Presunción de veracidad, abuso de autoridad.

Hemos hablado y hablamos mucho aquí de la Ley Mordaza. Se acumulan los lemas, las críticas, las reflexiones jurídicas y humanas que muestran que se trata de una aberración. Se leen tantas cosas contra la Ley Mordaza que parece imposible que siga en vigor, pero ahí está, vigente, sin que nada ni nadie lo impida. Poco a poco, gota a gota, va a intentando horadar toda resistencia a la injusticia. Como siempre, las personas más afectadas son las más débiles, aquelllas con las que las fuerzas de seguridad se sienten más cómodas e impunes ante cualquier posible crítica o denuncia.

Hoy traemos aquí el caso de María, que ha sido sancionada con 601 euros por una infracción grave tipificada en el artículo 36.6 de la citada Ley Mordaza: “La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

Los hechos suceden el 21 de diciembre de 2015, cuando la Policía Nacional acude a intervenir en una discusión en un autobús urbano, con motivo de los retrasos por la huelga que tenía lugar en aquellos días. María intentó mediar en una discusión entre conductor y otras personas usuarias del bus. Ella sólo quería llegar lo antes posible al Centro Municipal de Servicios Sociales donde recibe atención desde hace varios años. Sin embargo, parece que los agentes de la autoridad allí desplazados decidieron que ese día le tocaba a ella sufrir la práctica de esa nefasta ley.

María niega los hechos que relata la policía. Sólo habló para intentar mediar y que el bus llegara a su destino, al que le era imprescindible llegar puntual. No hay ninguna prueba contra ella, sólo el testimonio de unos agentes que, además, afirman que María animó a los viandantes a volverse contra ellos.

La abogada de María recurrió y el Ministerio del Interior, como no podía ser menos, dio la razón a sus empleados.En estos recursos ya vamos sabiendo que el gobierno es juez y parte y, por eso, gana siempre haciendo trampas.

María se pone en contacto con DDCC para ver qué se puede hacer, y en ello estamos. Por lo menos queremos conseguir que estos hechos no queden en silencio. Creemos a María porque conocemos su realidad. María está enferma y sufre una grave problemática social, puede perder su casa y su enfermedad le impide volver a trabajar (padece un grado de minusvalía del 65%). María ya estaba en esta situación cuando fue multada, por eso quería llegar puntual al Centro de Servicios Sociales y quiso tener iniciativa y resolver con las palabras lo que, como ella temía, la Policía no iba a hacer más que complicar.

Lo más escandaloso es que el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional conocen la situación de María porque fue alegada por la abogada en el recurso de alzada al considerar fuera de toda lógica humana que una persona con esa situación personal se enfrentara a varios agentes de la autoridad. La Policía no aporta ninguna prueba: no hay fotos ni videos ni grabaciones ni otros testigos, solo su informe.

En este momento, María tendría que pagar 601 euros. Eso demuestra la crueldad de una ley que hecha contra las personas, que busca su muerte social, su hundimiento personal y el aislamiento de su entorno. Por eso apoyamos a María y exigirmos que se anule esta sanción, porque va contra el sentido de humanidad más elemental. Nos solidarizamos con su situación como expresión de nuestro rechazo a la Ley Mordaza. Pedimos que se difunda que el gobierno sanciona a una persona enferma, aprovechando su debilidad para imponer una versión que choca contra toda lógica.

El hecho concreto de esta sanción responde a todo un proyecto político que intenta imponer un modelo de seguridad basado en una actuación policial indiscriminada y permanente que olvida las necesidades de las personas. Hace muchos meses, en este mismo espacio decíamos sobre la Ley Mordaza lo que sigue y que hoy cobra más sentido que nunca:

Seguridad es tener techo, comida, educación, salud, libertad para opinar y capacidad para participar y decidir en lo que nos afecta como miembros de eso que llamamos “sociedad”. Si nos tomáramos en serio las palabras política y democracia, eso sería suficiente para que cada persona sin techo, desahuciada, desempleada, sin dinero para pagar tres comidas al día, los medicamentos o la educación de sus hijos… tomara el parlamento, expropiara cada sede local de las grandes empresas y ocupara los lujosos domicilios de sus propietarios –los del parlamento y los de las empresas. Y entonces el estado nos llamaría “enemigos” del orden por hacerlo, por decirlo, por escribirlo o incluso por pensarlo.

http://derechosciviles15mzgz.net/2014/01/guia-de-disparates-penales-para_20.html

No a la Ley Mordaza, no más multas

DDCC15MZGZ mayo 2017

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