A partir del documento elaborado por RIS (Rights International Spain), ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: UNA REFORMA UNILATERAL, INJUSTIFICADA Y SIN COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS, queremos compartir con vosotrxs la primera de una serie de entradas que iremos publicando sobre la reforma del Código Penal que se configura como el remate final a la agresiva política del gobierno contra las personas y sus derechos, interviniendo al máximo para impedir el libre desarrollo de las personas, limitando su capacidad de organizarse para defender sus derechos.
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El Gobierno presentó el pasado 11 de octubre de 2012, a propuesta del Ministro de Justicia, su Anteproyecto de Ley de reforma del Código Penal cuando hace dos años que el Gobierno anterior, en el marco de un “pacto de justicia” entre los dos partidos mayoritarios, abordó otra de alcance y extenso contenido (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificaba la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal; que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010). El Gobierno ha remitido su Anteproyecto para dictamen a los organismos competentes.
La Exposición de Motivos de esta nueva reforma enuncia que “[l]a necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas”. Sin embargo, difícilmente se puede justificar o entender una nueva reforma cuando no se ha implementado la anterior en todo su alcance y no ha habido, en consecuencia, tiempo material para evaluar si las medidas incluidas en la misma han funcionado o no. Por lo demás, ninguna de las modificaciones introducidas en 2010 se ven retocadas en el texto del Anteproyecto, con lo que asistimos a reformas de nuevo cuño que vienen a sumarse a las anteriores y que obedecen, en tan corto espacio de tiempo, a la política criminal que el actual Gobierno pretende poner en marcha, en respuesta a acontecimientos recientes, y que constituyen claras declaraciones de principios.
En un momento socioeconómico crítico, en el que, además, miles de ciudadanos están manifestando su oposición a medidas decretadas por el Gobierno, las prioridades de la sociedad española están muy alejadas de la política criminal. Puede concluirse, en consecuencia, que la reforma tampoco parece atender a hipotéticas demandas sociales de mayor seguridad en términos de criminalidad. Si, como se argumenta en la Exposición de Motivos, lo que se pretende es la mejora del funcionamiento e imagen de la Administración de Justicia, son necesarias otro tipo de reformas, que no menoscaben los derechos de los ciudadanos, y una mayor dotación de recursos, que alivie la carga de trabajo de los órganos judiciales.