Contra la actitud despótica y dictatorial del Delegado del Gobierno.

En los últimos días, una serie de hechos han vuelto a poner de manifiesto la falta de derechos que vivimos en nuestra socciedad.  La situación de crisis económica pagada por quienes menos responsabilidad tienen en la misma genera una conflictividad social permanente que sólo es respondida por medio de la fuerza de la represión hacia las personas y colectivos que protestan y llaman la atención acerca de las injusticias sociales que estamos viviendo.  Así, mientras los portavoces oficiales se esfuerzan en hacernos creer que estamos saliendo de la crisis y que todo se va a arreglar, se acumulan las noticias en cuanto a represión penal y administrativa de los Derechos Fundamentales a la huelga, la libertad de expresión y de reunión.  Gustavo Alcalde, nuestro Delegado del Gobierno ha hecho su contribución a esta estrategia:

El Lunes, un grupo de policías nacionales perturbaba el normal desarrollo de la Concentración en recuerdo a Gustavo http://arainfo.org/2014/07/stop-desahucios-recuerda-gustavo-al-grito-de-son-suicidios-son-asesinatos/
El Jueves hemos sabido que hasta 40 personas han sido denunciadas por la participación en una protesta durante la huelga de jardineros, el pasado 1 de Mayo.
También esta semana hemos sabido que la obsesión represiva contra Antonio Aramayona y la maquinaria administrativa dirigida por Gustavo Alcalde no perdonan y se preocupan de embargar la pensión de una persona sólo por el mantenimiento de una protesta pacífica y noviolenta en favor de la educación pública.
Desde el grupo por los Derechos Civiles 15-M Zaragoza ya expresamos nuestra opinión sobre Gustavo Alcalde, en Enero, cuando aquella exhibición de fuerza en la calle, tan inútil como exagerada, para reprimir derechos fundamentales cuando se quería recordar que el pueblo del barrio de Gamonal (Burgos) estaba obteniendo una victoria sobre la especulación y la corrupción institucionalizada.  http://derechoscivileszgz.blogspot.com.es/2014/01/carta-abierta-don-gustavo-alcalde-y-sus.html Allí ya se demostró que las actuaciones del Delegado del Gobierno no están motivadas por la defensa de los derechos y del bien común sino que pesa muchísimo más la defensa de su partido y su propio cargo y por eso sigue actuando de la misma manera.  Por eso, recordamos, como decíamos en aquel comunicado:
“1/
Las concentraciones o
movilizaciones “ilegales” no existen
.
El trámite administrativo de la comunicación de una convocatoria no
se vincula sino al derecho fundamental de libre reunión y
manifestación. Lo demás es secundario, por mucho que algunos sólo
sepan hablar de “desorden, vandalismo y caos” para justificar sus
ansias antidemocráticas criminalizando a discreción.
2/
El Delegado del Gobierno no ha leído la Constitución Española (que
reconoce el derecho de reunión sin autorización previa), ni falta
que le hace. Y si lo ha hecho, su lectura es muy rara. Recibida
comunicación, la autoridad sólo puede prohibir una convocatoria
cuando existan “razones fundadas de alteración del orden público,
con peligro para personas o bienes”. Según
la casta a la que pertenece el Delegado, todo lo que no sea callar,
tragar y obedecer es una “razón fundada de alteración del orden”
.
Para las “gentes de orden”, cualquier hecho espontáneo que
ocurre en la calle puede convertirse en una de esas “razones
fundadas”. Su insistencia en calificar como “ilegal” lo que le
molesta no es la más democrática de las actitudes esperables en
quien “representa y protege a la ciudadanía”.”  
En aquel momento, hablamos de actitud  despótica y dictatorial y los hechos de estos días, nos confirman esa valoración.  Lamentamos que, como tantos otros cargos públicos, el Delegado del Gobierno siga actuando de forma prepotente y soberbia, incapaz de rectificar y simplemente apuntarse al carro de la propaganda que desarrolla el Gobierno al que pertenece.
Exigimos el archivo de los expedientes abiertos contra quienes participaron en la protesta del pasado 1 de Mayo, en la Calle Don Jaime I,  con motivo de la huelga de jardineros, así como el cese del acoso a Antonio Aramayona por su protesta en favor de la educación pública y finalizar con el hostigamiento permanente por vía judicial y administrativa contra quienes protestan y ejercen sus derechos fundamentales, en un momento en el que, más que nunca, es necesario ejercitar estos derechos de forma permanente. 

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