Hace ahora poco más de una semana, en una breve publicación http://derechoscivileszgz.blogspot.com.es/2015/02/de-absoluciones-y-sobreseimientos.html nos alegrábamos por dos noticias de los Juzgados que afectaban a personas denunciadas por la participación en distintas acciones del movimiento estudiantil. Queremos volver hoy sobre lo sucedido en este Juicio: http://derechoscivileszgz.blogspot.com.es/2015/01/dos-jovenes-se-enfrentan-siete-meses-de.html
Aquí, la juez y la fiscalía propusieron un acuerdo que llevó al resultado de los 150 euros de multa para los dos acusados.
Es evidente que seguimos contentos porque se ha conseguido evitar que dos jóvenes puedan llegar a ingresar en prisión y, sobre todo, porque no les quedan antecedentes penales que podían haber supuesto un grave riesgo para su vida y su compromiso social en los próximos años.
Sin embargo, no queremos dejar de denunciar la forma de actuar de la justicia que sigue dando credibilidad a atestados policiales que no dicen la verdad y que traen consigo procesos judiciales absurdos en los que se malgasta el dinero de tod@s y el tiempo de muchas personas. Eso, por no hablar de la incertidumbre, preocupación y miedo que se genera en los acusados y en su entorno social y familiar. Nos parece mal que se juegue con estos sentimientos para forzar el reconocimiento de unos hechos que sólo existieron en la imaginación del policía que escribió el atestado; que se utilice el caramelo de una multa que puede considerarse de escasa cuantía (150 euros, como contábamos la semana pasada) para convertir en verdad algo que múltiples testigos afirman que no pasó, los hechos no existían y, una vez más, la presunción de veracidad que se atribuye a la autoridad policial se convertía en la única prueba para poner en peligro el futuro y la vida de dos jóvenes. Samu y Gregorio son inocentes, diga lo que diga el atestado, el fiscal o el juez y hay que denunciar un sistema judicial que se empeña en dar la razón a un cuerpo policíal puesto al servicio de un proyecto político que pretende castigar duramente cualquier forma de trabajo colectivo por la justicia social y la transformación positiva de la realidad.
Y hay que seguir denunciando esto, porque no son casos aislados, no son excepciones. Hemos asistido estas últimas semanas a varios casos en los que se descubren situaciones similares: la condena contra Alfon, el montaje descubierto del caso del 4F y tantos otros ponen de manifiesto la existencia de un entramado jurídico y policial que tiende siempre a negar cualquier responsabilidad del Estado en la gestión de los conflictos sociales para los que sólo se propone la actuación policial y la condena judicial, para mayor gloria del gobierno de turno. Los problemas de la desigualdad social, la explotación, la pobreza o la exclusión se afrontan sólo desde la amenaza de la cárcel o la multa. El sistema judicial pierde toda credibilidad y es capaz de crear, con la colaboración de la policía, una realidad paralela inexistente pero que es la que puede llevar a la cárcel a cientos de personas, a su criminalización y muerte social. Esa realidad inexistente es la que ha motivado la intervención de la fiscalía y la juez la semana pasada y a inventarse una multa de 150 euros por algo que nunca pasó. El que nos alegremos por Samu y Gregorio no quiere decir que olvidemos la mentira de un sistema judicial incapaz de hacer realidad la justicia que, supuestamente, motiva su existencia y que puede llegar a tener consecuencias mucho más graves sobre personas igualmente inocentes