Inmigración, ayuda al desarrollo y derechos humanos.

Publicado originalmente en: Inmigración, ayuda al desarrollo y derechos humanos.


Estamos convencid@s de que todas las personas del mundo tienen derecho a vivir donde quieran y a disfrutar de todos sus derechos, en el nivel más alto que sea posible, a una vida digna, a ser felices… Esto incluye a cualquier ser humano viva donde viva o haya nacido donde haya nacido.

El artículo que publicamos hoy viene a recordar que la denuncia del racismo institucional debe tener en cuenta que sólo desaparecerá cuando se cumpla esa afirmación anterior. La igualdad, la justicia social serán posibles con una transformación profunda de la realidad que vivimos. El análisis que reproducimos, es un punto de partida para denunciar que vamos por muy mal camino cuando intentan vendernos las políticas de control migratorio, las leyes de extranjería, los CIES y demás formas de racismo institucionalizado, en el mismo paquete que supuestas políticas de ayuda al desarrollo que reúnen características como las que describe el artículo.


En 2005, recién llegado a la Moncloa el PSOE, se instalaron concertinas –alambre con cuchillas cortantes de acero- coronando las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. El gobierno de un partido calificado “de izquierdas” culminaba así la política represiva más cruel puesta en marcha desde la Unión Europea, al mismo tiempo que su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, predicaba la Alianza de Civilizaciones. En ese momento, Pérez  Rubalcaba, portavoz del grupo parlamentario del mismo partido, no mostró ninguna objeción, pero en 2013, gobernando ya el PP, aseguró que las concertinas eran “un sistema de protección inhumano”.

En 2018, una de las promesas del ministro del interior del PSOE, Grande Marlasca, fue retirar las concertinas, porque, según decía, “no se puede llegar a esos niveles”. En 2019 ya sólo se retirarán  “en determinados puntos”. En un momento en el que el gobierno marroquí está construyendo otra alambrada con concertinas y, según su ministerio del interior “va a ser casi imposible que los inmigrantes consigan saltar hasta Ceuta y Melilla”. La Unión Europea, que se sigue presentando como baluarte de los derechos humanos, financia, a petición de un gobierno español “de izquierdas”, esta “mejora (¿) del control de fronteras” en las que los derechos humanos son violados, desde los dos lados, permanentemente y con la mayor impunidad.

Redundando en esta misma dirección, en noviembre de 2018, el Grupo Socialista del congreso ha presentado una enmienda a la reforma de la ley mordaza –que prometió derogar, junto con la de reforma laboral que tampoco ha derogado-, para mantener las devoluciones en caliente de inmigrantes. Con los mismos argumentos que el PP utilizó para normalizar estas devoluciones en 2015. En 2017, desde la oposición, Pedro Sánchez había declarado: “Rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente”.

El viernes 1 de marzo pasado el gobierno “socialista” aprobó el III Plan Africa, un plan, supuestamente  de “ayuda al desarrollo” para facilitar el control de los flujos migratorios, aunque según el ministro Borrell tiene como objetivo aprovechar las “inmensas oportunidades” que el continente presenta. Desde La Moncloa se dice: “Como estrategia de Política exterior el Plan pretende defender los intereses españoles”. Se trata, como es obvio, de los intereses de las grandes empresas españolas. El Plan África I (2006) y el II (2009) también fueron puestos en marcha por gobiernos “socialistas”. En la presentación del primero María Teresa Fernández de la Vega declaraba: “El Plan África nos colocará como uno de los principales actores internacionales en África y en el Mundo”. La entonces vicepresidenta del gobierno apuntaba en la misma dirección que ahora su compañero Borrell.

Uno de los pilares del Plan Africa de 2006 era “la defensa de las oportunidades de negocios en el sector de los hidrocarburos de las empresas españolas”. Bajo la cobertura del Plan África, Rodríguez Zapatero visitó en 2009 Nigeria y Togo acompañado de representantes de empresas cono Unión Fenosa, Repsol o Gas Natural. En el Delta del Níger -una región de Nigeria del tamaño aproximadamente de Andalucía donde viven más de 30 millones de personas-  los impactos de la extracción de petróleo han privado a una gran parte de la población de sus medios de subsistencia. A causa del petróleo y sus vertidos, no hay pesca, los campos mueren y el agua está contaminada. Se generalizan el hambre, la miseria y los conflictos armados. Un desastre ecológico y social para que el capital global pueda obtener su botín. Una buena ilustración de lo que desde esta “izquierda” se entiende como “ayuda al desarrollo”

Bajo el mismo paraguas del Plan África, en 2011, en un viaje oficial a Guinea Ecuatorial, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, el “socialista” José Bono, respalda a Teodoro Obiang, un dirigente acusado de constantes abusos y violaciones de los derechos humanos, que llegó al poder hace cuarenta años después de un golpe de estado y que preside uno de los regímenes más violento, represor y corrupto del continente africano. La finalidad del viaje, según el propio Bono, era “fomentar inversiones de empresas españolas en Guinea”, uno de los principales países de los que se extrae petróleo en África.

En la lucha por la apropiación de los “recursos” (bienes comunes) africanos en el Plan África se hace mención expresa de su apoyo a los intereses pesqueros de las empresas españolas en países como Senegal, Mauritania, Cabo Verde y otros. Como es sabido, los efectos de la extracción pesquera a escala industrial sobre las comunidades locales son devastadores; la sobrepesca y las prácticas depredadoras están esquilmando los caladeros y agotando los medios de los que depende la vida de millones de africanos. Otro ejemplo de “ayuda al desarrollo”.

Otro de los negocios más boyantes de los inversores en África a proteger es el acaparamiento de tierras, apropiación de tierra a gran escala – en África más de cincuenta millones de hectáreas, tamaño de la península ibérica, en los diez últimos años- para dedicarla a monocultivos después de expulsar a las comunidades locales que la poseen sin ninguna compensación. Otra forma de destrucción masiva de los medios de vida de los pueblos africanos que supone también una masiva violación de los derechos humanos.

El II Plan África tiene como una de sus áreas de apoyo también la construcción de  infraestructuras, financiadas con fondos de “ayuda al desarrollo” vinculados a la compra de mercancías españolas. Infraestructuras que facilitarán la extracción y el transporte de las riquezas extraídas, además de la obtención de beneficios a las grandes constructoras implicadas.

Salvaguardar la defensa y la seguridad en África es otro de los objetivos fundamentales explicitados en estos planes, pero no se trata de la seguridad de los pueblos africanos, que ven cómo sus riquezas son expoliadas desde las grandes empresas del Norte al tiempo que se extienden por el continente la miseria, las hambrunas o la inseguridad alimentaria, sino de la defensa y la seguridad del acceso a “los recursos”, la defensa y la seguridad de la buena marcha de las  inversiones y la defensa y la seguridad de la repatriación de los beneficios por parte de las empresas españolas.

Como parte de esa estrategia en beneficio de los interesas empresariales, a la vez que se defienden otros intereses también relacionados con el poder, en 2009 el gobierno “socialista” facilitó al mando militar de Estados Unidos el uso de las bases de Morón y Rota como centro de las operaciones militares frente a África. Reforzando así la militarización de Andalucía, sin contar con quienes viven en ella, y en defensa de un “orden” en el que Andalucía resulta especialmente damnificada.

¿Esta es la “izquierda” a la que hay que votar o apoyar, directa o indirectamente, para que no gobierne la derecha? ¿No son hoy esta “izquierda” y sus satélites, un pilar fundamental para sostener el gobierno de lo financiero, la privatización de todos los ámbitos de nuestras vidas y la desposesión de nuestros bienes comunes, mecanismos que están en la base de nuestra creciente pérdida de derechos y libertades?

Manuel Delgado Cabeza. Catedrático de economía y miembro de Asamblea de Andalucía.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.