EL JUICIO HA SIDO SUSPENDIDO HASTA EL PRÓXIMO 17 DE JULIO.

Relatos:

A finales del año 2015, caminaba por el Rastro de Zaragoza, en la mañana de un Domingo.  Fui detenido, a eso de las 10 h., por la Policía Local y trasladado a la Comisaría del ACTUR, donde permaneció hasta las 20 h.  Me quitaron las cosas que llevaba recogidas en una sábana y también, 65 euros porque procedían, según la Policía, de la venta ilegal, cosa que no es cierta.

El próximo 3 de Mayo de este año, esta persona será juzgada por un delito contra la propiedad industrial por el Juzgado de lo Penal, nº 6 de Zaragoza. El Juicio tendrá lugar en esa fecha, a las 9’30 h. en la Sala 13 de la Ciudad de la Justicia, en el Edificio Fueros de Aragón.

Apoyamos a estas personas y denunciamos públicamente su situación porque el llamado delito contra la propiedad industrial es una forma legalizada de reprimir la pobreza, de criminalizar a aquellas personas que sólo buscan un medio de supervivencia.  Contribuimos con la difusión de la realidad de estas personas a la denuncia colectiva de estos abusos.

La inclusión de este delito en el artículo 274 del Código Penal pone en riesgo la vida de las personas migrantes que pueden ser condenadas a penas de cárcel o multas que nunca podrán pagar.  Esas penas, además, pueden convertir en imposible la renovación de sus permisos de residencias y acabar con cualquier proyecto de vida que puedan haber emprendido aquí.

Por otro lado es una muestra más de racismo institucionalizado: las fuerzas de seguridad del Estado dedican personal y recursos a perseguir a estas personas, actuando con impunidad, aprovechándose de las dificultades de idioma y la precariedad en la que se desenvuelven sus vidas.

Los gobiernos consienten esa criminalización permanente y permiten, como en tantas otras realidades, que muchas personas sigan viviendo en la precariedad y la exclusión.

Afirmamos la dignidad de estas personas y su derecho a resistir frente a la violencia institucional que suponen juicios como estos que contamos aquí que son una expresión legal de la vigencia del racismo, de la desigualdad y de la exclusión.

Exigimos la absolución de estas personas y que cesen las identificaciones y persecuciones a las personas que viven de la venta ambulante.  Sobrevivir no es delito es un lema que hay que hacer realidad ya, como primer paso para alcanzar la igualdad y la dignidad de todas las personas.

Recordamos que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados apoyó el pasado 4 de Abril  una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a iniciar  una modificación del Código Penal para regresar a la situación anterior a 2015, cuando la venta ambulante estaba penalizada con una multa administrativa y no con la cárcel, como ocurre actualmente tras la reforma del PP.
El día anterior, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) ha organizado una Charla Informativa sobre Cuestiones de Extranjería, el Martes, 2 de Mayo a las 19 h. en la Asociación de Vecinos Lanuza, Calle San Pablo, nº 23,

con Virginia Muñoz Chueca, abogada especialista en temas de Extranjería y José Rodríguez, especialista en temas de Extranjería. 

El 3 de Mayo, a las 9 h., acude a la Sala 13 de la Ciudad de la Justicia para expresar tu apoyo al compañero que será  juzgado por venta ambulante y exigir su absolución. ¡Sobrevivir no es delito!

Derechos Civiles, AISA y todas las personas que están contra el racismo y por la dignidad  os invitamos a acudir al juicio del compañero citado antes, desde las 9 de la mañana estaremos allí para exigir su absolución porque SOBREVIVIR NO ES DELITO.

 

 

 

 

 

 

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