En Mayo de este año, contábamos todo esto:

Presunción de veracidad, abuso de autoridad.

Concluíamos:

«El hecho concreto de esta sanción responde a todo un proyecto político que intenta imponer un modelo de seguridad basado en una actuación policial indiscriminada y permanente que olvida las necesidades de las personas. Hace muchos meses, en este mismo espacio decíamos sobre la Ley Mordaza lo que sigue y que hoy cobra más sentido que nunca:

Seguridad es tener techo, comida, educación, salud, libertad para opinar y capacidad para participar y decidir en lo que nos afecta como miembros de eso que llamamos “sociedad”. Si nos tomáramos en serio las palabras política y democracia, eso sería suficiente para que cada persona sin techo, desahuciada, desempleada, sin dinero para pagar tres comidas al día, los medicamentos o la educación de sus hijos… tomara el parlamento, expropiara cada sede local de las grandes empresas y ocupara los lujosos domicilios de sus propietarios –los del parlamento y los de las empresas. Y entonces el estado nos llamaría “enemigos” del orden por hacerlo, por decirlo, por escribirlo o incluso por pensarlo.»

Esta semana pasada la persona afectada por esta denuncia ha recibido Providencia de Apremio de Hacienda para el pago con recargo de la multa.  Esa maquinaria burocrática puesta al servicio de la represión no se para; los hechos están pendientes del Recursos Contencioso-Administrativo pero se ha visto obligada a pagar para evitar recargos mayores o pagos de intereses.   Su situación personal no ha mejorado y la Caja de Resistencia de DDCC ha asumido el pago de la deuda a la espera de la resolución definitiva del recurso que, por supuesto, y tal y como estamos acostumbradxs, tardará en llegar.

Para que no pase desapercibido, nos hacemos eco de estos hechos para mostrar esa brutalidad inhumana de la ley que se ceba con las personas con menos recursos.  Seguimos denunciando la Ley Mordaza porque sólo sirve para causar daño, se «demuestra la crueldad de una ley que hecha contra las personas, que busca su muerte social, su hundimiento personal y el aislamiento de su entorno. Por eso apoyamos a Victoria y exigirmos que se anule esta sanción, porque va contra el sentido de humanidad más elemental. Nos solidarizamos con su situación como expresión de nuestro rechazo a la Ley Mordaza. Pedimos que se difunda que el gobierno sanciona a una persona enferma, aprovechando su debilidad para imponer una versión que choca contra toda lógica.»

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