El sistema judicial español considera que es justo condenar a una mujer con una grave enfermedad respiratoria (asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica-EPOC) que la hacen ser del alto riesgo ante el contagio por COVID-19, incapacitada para trabajar y que cobra un pensión por debajo del Salario Mínimo, con su vivienda habitual al borde del desahucio. Y no se trata de ningún grave delito imperdonable: simplemente sacó a pasear a su perro, tuvo una discusión con otra persona y la cosa acabó en el Juzgado.

Los hechos en sí podrán ser más o menos discutibles; la mujer condenada asegura que fue la otra mujer la que la agredió y además pegó a su perro. El problema es que el aparato judicial permita que esto llegue hasta el final y que, en estos momentos, haya una sentencia contra una mujer que vive en las condiciones que se explican arriba, que le obliga a pagar varios cientos de euros de los que no dispone. Como no puede pagarlos, debería cumplir 15 días de prisión que, en su estado de salud, podrían machacarla definitivamente.

Ella ya está en manos de su abogada que intentará impedir todo esto. Desde Derechos Civiles queremos denunciar el abuso que se hace del castigo, de la pena, de la amenaza de la cárcel para hechos como los que se han juzgado aquí en los que la condena no resuelve nada, si no que hunde todavía más a la persona que peor suerte tiene, porque su versión no ha sido creída por el juez. La Justicia debería tener medios para buscar formas de mediar en estos conflictos sin necesidad de castigar duramente a una persona que, además carece de los recursos necesarios para hacer frente a una multa absurda. La posibilidad de ir a prisión en su estado de salud debería ser inconcebible para cualquier juez que entendiera la realidad social en la que vive.

Afirmamos que con sentencias así no se hace realmente justicia, no se resuelve ningún conflicto y no se previene contra ningún delito. Las personas afectadas, sobre todo quien ha sido condenada, sale de este conflicto peor de lo que estaba antes y por eso denunciamos esta forma de actuar de la Justicia que desprecia cualquier posible alternativa a la resolución de conflictos y que permitiera no incrementar el sufrimiento. Es el triunfo permanente del punitivismo como criterio único en la actuación judicial aunque, una vez tras otra se demuestre su inutilidad, desde los delitos más leves hasta los más graves.