Burorrepresión: la criminalización de la protesta ciudadana. 26 de Mayo, otro capítulo.

 

NUEVO RECURSO CONTRA LA IMPUNIDAD Y EL AUTORITARISMO

El próximo día 26 de
Mayo se celebrará el juicio Contencioso Administrativo interpuesto
contra el Delegado del Gobierno en Aragón por una multa impuesta a
Julio C., identificado en la Sentada por los Derechos Civiles que
tuvo lugar en el Paseo María Agustín (frente a la Diputación
General de Aragón) el pasado mes de Mayo de 2012 en las Jornadas
12M15M.  Tendrá lugar a las 10’15 h.en la Sala 23 del Edificio Vidal de Canellas, de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Con motivo del 1º
Aniversario del 15M, se llevó a cabo una serie de acciones
reivindicativas inspiradas en la desobediencia civil y la defensa de
los derechos humanos, recordando que las personas no son mercancías
en manos de banqueros. Más de un centenar de personas se reunieron
en ese lugar para reclamar que la ocupación de las calles, el
bloqueo a los intentos de desahucio y otras formas de resistencia son
formas dignas y legítimas de protesta. Durante 5 minutos se cortó
el tráfico en la calzada del paseo. Una representación teatral en
la zona peatonal frente al Edificio Pignatelli y una marcha hasta la
plaza del Pilar pusieron fin a la protesta. Todo el acto fue
presidido por la convicción de que la creación de leyes más
injustas legitima la desobediencia a las mismas.
Casi todas las personas
asistentes al acto fueron identificadas por la Policía y muchos de
los expedientes sancionadores han acabado en multas firmes. En este
caso concreto se denuncia desórdenes graves en la vía pública. La
sanción impuesta y recurrida ascendió a 302 euros.
Como Derechos Civiles
15M de Zaragoza viene denunciando, estas sanciones forman parte del
intento de este Gobierno (representado en la persona de Gustavo
Alcalde, Delegado del Gobierno en Aragón) por acallar la protesta
social mediante sanciones económicas que buscan la muerte social de
las personas que se manifiestan en contra del actual sistema y de la
forma en que se está resolviendo la crisis económica en perjuicio
de amplios sectores sociales. Llevando el caso ante un Tribunal se
intenta romper el cerco administrativo impuesto a cualquier forma de
protesta o disidencia social. Ese cerco convierte a la Policía y al
Gobierno en juez y parte interesada en castigar el ejercicio de
derechos fundamentales a la libertad de expresión, manifestación y
asociación. Hoy más que nunca, esos derechos están siendo
ejercidos con total libertad y responsabilidad por las muchas
personas que hemos descubierto que esta crisis no es más que una
estafa que está pagando quien tiene menos.
Se da la circunstancia
de que la persona denunciada, pese a haberse identificado con su
D.N.I. ante el agente de la Policía Nacional que se lo requirió, no
recibió en su domicilio ni notificación del inicio del expediente
ni propuesta de resolución, porque el agente no anotó la dirección.
Muchas semanas después, por casualidad, tuvo conocimiento de la
existencia del Expediente Sancionador por la publicación del mismo
en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta actuación irregular por
parte de la Delegación del Gobierno puede interpretarse como un
abuso de autoridad más, porque impidió que el denunciado ejerciera
su derecho a la presentación de alegaciones en los plazos previstos
y sólo pudo presentar recurso de alzada, desestimado (por supuesto)
por un Ministerio del Interior que, como explicamos arriba, se
convierte en juez y parte. Cabe pensar, además, que los agentes
implicados y la propia Delegación del Gobierno recurrieran a
ficheros ilegales, listas de personas que participan habitualmente en
movilizaciones sociales en las que el denunciado podría aparecer
desde hace años. Quienes tramitaron el Expediente Sancionador no
tuvieron en cuenta que, tal y como constaba en su D.N.I., la persona
en cuestión había cambiado de dirección. En este caso, bien parece
que la información sobre Julio C. en esos listados ilegales no había
sido “actualizada”.
Más allá de la
cuantía de la multa impuesta, el recurso no deja de ser un intento
por romper la impunidad y el autoritarismo de un Gobierno que utiliza
las fuerzas de seguridad del Estado a favor del proyecto político
representado por el Partido Popular. Ese parece ser su único
argumento para resolver el conflicto social provocado.
El Grupo por los
Derechos Civiles 15M apoya la presentación de este recurso y
recuerda que, en Madrid, la Comisión LegalSol ya ha promovido la
presentación de este tipo de recursos obteniendo varias respuestas
positivas por parte de los Tribunales. La más reciente ha sido la
anulación de una multa de 200 euros por la participación en el
escrache a la Vicepresidenta del Gobierno:
Sabemos que todos los
días se ejerce la burorrepresión para criminalizar la protesta.
Sabemos que las actuaciones policiales son arbitrarias y mostramos
nuestra repulsa a la coerción que sufrimos. Otra vez, alguien
agotará las vías legales no se quedará callado. Aunque no
conozcamos cuál será el dictamen del Tribunal, sabemos que la
actuación fue legítima y que su sanción es injusta.
Aprovechando la
ocasión, exigimos el archivo de los expedientes sancionadores y de
todas las causas abiertas iniciadas contra personas que participan en
movilizaciones sociales de todo tipo.
Recordamos
especialmente a las personas procesadas  por participar en
una manifestación antifascista el pasado 28 de Febrero y exigimos el inmediato archivo de las causas abiertas.
La Asamblea 15 M de
Huesca ha difundido recientemente la situación de miembros de la
Plataforma Cívica de Binéfar y de otros activistas del Movimiento
Antidesahucios en Huesca, sancionados por participar en
movilizaciones sociales, a los que también mostramos nuestro apoyo.
Derechos Civiles 15M
Zaragoza

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