “artificios fumígenos” por
    416.799,60€. En Madrid, una nueva unidad (los “bronces”, Unidad
    de Prevención y Reacción del CNP, con 378 agentes) se suma a la
    represión de manifestaciones. Gases lacrimógenos, pelotas de goma
    proyectiles viscoelásticos paralizantes…
  • En
    Cataluña también se despliegan efectivos hollywoodienses como el
    del pasado 1 de mayo: 40 furgonetas, 100 agentes de paisano, 280 más
    armados con escopetas y máscaras de gas… 95.000€ para seguir a
    100 manifestantes durante dos horas.
  • En
    agosto de 2013, el BOE recogía una nueva previsión de gasto en
    gases lacrimógenos y botes de humo para la Guardia Civil por
    1.454.000€. Más de 3 millones en apenas dos años, a los que sumar
    los 322.949€ del Ministerio de Defensa para “equipamiento táctico
    de control de masas” –equipos antidisturbios. Las previsiones del
    presupuesto a 5 años se disparan de 759.330€ a 10 millones, un
    aumento del 1.780% que contrasta con el anuncio de recortes en
    plantilla. La modernización del material incluye chalecos antibalas,
    gases lacrimógenos, porras, escudos, pelotas de goma…
  •  La
    Generalitat anunció el pasado mes de junio que los Mossos d’Esquadra
    dispondrían de un camión policial equipado con cañones de agua y
    un alcance de hasta 60 metros para dispersar a los manifestantes.
  • El
    gobierno central anunció en el BOE de 16.12.2013 la “adquisición
    de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino
    a la Dirección General de la Policía” –expediente 001/14/AU/02.
¿Contra
qué luchamos? ¿Contra qué injusticia y contra qué leyes? ¿Para
qué?
La
cuestión del delito, la noción de delincuencia, el estereotipo del
delincuente… La ensalada de demagogia que nos venden solo sirve
para seguir legitimando la represión en lugar de buscar una vida en
paz con justicia social para todos y todas. Mientras la cárcel siga
llena de pobres, los presos seguirán siendo, en su inmensa mayoría,
presos políticos. Porque el problema que les acaba encerrando con la
excusa de la “seguridad” es una cuestión política y porque el
cambio de sistema que podría mejorar nuestra verdadera seguridad
también lo es. La solución no está aún en nuestras manos, pero sí
la voluntad de encontrarla. La historia nos muestra que no tenemos
otra opción. El problema de los grandes criminales en el poder es
mucho mayor que el de la “delincuencia común” en la calle. El
segundo no se resuelve sin el primero. Se trata de trabajar por la
seguridad de todos y todas, resistiendo a la auténtica fuente de
nuestra inseguridad: esa casta obsesionada por concentrar riqueza
saqueando recursos y aboliendo derechos. Su proyecto pasa por seguir
produciendo miseria para la mayoría y controlando la respuesta de
los agredidos. El nuestro pone la justicia como condición para una
vida en paz y con verdadera seguridad para todos. Es así de
sencillo: la guerra de clases existe, pero los mismos que nos la
hacen nos prohíben siquiera pensar en ella. Y el maldito sistema
penal, dentro y fuera de los muros, con rejas, con porras, con multas
o con propaganda politiquera, es un instrumento fundamental de sus
políticas.
Necesitamos
vencer ese miedo y dejar de ser una masa de individuos solitarios
tratando de salvar su propio trasero. NOS necesitamos, si queremos
volver a llamarnos Pueblo.
DJF
– enero de 2014

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