Hace
unos días, un miembro de la Asamblea15M de Delicias, Jubilados
Indignados y activista social en múltiples causas, presentó un recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Zaragoza contra
la multa impuesta por la Delegación del Gobierno de Aragón.  Los hechos
tuvieron lugar el pasado mes de Junio de 2012, en el desarrollo de una
protesta ante la sede de Bankia en la Pza. Aragón, por
el escándalo de la quiebra, del rescate y de las preferentes.  El
expediente sancionador iniciado en aquel momento denunció supuestos
daños a la fachada del banco y graves desórdenes públicos cometidos por
el recurrente al que sanciona con 302 euros de multa.  Después de los
correspondientes períodos de alegaciones, no atendidas por la Delegación
del Gobierno, el expediente llega ahora al Tribunal citado arriba.
Es
una de las primeras ocasiones en las que una sanción de este tipo es
llevada a lo contencioso administrativo.  Como Derechos Civiles 15M de
Zaragoza viene denunciando, estas sanciones forman parte del intento de
este Gobierno, representado en la persona de Gustavo Alcalde, Delegado
del Gobierno en Aragón, por acallar la protesta social por medio de
sanciones económicas que buscan la muerte social de las personas que se
manifiestan en contra del actual sistema y de la forma en que se está
resolviendo la crisis económica que está perjudicando a amplios sectores
de la sociedad.  Al llevar el caso a un Tribunal, se intenta romper el
cerco administrativo que se quiere imponer a cualquier forma de protesta
o disidencia social, convirtiendo a la Policía y al Gobierno en juez y
parte interesada en el castigo a unos hechos que no son sino el
ejercicio de derechos fundamentales a la libertad de expresión,
manifestación y asociación que, en estos momentos más que nunca, son
ejercidos con total libertad y responsabilidad por parte de las muchas
personas que hemos descubierto que esta crisis no es más que una estafa
que estamos pagando quienes menos tenemos.  
En
la afirmación de los actos sancionados, vuelve a pesar la presunción de
veracidad que se atribuye a la declaración de la Policía Nacional y
que, en el contexto del conflicto social abierto, se convierte en una
forma de abuso de autoridad, en el que el simple hecho de dar una
octavilla, se convierte en un desorden grave, sin que esa acusación
pueda ser refutada por ningún testigo, video o prueba gráfica
presentada, como consecuencia de una expediente administrativo que se
convierte en un intrumento para  anular el ejercicio del derecho
fundamental a la libertad de expresión.  
El
recurso, más allá del tamaño de la multa impuesta,  no deja de ser un
intento por romper la impunidad con la que se está moviendo  el
Gobierno  que actúa de forma autoritaria, utilizando a las fuerzas de
seguridad del Estado a favor del proyecto político representado por el
Partido Popular, siendo el único argumento que pone sobre la mesa, para
resolver el importante conflicto social planteado en este país.  Desde
el Grupo por los Derechos Civiles 15M  apoyamos la presentación de este
recurso y recordamos que en Madrid, desde la Comisión LegalSol  se ha
promovido la presentación de este tipo de recursos obteniendo respuestas
positivas por parte de los Tribunales, como vienen informando en su
web: 
Aprovechando
la ocasión, exigimos el archivo de todas las causas abiertas y de los
expedientes sancionadores iniciados contra personas que participan en
movilizaciones sociales de todo tipo; muchas de estas personas están
pendientes de cumplir sentencias de cárcel, pago de multas cuantiosas o
juicios aberrantes: Carlos y Carmen, en Granada, Antonio en Zaragoza,
Ana y Tamara, en Pontevedra, en Logroño, en Cuenca, en tantos otros
lugares la vida de muchas personas está pendiente de las decisiones de
unos gobernantes incapaces de respetar los derechos de las personas,
cuando el ejercicio de los mismos se muestra incompatible con el
desarrollo de su proyecto político marcado por la desigualdad y la
injusticia.  
NOVEDADES SOBRE EL CASO DE CARLOS Y CARMEN, EN GRANADA.
El Juzgado de lo Penal Nº 1 de Granada ha puesto en estado de busca y captura a Carmen y Carlos, autorizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que los detengan e ingresen en prisión.
Comunicado de Stop Represión Granada:
Convocada Concentración en Zaragoza, para el Viernes a las 8 de la Tarde en la Plaza de España
 28 de Junio, Jornada de Solidaridad Internacional: la lucha social no es delito:
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