EN NOMBRE DEL GRUPO DDCC15MZGZ
Y DESPUÉS DE UN AÑO DE CAMPAÑA “JUSTICIA PARA MIGUEL ÁNGEL”:
– No entramos a valoraciones jurídicas sobre el proceso. Queremos hacer un simple relato de los dichos y los hechos. No estamos aquí para hablar de “delincuentes” o “no delincuentes”, sino del funcionamiento de un sistema criminal.
– Con ello planteamos un problema general, político, sistémico, que se resuelve políticamente. Para nosotras, el sistema penal y su funcionamiento es una parte de ese problema y no una solución.
TRAS 18 CONCENTRACIONES y UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO DE LA QUE ESTAMOS ORGULLOSOS Y ORGULLOSAS, TRAS AGRADECER Y FELICITAR A LA FAMILIA POR SU FIRMEZA, SU ENTEREZA Y SU SENTIDO DE LA DIGNIDAD (esa palabra tan delicada), TRAS TODO LO HECHO, SACAMOS VARIAS CONCLUSIONES, APRENDIZAJES Y MOTIVOS PARA CONTINUAR EL TRABAJO DE DENUNCIA.
– La seguridad es seguridad social de todos y todas. Techo, comida, salud, educación. El discurso de la “seguridad” y su herramienta policial es solo la muestra de que la inseguridad social se enfrenta con seguridad penal, y eso significa hacer la guerra a los pobres.
– La represión que nos mueve cuando tocan a un “compañer@” no nos mueve cuando la víctima es un cualquiera, presentado por la prensa como “enemig@ de la sociedad”, como alguien que “no es ciudadan@”, como un “pobre malo”.
– Y no es cuestión de pobres “mal@s” ni “buen@s”, de lo que estamos hablando aquí es de qué “orden” defienden quienes “defienden” el orden y qué ley cumplen quienes “aplican la ley”. Y en consecuencia, de qué puede entenderse como “natural” desde el sentido común, y qué no (la palabra “natural”, mucho antes que “legal” o “ilegal”, suele ser la más importante en este caso y en la mayoría de los que implican una muerte bajo custodia).
– Miguel Ángel Fernández, vecino del barrio de Torrero, fue detenido por agentes de la Policía Nacional sobre las 16:00h del 4 de abril de 2016. Ingresó en la comisaría de la Avenida Valencia. Fue atendido por el 061 y trasladado 6 veces a tres hospitales distintos. Al cabo de 29 horas, salió muerto de la comisaría de Ranillas. Según el examen forense, Miguel Ángel había pasado entre 6 y 9 horas muerto en el calabozo. Los agentes de la comisaría del Actur afirmaron que creían que “seguía durmiendo”, aunque habían trasladado a los compañeros de calabozo, testigos del suceso, cuando Miguel Ángel ya llevaba entre 1 y 3 horas muerto. Sin necesidad de hurgar en hipótesis ni apuntar suspicacia alguna, los indicios de negligencia en la actuación de los servicios de salud y los funcionarios a cargo de la custodia claman al cielo, pero no parece ser esa práctica tan “natural” lo que ocupa a sus señorías.
– El atestado policial alega que, al ingresar en la comisaría de Delicias, el detenido se autolesionó golpeando con su cabeza las paredes del “cuarto preventivo de seguridad”. Su compañero de calabozo ha declarado ante el juez que los agentes golpearon a Miguel Ángel para reducirle. Será su palabra de “delincuente” contra la de los respetados agentes, porque el muerto ya no puede hablar. Además, curiosamente, aunque no se trata de un hecho extraordinario (que se lo pregunten a cualquier abogada o defensora de derechos humanos con la mínima experiencia), el sistema informático de las instalaciones “perdió” 14 minutos de la videograbación del ingreso en
comisaría y la calidad de las imágenes disponibles es muy precaria.
– Según la declaración de su compañero de celda, Miguel Ángel “estaba nervioso” y pedía ver a un médico. Pues no le vio un médico sino siete. En menos de 24 horas fue visitado por el 061 y trasladado 6 veces a los hospitales
Miguel Servet, Clínico y Provincial. En esas mismas horas le fueron administrados estos psicofármacos: Alprazolam, Tranxilium, Adolonta,Valium, Lorazepan (estos 5 en apenas 15 minutos), Alprazolam, Metadona-15 y Metadona-100, aunque su familia sigue asegurando que Miguel Ángel no sufría ningún tipo de drogodependencia. Esta lista fue calificada como “dosis habituales” en el informe toxicológico.
– El informe forense concluyó que la combinación de fármacos administrada “pudo intervenir” pero “no fue decisiva” en la muerte de Miguel Ángel, pues esta se debió “a un edema pulmonar por causas naturales”. De nuevo la palabra: “CAUSAS NATURALES”. Sin entrar (insisto) a discutir lo que hay de cierto, falso o riguroso en los informes y exámenes (eso ya nunca lo sabremos), sí nos atrevemos a preguntar si se trata de las mismas “causas naturales” que explican las muertes de José A. Serrano en la macrocárcel de Zuera, o la de Elhadji Ndiaye, vecino de Zaragoza, bajo custodia de la Policía Nacional en Pamplona, ambas el pasado mes de octubre.
– Según los casos que alcanza a recoger la limitada capacidad de los informes anuales de la CPDT(Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura), cada año mueren unas 80 personas bajo custodia en el Estado español (DATO MUCHO MAYOR SEGÚN LAS CIFRAS OFICIALES). Nuestras dudas pueden parecer “atrevidas”, pero mucho más lo es la decisión judicial de incumplir el deber de practicar todas y cada una de las diligencias que correspondan para conocer, a fondo y sin duda alguna, cuáles fueron las circunstancias y posibles causas de la muerte de un ser humano bajo custodia de las fuerzas del orden. Lo menos “natural” (aunque demasiado habitual) es archivar un caso como ese a toda prisa, como hizo en septiembre José Ignacio Martínez Esteban, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº1 de Zaragoza. Y está más que dicho y reprochado por los organismos internacionales competentes.
Leo: son 8 las condenas de Estrasburgo al Estado Español por no investigar torturas o malos tratos recibidos bajo custodia. El Tribunal Europeo de DDHH dice que el Juez de Instrucción tiene que agotar TODOS LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN QUE ESTÉN A SU ALCANCE PARA ASÍ PODER ESCLARECER LOS HECHOS Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE QUIEN DENUNCIA ESA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
– Todo eso es se lo llevó por delante el Juzgado de Instrucción nº1 de Zaragoza al sobreseer y archivar el caso. Luego la Audiencia Provincial lo reabrió, pero solo a efectos de aclarar las causas de un golpe en la cabeza registrado en el parte médico. Entonces, nada de lo que tenga que ver con informes, exámenes, suministro de medicación, motivos, antecedentes clínicos, presuntas drogadicciones… se cuestiona.
– El desenlace ya lo conocemos: segundo sobreseimiento de un caso en el que todo acaba reducido a un “pequeño hematoma” en la cabeza. PERO REPETIMOS LO DICHO AL PRINCIPIO. Nuestra denuncia va más allá de un detalle legal o una disputa jurídica y lo aprendido durante un año de trabajo en esta campaña también lleva nuestras conclusiones más allá
Como hemos repetido en mil comunicados y 18 concentraciones, a quien quiera oír y comprometerse en una causa como la defensa de los derechos y la justicia social: casos como el de Miguel Ángel y tantísimos otros son de vergüenza, a los que una mayoría social se niega a asomarse para no ver lo que no quiere reconocer. El racismo, el clasismo y la hipocresía son tres de los pilares que sostienen esa vergüenza. Cualquier signo de verdadera justicia pasa por reventar esos tres pilares, entre otros, cuanto antes.
MEMORIA Y ORGANIZACIÓN: NUNCA MÁS.
La familia de Miguel Ángel recordó la vida de Miguel Ángel y su final. Una historia, en gran parte marcada por el racismo, la violencia policial y la exclusión, con muchos detalles de acoso y criminalización de esta persona por el hecho de ser joven y ser gitano.. Algunos detalles que llaman la atención y que fueron recordados por su familia es que se decía por parte de la Policía que Miguel Ángel era un hombre fuerte y corpulento, para luego decir que, en realidad estaba enfermo y nervioso y por esó murió ¿En qué quedamos?. La familia denuncia la impunidad policial y el hecho de que a Miguel Ángel se le dejó morir sin darle un trato adecuado. Se queja amargamente del «algo habrá hecho» con el que tanta gente se lava las manos cuando alguno de estos abusos y muertes se da a conocer, aceptando así una violación permanente de los derechos humanos a quienes, además, suelen estar más indefensos y sólos para hacerlos valer. La propia familia ha aprendido de la importancia de la organización para denunciar estos hechos y está dispuesta a colaborar allá en su barrio, en Torrero o en donde pueda ser necesario para luchar contra la impunidad y el olvido en el que suelen caer estos hechos, como Derechos Civiles ha venido recordando todos estos días y meses.
La charla había comenzado poco después de las siete, con la intervención de la abogada de Sos Racismo Nafarroa que recordó que Elhadji Ndiaye, vecino de Zaragoza que murió en Pamplona, en manos de la Policía Nacional, fue identificado por su perfil étnico y ser negro fue lo que le llevó a la muerte. También detalló los pasos dados hasta que también pudo constituirse en Pamplona una acusación particular que reciba información directa del caso, a pesar de todas las dificultades. También puso estos hechos en el marco de lo tremedamente difícil que resulta conseguir actuar jurídicamente contra las Fuerzas de Seguridad del Estado por el total apoyo jurídico e institucional que suelen recibir. Recordó, una por una, las distintas carencias y necesidades del sistema judicial y policial español que deberían ser cubiertas para conseguir prevenir estos abusos y poder realizar una labor de control y seguimiento que permitiera impedir el continuo goteo de casos de abuso y violencia policial que se viene denunciando.
Después intervino el representante de África Unida que explicó la formación de su Asociación, a raíz de la muerte de Elhadji y la necesidad de organizarse todas las personas procedentes de África, independientemente de su nacionalidad para conseguir defenderse de lo que consideraba una auténtica persecución por el hecho, simplemente de ser negros. Con esto se sumaba a la denuncia hecha por la anterior participante de las identificaciones motivadas por el perfil étnico, identificaciones racistas, al fin y al cabo. También reivindicó la igualdad de todas las personas, independientemente del color de su piel. Por último, sobre la muerte de Elhadji Ndiaye se quejó de que, si la detención se produjo de forma violenta como la propia Policía ha reconocido, trasladándose algunos agentes al hospital, porque no se llevó también al hospital a Elhadji, en lugar de llevarlo a Comisaría, donde supuestamente murió.
La representante de ALAZ (Asociación Libre de Abogad@s de Zaragoza) insistió en las dificultades en la denuncia legal de cualquier caso de actuación abusiva por parte de las fuerzas de seguridad y en el clasismo y el racismo que impregna la actuación de las instituciones, al considerar normal que pasen estas cosas, sobre todo cuando se trata de personas negras, presas o de raza gitana a las que parece que el destino les haya reservado este trágico final. Evidentemente, no es el destino sino es el sistema judicial y político que lo sostiene incapaz de dar respuesta a la falta de justicia social. También recordó algunos datos positivos en cuanto a casos concretos y reformas legales que recuerdan la importancia de mantener la lucha y la movilización social en estos temas.
Posteriormente, intervino la pareja y abogada de José Ángel Serrano, muerto en la cárcel de Zuera, el pasado mes de Octubre que ya había protagonizado una Rueda de Prensa por la mañana, con motivo de la segunda autopsia para la que ha tenido que buscar peritos forenses, un médico de la Universidad de Bilbo así como un dentista, con conocimiento de causa y recoger el dinero para cubrir el gran coste que conlleva. Arainfo ha dado cuenta de la Rueda de Prensa en: http://arainfo.org/silvia-encina-que-a-ninguna-otra-familia-le-pase-lo-que-a-nosotros/
En la charla, ha denunciado que José Ángel murió tras permanecer 18 años en régimen de aislamiento, sin la atención médica adecuada. Ironizó con la definición de muerte natural dada por los forenses porque es natural morir cuando se vive en esas condiciones del régimen de aislamiento. José Ángel ha sido víctima de la desasistencia sanitaria que sufren las personas presas en las cárceles del Estado Español, acentuándose el desamparo con presos que se encuentran en aislamiento. Precisamente, José Ángel permaneció 18 años en este grado de encarcelamiento, sin poder relacionarse con otros reclusos y encerrado en su celda 22 o 23 horas al día. La muerte de José Ángel le ha permitido profundizar en su crítica y denuncia de la institución penitenciaria que construye una realidad ficticia, amoldada a una legalidad absurda y ejecutada por una autoridad injusta. Considera una aberración que se mantenga la legalidad del régimen de aislamiento penitenciario y piensa que es urgente una política de respeto real a los derechos humanos de las personas presas.
Después se pasó a un animado turno de preguntas en el que se recordaron aspectos de las realidades de las personas fallecidas que protagonizaban el acto: sobre Elhadji, se recordó la imposibilidad de que la familia pudiera llegar a Pamplona después de lo ocurrido, desde Senegal, igual que está ocurriendo con las familias de las víctimas del Tarajal que no consiguen visado de ninguna clase. Se recordó la frase repetida en las movilizaciones por la muerte de Elhadji y en tantas otras: las vidas negras importan, que permite poner lo sucedido con Elhadji en el contexto del cierre de fronteras europeo y la criminalización progresiva de quienes han podido entrar, convirtiéndose en objeto de todo tipo de prejuicios sociales. De Pamplona, también contaron distintas iniciativas institucionales que se habían tomado, siempre con el rechazo y la frialdad de una gran parte de las fuerzas políticas incapaces de reconocer cualquier error o mala actuación por parte de las instituciones carcelarias o de las fuerzas de seguridad; la Delegada del Gobierno se había negado a comparecer en el Parlamento de Navarra por el caso y la falta de competencias en estos temas. Pudimos percatarnos de la experiencia generalizada de sentir permanentemente que las autoridades hacen lo que les da la gana en estos temas. Volvieron a recordarse los agujeros negros en la muerte de Miguel Ángel Fernández, a pesar de lo cual se ha llegado a este nuevo sobreseimiento del caso, sin que se haya admitido ninguna nueva prueba con lo que no hay ningún indicio de delito; como se decía, la construcción de una realidad ficticia que se acomode a las necesidades de la autoridad.
Entrando en aportaciones más generales y globales sobre el tema, se insistió en que es necesario garantizar los derechos para evitar que una mayoría social esté sometida a intereses de unos pocos y acabar con la normalización de la discriminación y la violencia. Hay que hablar mucho y de forma documentada de las torturas, los malos tratos, las muertes bajo custodia porque, si hay un problema y no se habla, se enquista pero no se resuelve. En el caso de las minorías étnicas y la pobreza y exclusión hay una falta de transparencia y protocolos públicos en las actuaciones de la cárcel y las fuerzas de seguridad ante estos temas, que disfrutan además de un blindaje jurídico. En muchos casos, el racismo y la xenofobia aportan un blindaje también social que hay que romper. Se recordó el gran interrogante, ¿quén vigila al vigilante? porque el vigilante se equivoca y actúa mal muchas más veces de las que las autoridades se atreven a reconocer. Se puso el ejemplo del Protocolo de Estambul, adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000 que debería servir como una guía para la evaluación de las personas que han sido torturadas, para investigar casos de posible tortura y para aportar a la justicia los posibles hallazgos y que es desconocido y ninguneado por todas las autoridades competentes, aunque debería servir para esclarecer la veracidad de las denuncias de torturas y malos tratos. O también se denunció la sobrerrepresentación de las fuerzas de seguridad en las cárceles, cuando otros muchos profesionales serían más necesarios.
También se dieron muchos agradecimientos a las personas que colaboran en la difusión y denuncia de la realidad de estos hechos, no sólo de los representados en la mesa sino en muchos otros y la importancia de la organización, recordando que en los lugares donde existe red social capaz de denunciar todo esto y sacarlo a la luz, se puede evitar mejor la multiplicación de las víctimas. Se recordó la propuesta de la propia familia de Miguel Ángel, de organizarse para acabar con los abusos, tanto en el barrio de Torrero como en el conjunto de Zaragoza y la necesidad de acabar con esos pilares del sistema que son el racismo, el clasismo y la hipocresía que tantas veces hemos recordado a lo largo de estos meses.