Expulsión expres en Aragón. Actualización con la nota de prensa del Área Social del Centro Pignatelli.

NOTA
DE PRENSA
Abdul
vino a España hace 20 años, – cuando tenía 19-. Entró en nuestro
país con toda la documentación en regla. Vino ilusionado y lleno de
esperanza, en búsqueda de una vida digna, un futuro para él y su
familia. Con mucho esfuerzo, aprendió nuestro idioma, nuestras
costumbres, trabajó en el campo, se insertó en nuestra sociedad y,
de esta manera, consiguió la tarjeta de residencia permanente.
Cometió
un error y entró en prisión. Pagó hasta el último día de su
condena, incluida la correspondiente por responsabilidad civil.
Rehace su vida, forma una familia y encuentra trabajo a jornada
completa en una empresa de inserción laboral en donde están muy
satisfechos con él y desempeña ocupaciones de responsabilidad. La
reinserción es uno de los pilares de nuestro sistema penal y hay
numerosas instituciones en nuestro país dedicadas a esta tarea.
El
caso es que, por tener antecedentes, al salir de prisión se le
cancela la residencia permanente y se decreta la expulsión del
territorio español. Todo esto es instado por la policía de Zaragoza
y acordado por la Subdelegación de Gobierno en Zaragoza. Dicha
expulsión se ejecuta sin previo aviso y de forma súbita un año
después, deteniéndole en su lugar de trabajo y trasladándole a
comisaría. En 48 horas, sin asistencia letrada al detenido y sin
poder despedirse de su familia, Abdul es expulsado a Marruecos.
Desde
el Área Social del Centro Pignatelli (Jesuitas Zaragoza),
lamentamos:
  • Que
    se dicte orden de expulsión a ciudadanos con residencia permanente
    sin valorar el extraordinario arraigo en nuestro país y el proceso
    de reinserción seguido en casos como el de Abdul;
  • La
    forma de ejecución súbita, siendo detenido en su puesto de trabajo
    (donde es tremendamente valorado), delante de clientes; sin poder
    despedirse de su familia (su hija piensa que le ha abandonado), ni
    contar con la preceptiva asistencia letrada.
Esta
lacerante situación atenta gravemente contra los derechos humanos de
las personas extranjeras. El reciente Informe del Servicio Jesuita a
Migrantes CIE
y Expulsiones Exprés

(http://www.sjme.org/sjme/item/794-cie-y-expulsiones-expres)
alerta del aumento en los últimos años de estas formas de expulsión
que no cumplen con las debidas garantías legales y que tan
aflictivas resultan para los ciudadanos extranjeros. Así mismo, pide
una valoración de las circunstancias sobrevenidas antes de proceder
a ejecutar órdenes de expulsión y recuerda la necesidad de que los
detenidos cuenten con asistencia letrada. En el mismo sentido, el
Consejo General de la Abogacía Española afirma que es preciso que
en un estado que se proclama como democrático y de derecho no se
produzcan privaciones de libertad sin asistencia de abogado, ni de
control judicial. Y para ello ha elaborado un protocolo de actuación
dirigido a los Colegios de Abogados recordando que una vez conocida
la situación de detención de una persona extranjera para su
repatriación se deberá designar a un letrado del Turno de Oficio
quien deberá llevar a cabo una serie de actuaciones mínimas que se
detallan minuciosamente en el Protocolo
de actuación en las denominadas expulsiones exprés

(http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2015/05/ExpExpresF.pdf)

 

 

 

 

 

 

Incidencia ante expusiones ilegales.

 
https://incidenciapolitica.wordpress.com/incidencia-ante-expulsiones-ilegales/

Se nos escapan diariamente historias dolorosas de muchas personas
“invisibles” a los ojos de nuestra sociedad, tan ocupada en hacer leyes,
no siempre justas. Leyes que destrozan familias y matan los sueños de
volver a empezar, una vez más, el camino de una reinserción e
integración en nuestra sociedad.

Llevo catorce años entrando en prisión. La palabra más repetida es
REINSERCIÓN. Muchas personas y colectivos nos apuntamos a esta hermosa
tarea de acompañar procesos de reinserción. Un duro trabajo para las
personas que apuestan por empezar de cero y ponen toda su energía en el
intento. Pero las leyes, la sociedad y los gobernantes matan los sueños
de los pobres, de aquellos que no cuentan, de aquellos que pagan sus
errores hasta el último día, pero que una vez cumplidas sus condenas se
les vuelve a juzgar y no son bien vistos, no son dignos de vivir con el
resto de los ciudadanos… y sufren una EXPULSIÓN EXPRÉS que les echa de
nuestro país en unas pocas horas. No importa la vida que hayan empezado a
construir, la familia, los hijos, la situación emocional de los menores
que se sienten abandonados, las condiciones económicas en las que queda
la estructura familiar … eso no importa.

ABDUL es un hombre al que acompaño desde hace muchos años y que fue
expulsado de nuestra tierra, Aragón, el pasado 29 de mayo de 2015.

Abdul, vino a España con 19 años (hoy tiene 39). Entró en nuestro
país de forma “legal”, es decir, con toda la documentación en regla.
Vino porque soñaba con una vida mejor, porque decidió apostar por una
vida más digna para él y para los suyos. Trabajó en el campo, se insertó
en la sociedad, consiguió la tarjeta de residencia permanente y
aprendió nuestro idioma y nuestras costumbres…”un buen chico”, decían en
su lugar de residencia.

Pero un día cometió un error y entró en prisión. Pagó hasta el último
día de su condena y la responsabilidad civil que se le impuso. Y al
salir, soñó que era posible empezar de cero, volver a intentarlo, puso
todo su empeño en ello y ¡LO CONSIGUIÓ!:

  • Formó una familia, se responsabilizó de la niña su pareja, ejerció
    como padre responsable en la educación de la niña y mostró siempre un
    cariño y ternura especial con esta niña que le regaló la posibilidad de
    expresar su capacidad de amar.
  • Consiguieron una vivienda digna, que con mucho esfuerzo han mantenido hasta el día de hoy.
  • Y encontró un trabajo a jornada completa en una empresa de
    inserción. Una empresa que ha vivido como si fuera suya en implicación,
    responsabilidad y buen hacer. Ha sido hombre de confianza de la empresa:
    manejo de caja, dependiente, con un trato ejemplar con los clientes,
    responsable de almacén. Un hombre responsable en su trabajo y
    disfrutando de lo que la vida le estaba concediendo. Y la a empresa de inserción laboral apoya totalmente su estancia.

Hasta que en agosto de 2014, la policía le detuvo y dictaron una
ORDEN DE EXPULSIÓN. Se inicia con ello un duro trabajo legal que termina
en un juicio en el que se mantiene la orden de expulsión. Abdul apela
al Tribunal Superior de Justicia, que acepta a trámite la apelación y
nos mantenemos a la espera de la resolución. Como seguimos apostando por
el trabajador, volvemos a renovar su contrato de trabajo, con
indicaciones del abogado de que en este tiempo de espera, hasta que se
resuelva la apelación, puede trabajar.

Pero el pasado 27 de mayo, su vida se truncó. La policía se
presentó en el lugar de trabajo y se lo llevó detenido delante de
clientas y empleados. Nadie se puso en contacto con su esposa, ni le
notificó en que comisaría permanecía detenido. Nadie le informó de su
situación ni de su expulsión inminente. No fue atendido por ningún
letrado, ni letrados de guardia ni su propio abogado. No se le permitió
despedirse de su esposa. Y en menos de 48 horas, desde comisaría, Abdul
fue expulsado a Marruecos.
Ni el recurso pendiente de
resolución ni su extraordinario arraigo familiar, laboral y social
fueron valorados ni tenidos en cuenta.

20 años en España, una familia, un sueño, un futuro y todo el empeño
de las personas que creemos que la reinserción es posible, que las
personas tienen capacidad de cambio, que volver a empezar es posible… SE
LOS LLEVÓ LA LEY DE EXTRANJERÍA.

El rostro de Abdul pone rostro a miles de personas que ya no pasan
por los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) sino que son
víctimas de una expulsión exprés, inmediata, en silencio, invisible,
pero real, tan real, como el súbito traslado de nuestro amigo Abdul a
Marruecos en furgón policial hace unos días.

Mari Carmen Ferrero

Religiosa de la Caridad de Santa Ana

1 de junio 2015

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