CAPÍTULO 2
13 de Enero 2021
Ayer miércoles 13 de Enero tuvo lugar la segunda sesión del juicio a Serigne, Souleymane y al agente de la Policía Local que redujo a éste golpeándole en la nunca con la culata de su pistola. La crónica de anteayer podéis leerla aquí:
Esa segunda sesión se dedicó a la exposición de las conclusiones de todas las partes personadas en la causa y la última intervención de los acusados.
El fiscal dedicó su intervención, en primer lugar, a defender la actuación del policía local acusado por la acción popular y, después, a explicar brevemente la acusación de atentado que pesa contra Souleymane y Serigne, dando por bueno el 100% de la versión del agente y de su compañero (único testigo presentado para ratificar la versión de su parte). Esto último no es poco habitual, aunque sobra jurisprudencia para saber que, en una causa penal, la presunción de veracidad de los agentes no puede imponerse a toda costa contra el resto de pruebas practicadas. Lo primero supone que, como diría Gila, la parte encargada de acusar (o no) a alguien, lejos de acusar (o no) a alguien, optó por defender a alguien. Dicho de otra forma: pese al auto previo de la propia Audiencia (ver capítulo anterior), el ministerio fiscal desoyó los indicios de “empleo excesivo de la fuerza” (hermoso eufemismo legal) para actuar, en nombre de la institución, en sentido diametralmente opuesto a las funciones que se le atribuyen.
Por su parte, la acusación popular insistió en el valor del testimonio de los cuatro testigos: éstos, sin interés personal en la causa ni amistad o animadversión hacia ninguna de las partes, coinciden en la existencia de una actuación violenta y desmesurada de la Policía que supone, además, una ofensa contra la integridad moral. Según la versión de los hechos que presentaron los testimonios, Souleymane fue agredido sin resistencia, en medio de la calle, una vez retenido. Se recordó también la utilización de la pistola, ratificado por los testigos, contra una persona que sólo quería huir de una actuación policial contra un grupo de manteros en plenas fiestas del Pilar. Asimismo, la abogada de Souleymane insistió en estos argumentos y la de Serigne recordó que las lesiones acreditadas por el informe médico de los agentes no coinciden con las descritas por ellos mismos. Y más aún: esas supuestas agresiones que fundamentan la acusación de atentado no fueron vistas por ningún testigo, sólo por la propia policía.
La abogada del agente se extendió mucho más. Recordó la “validez” de las conclusiones del Juzgado de Instrucción nº 6, que llevaron al sobreseimiento inicial de una causa después abierta por la Audiencia Provincial. En su versión, esa conclusión habría cumplido la ley perfectamente. La misma letrada cuestionó la credibilidad de Souleymane y Serigne porque no han podido demostrar que no fueran manteros y no estuvieran vendiendo en el momento de la acción policial. También descalificó las declaraciones de los testigos por la condición de periodista de una, otra por ser madre de la anterior y, en general, porque no saben qué han visto. Repitió que la pistola había caído al suelo porque el policía la llevaba suelta y Souleymane intentó arrebatársela, aunque nadie, salvo la policía, lo vio (en una calle llega de gente). En realidad, según su versión, sólo vieron a otro policía que participaba en la persecución y blandía un walkie-talkie. De hecho, calificó como “normal” que no haya testigos en los delitos de atentado (“estoy cansada de verlo”, dijo, sin sospechar por qué tampoco los había en este caso, aunque el lugar de los hechos estuviera lleno de gente a quien se podría haber tomado declaración) y que el propio agente afectado o sus compañeros sean quienes ratifiquen su existencia. También quitó importancia a las lesiones sufridas por Souleymane porque, al fin y al cabo, “de la cabeza se sangra muy fácilmente y dos puntos es una tontería”. Conclusión: la acción popular y la acusación particular exageran y mienten. Souleymane y Serigne no cumplieron con las normas de convivencia: deberían haberse quedado quietos porque, si no habían hecho nada, nada les iban a hacer.
Souleymane y Serigne utilizaron su turno de palabra para repetir que ellos no tiraron a la señora que cayó en medio de la persecución ni agredieron a nadie. Souleymane mostró la camiseta manchada de sangre que vestía el día de los hechos y ha guardado, tal cual, como triste recuerdo de la agresión sufrida.
No sabemos cuál será la sentencia. Es probable que a ésta le acompañen los correspondientes recursos. Como colectivo que ha ejercido la acción popular, hemos intentado contribuir a que se visibilice la realidad de la violencia institucional contra las personas racializadas, un racismo que tiene múltiples expresiones y ha sido constatado por múltiples organismos y entidades. También nos quedamos con muchas frases, oídas durante el juicio, que nos producen miedo y espanto. Por eso seguimos diciendo: “a las personas corrientes nos toca seguir repitiendo que los problemas más importantes se resuelven con justicia social. El sistema penal, sus juzgados y sus cuerpos policiales sólo agravan esos problemas, criminalizan sus síntomas y provocan más escenas de violencia gratuita. Esa sigue siendo la cuestión política fundamental.”
Anexo: un breve resumen de eso que produce miedo y espanto:
- Que una Fiscalía no se rija por las pruebas aportadas sino por la defensa mal entendida de la arquitectura del estado, personificada aquí por un agente de la Policía Local.
- Que un fiscal, además de no formular acusación alguna sobre el agente, participe de su defensa, por mucho que la propia Audiencia Provincial haya reconocido la existencia de indicios de un uso “excesivo de la fuerza” por parte del mismo.
- Que un presidente de sala corte a un abogado cuando este pregunta por la formación policial en protocolos de actuación para reducir a una persona sin golpearle en zonas vitales de su cuerpo (como si la cuestión no fuese de interés y relevancia).
- Que la comunicación sea (en ocasiones) deficiente por ciertas dificultades de nuestros compañeros con el castellano y por ciertas dificultades de los “operadores jurídicos” para hacerse entender o encontrar sinónimos a la jerga y las perífrasis jurídicas, dificultades que sólo parecen poder resolverse levantando la voz y repitiendo las mismas palabras que habían generado confusión.
- Que alguien emplee la expresión “este tipo de personas” sin despeinarse y olvidando que, se supone, una sala de lo penal debe juzgar actos y no “tipos de personas”.
- Que se considere “normal” que en los delitos de atentado no haya testigos para confirmar la versión policial y sólo el agente afectado o sus compañeros ratifiquen la existencia de la agresión que permite hablar de atentado.
- Que se desprecie las lesiones sufridas por un detenido en el momento de la detención y ratificadas por un informe médico porque, al fin y al cabo, “de la cabeza se sangra muy fácilmente y sólo han sido dos puntos”, mientras los informes médicos presentados por los policías se consideran exactos aunque no se compadezcan con el presunto “atentado”.
- Que se intente transmitir que no existe el racismo institucional, pese a todos los informes elaborados por instituciones y organizaciones que los documentan1. Y que, como no existe, dos personas negras hablando en el centro de la ciudad con otras que ejercen la venta ambulante deben quedarse quietas porque, “si no están haciendo nada, la Policía no va a hacerles nada”.
- Que se trate como testimonio no creíble a una persona que se dedica profesionalmente al periodismo cuando ésta testifica a favor de una víctima de agresión policial.
- Que se ponga tanto empeño en que las personas inocentes, si son negras, deban demostrar su inocencia y que, aunque todas las personas
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