Sobre Ley Mordaza, represiones y derecho a la protesta.

La CGT organiza una charla mañana Jueves, 26 de Junio, a las 19 h. en la Sala Venecia, Calle LaSierra Purroy Nº 8-10 (Torrero) una charla sobre la Ley Mordaza en la que participará Ismael, una de las personas detenida durante varias semanas, después de la multitudinaria Manifestación en Madrid, del 22 de Marzo, así como familiares de Miguel, otra de las personas detenidas en la misma Manifestación, Damián Caballero, de la Red Antirrepresión e Integrantes de la Plataforma Detenidos 22M.
También, aprovechamos para difundir un informe Amnistía Internacional, titulado El derecho a la protesta amenazado, centrado en España y muy reciente en los datos que aporta acerca de la manera en que el Gobierno quiere acabar con la protesta social, en un momento de crisis. 
Por otro lado, el número de Junio de Rojo y Negro publica un artículo titulado Violencia y represión institucional que recoge una buena recopilación de los diferentes zarpazos que va dando la política represiva del Gobierno, en sus expresiones más llamativas:
Violencia y represión
institucional
La espiral de violencia y represión por parte
de los organismos del Estado, se ha ido incrementando en los tres últimos años.
Si bien es cierto que la
Institución del Estado nace con el fin principal de proteger
los intereses y privilegios de los poderosos (tal y como demuestra la historia
de la Humanidad)
es en estos últimos años cuando la ciudadanía responde. Como consecuencia del
brutal ataque a los derechos sociales y laborales por parte de las élites
dominantes (que tratan de acabar con los avances conseguidos, con mucho
sufrimiento, por la clase trabajadora a lo largo del último siglo), la
ciudadanía responde generalizando la protesta, autoorganizando, de manera
horizontal y descentralizada, la resistencia, organizándose al margen de las
estructuras tradicionales de los partidos y sindicatos que sostienen el sistema
y provocando que el poder se defienda con el endurecimiento de su aparato
represor. 
El Estado se despoja de su careta
seudodemocrática y se salta sus propias leyes o promulga toda una nueva serie
de normas y reglamentos para defenderse de la protesta y de la rebelión de las
personas oprimidas que les reclaman, cada vez con más fuerza, que se vayan.
Voy a enumerar los numerosos casos de abusos,
detenciones arbitrarias y encarcelaciones sin fundamento que se están
produciendo en el Estado español y a los que desde la solidaridad y el apoyo
mutuo que caracterizan al movimiento libertario, tenemos que dar respuesta.
Como consecuencia de una performance el día de
la HG, en la
puerta de la Bolsa
de Barcelona, en la que se quemaron copias de billetes, fue detenida y
encarcelada nuestra compañera Laura Gómez, del sindicato de Transportes de Barcelona, actualmente en libertad y
pendiente de juicio. En la misma causa que Laura, se encuentra nuestra
compañera Eva Sánchez del sindicato de A. Públicas de Barcelona, a ambas, la
fiscalía les pide penas de cárcel, el proceso sigue en curso.
Cuatro Caminos, Cuenca, dos
personas
son detenidas en una manifestación en
solidaridad con las detenidas/os del 29M. La fiscalía pide en total penas de 7
años y medio por atentado a la autoridad y daños al autobús (que arremetió y
atropelló a los manifestantes) y multa de 15.000 euros.
Carmen y Carlos, activistas del 15M de Granada, fueron condenados por un juzgado de
primera instancia a tres años y un día de prisión por participar en el piquete
informativo del 15M en la
Huelga General del 29 de marzo del 2012, acusados de un
delito de “atentado contra el derecho al trabajo”.
La sentencia se recurrió a la Audiencia provincial de
Granada que ha desestimado el recurso interpuesto por Carlos y Carmen. Es
decir, Carlos y Carmen entran en prisión por defender los derechos de las
personas trabajadoras, con una sentencia que les condenó precisamente por un
delito “contra el derecho de los trabajadores” ¡Qué paradoja tan
macabra! El sistema castiga y reprime a quien lucha por los derechos de todas y
todos.
En septiembre de 2012, Víctor Tormo participó en un
piquete en la
Universidad Jaume I (UJI) de Castellón, contra los recortes
en educación, aprovechando la presencia de Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana.
La protesta estudiantil se saldó con la retención y detención de más de veinte
personas. En respuesta a dicha actuación policial desmesurada se convocó, por
el Consell de l’Estudiantat de la
UJI, una manifestación antirrepresiva al día siguiente. La
manifestación transcurrió sin incidentes y de forma pacífica.
Una vez finalizada la manifestación, y
mientras la mayoría de los y las manifestantes que habían participado en la
misma se encontraban en las terrazas de la plaza de la Muralla Liberal de
Castellón, un grupo de policías nacionales de paisano, y sin identificarse en
ningún momento como policías, realizaron identificaciones de forma masiva e
indiscriminada.
Víctor, considerando que se trataba de una
actuación policial antirreglamentaria, con el único fin de denunciar una
actuación que entendía era arbitraria y de abuso de poder, nuestro compañero
subió una foto al facebook en la que informaba que individuos con pinta de
policía secreta estaban intimidando a jóvenes en las terrazas como medio de
acallar las protestas ciudadanas.
Transcurrida una semana, fue detenido y
acusado de un presunto delito de revelación de secretos.
La
Fiscalía, el pasado 20 de enero,
solicitó el archivo de la causa al considerar que no existe delito y que ser
policía no es un secreto, sin embargo la acusación particular de ocho policías
nacionales, personados en la causa como “perjudicados” recurrieron
el archivo y solicitan 3 años de prisión y más de 16.000 euros de
indemnización.
Los compañeros Pedro Duque y Juan Antonio
Soler, junto con cuatro extrabajadoras
de la
empresa Expert Polymere de L’Arboç, deben afrontar un proceso judicial fruto de
una carga policial a todas luces desmesurada, durante el conflicto en el año
2004 por el cierre de la mencionada fábrica. La Guardia Civil entró
en el recinto de la fábrica y cargó de forma injustificada contra la
asamblea/concentración que se estaba llevando a cabo, hiriendo a varias
trabajadoras entre ellas 5 de los/as 6 imputados/as y deteniendo al compañero
Pedro Duque, en lo que denominamos CASO EXPERT.
La instrucción de este caso comenzó en el año
2004 y 10 años después no ha prescrito, por sufrir el proceso varias
paralizaciones, los compañeros y compañeras imputadas se enfrentan a peticiones
de penas de 3 años y 3 meses de cárcel para cinco de ellos/as y de 4 años y 6
meses de cárcel para el compañero Pedro Duque.
Las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo
han supuesto para dos personas el inicio de un calvario. Miguel, de 20 años, e Ismael, de 18, dos
jóvenes de Carabanchel y Valdemoro respectivamente, se encuentran a día de hoy
en prisión preventiva acusados de agredir a la policía durante los sucesos que
tuvieron lugar tras la multitudinaria manifestación.
Miguel, trabajador de 20 años que vive en
Carabanchel junto a su familia, fue detenido el mismo día 22 de marzo, acusado
por un policía de paisano de autoinculparse en la calle de haber agredido a la
policía. Fue acusado primero de intento de homicidio, aunque la acusación se
rebajó después a lesiones. Miguel se encuentra en la prisión de Alcalá-Meco, en
la que lleva encerrado más de dos meses y donde el pasado 25 de abril cumplió
21 años.
En la posterior Operación Puma 70, del día 4
de abril, fue detenido Ismael, vecino de Valdemoro de 18 años y trabajador de
un centro de la tercera edad. También le acusan de agredir a la policía. Ésta
asegura haberle identificado mediante los vídeos del momento y la
“colaboración ciudadana”.
En el juicio se produjeron varias
incongruencias, ya que, de los diez policías que supuestamente observaron a
Isma cometiendo los actos de los que se le acusa, nueve no consiguieron
identificarle en la rueda de reconocimiento”. El equipo jurídico de las
Marchas 22M y otros colectivos como Madres contra la Represión denuncian
estas detenciones como parte de una estrategia del Gobierno para estigmatizar
este tipo de protestas.
Por otra parte, estamos asistiendo a los
ejemplos de dignidad de un pueblo que no se resigna a ser mero espectador del
la arbitrariedad y el abuso de poder, ejemplos como el de Gamonal y más recientemente la reacción admirable de los vecinos y vecinas del
barrio barcelonés de Sants, que han salido a la calle a defender el Centro
Social de Can Vies, que es su Centro Social,
ante el desalojo y el derribo, son un ejemplo de cómo la lucha y la
organización de la clase trabajadora puede hacer frente a los ataques de este
sistema miserable.
Esta es una miscelánea de los innumerables
casos de detenciones arbitrarias con las que el poder pretende asustarnos y
desmovilizarnos, para poder proseguir con sus políticas de expolio, sus
chanchullos y sus negocietes, para lo que necesitan una población sumisa y
temerosa que acate y calle. Nosotras y nosotros, hombres y mujeres de la CGT y del movimiento
libertario que entendemos la solidaridad y el apoyo mutuo como algo
consustancial a nuestros ideales, seguiremos luchando, apoyando y defendiendo a
las y los compañeros/as represaliados y represaliadas por luchar codo con codo
con todas las personas y colectivos que defienden, sin miedo, la dignidad de
este pueblo.
Irene de la Cuerda. Rojo y Negro
junio 2014.

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