Campaña derecho a techo. Aragón sin desahucios.

Campaña de STOP DESAHUCIOS ZARAGOZA.
TENER UN TECHO ES UN DERECHO

Cuando hablamos de derechos democráticos y humanos como el de la vivienda, las instituciones no se pueden esconder tras el cínico debate competencial, entre DGA, ayuntamientos, diputaciones o Gobierno central… todas están mandatadas por la constitución a custodiar y hacer cumplir dichos derechos. y por la declaración universal de los derechos humanos, es decir, que son para todo el mundo y en cualquier lugar y bajo cualquier administración.
Como movimiento social independiente y políticamente autónomo, no es nuestra misión, la de STOP DESAHUCIOS, entrar a debatir como si fuéramos parlamentarios, eso ya lo hicimos con la ILP, nuestro objetivo es que el derecho a la vivienda se cumpla y para ello usar todos los métodos, democráticos y pacíficos a nuestro alcance, como hacemos cotidianamente con la desobediencia civil pacífica.
Dicho esto, creemos, que durante estos años de campaña, hemos visibilizado de un modo más o menos eficaz la “emergencia de la vivienda,” que venía ya como “mar de fondo” en el modelo económico español, pero que la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria dejo al desnudo, al tiempo que dejaba en la calle, sin casa y con deudas inmorales, a centenares de miles de familias, en un proceso cruel e injusto de “restructuración del mercado inmobiliario” que tiene detrás una durísima y excepcional, en nuestro entorno, Ley Hipotecaria Española, “escrita” por la patronal bancaria y, a unos partidos políticos mayoritarios

, que actúan como correa de transmisión del poder financiero.
Aragón no es una excepción en este panorama, como atestigua el silencio y la connivencia de todo el arco político ante la desastrosa gestión de CAI, que ha obligado a rescate con dinero público de más 400 millones de euros y que nos hace sospechar que su agujero financiero es mayor, así como el de Ibercaja, que al final la absorbió dicha entidad. La comisión de investigación parlamentaria fue francamente decepcionante y el control que ejercen las entidades citadas de los medios de comunicación hacen que el tema no pase a mayores.
Por ello y ante la inactividad patente de todos los escalones de la administración aragonesa para proteger a sus ciudadanos y garantizarles un techo: STOP DESAHUCIOS ZARAGOZA se ha planteado, como otras PAHs la necesidad de visibilizar esta injusticia e intentar implicar a las instituciones en la resolución de este problema humano cada vez más urgente.
Ante la patente la falta de voluntad del Gobierno de España para legislar de forma seria para resolver la sangría de los desahucios, el Gobierno de Aragón en el uso de sus competencias debe de articular leyes y medidas para dar una solución urgente. Ya explicamos en las Cortes de Aragón el fracaso rotundo de la política del gobierno de Luisa Fernanda Rudi a la hora de abordar el problema de los desahucios y el acceso a la vivienda. El fracaso del convenio firmado con el CGPJ y la FAMCP, la falta de inversión, la insuficiencia del parque público de vivienda gestionado por el Gobierno de Aragón…
Del mismo modo los ayuntamientos, y especialmente el de Zaragoza, deben de hacer uso de todo el abanico que sus competencias y su voluntad política les ofrecen para estar presentes en la resolución de este problema más allá de la pura “gestión de la miseria” o dar contadas viviendas a unos pocos compañeros después de las movilizaciones. El problema debe ser abordado de raíz y con voluntad de dar soluciones a todos y no sólo a los que “no queda otro remedio” y aparecen en los medios. Jugar así con los destinos de la gente es algo que la ciudadanía ya no soportamos más.

 

En 2013 se realizaron en Aragón más de 800 desahucios de vivienda habitual.

 

Ahora se cumple un año de la puesta en marcha del Convenio firmado entre Gobierno de Aragón, el CGPJ y la FAMCP… Este convenio consiste en la activación de un protocolo de actuación que supone la detección de situaciones de vulnerabilidad en un desahucio para actuar de forma coordinada entre las distintas administraciones con el fin de encontrar una solución de urgencia para las familias. El problema es:
1) no tiene carácter de ley con lo que no es vinculante para los jueces, es decir pueden o no aplicarlo.
2) los criterios para establecer la vulnerabilidad son excluyentes, por ejemplo una familia con escasos recursos y un hijo de cuatro años no entra y una familia con un hijo de tres sí, por poner un ejemplo o una familia monoparental con un hijo no entra y con dos sí.
Por otra parte el convenio no cuenta con viviendas para realojar a las familias dada la escasez de viviendas del parque público de la DGA (unas 100). El tan cacareado plan de vivienda 2013-2016 que firmaron por fin hace una semana cuenta con una cantidad ridícula para adquisición de vivienda, sobre todo si tenemos en cuenta que en el registro abierto hace un año de solicitud de vivienda de alquiler de la DGA hay ya 1800 personas apuntadas.
Aunque no hay datos exactos de lanzamientos de primera vivienda podemos hacer una estimación de que se han producido alrededor de 800 durante 2013. Los jueces de junio de 2013 a junio de 2014 han detectado menos de 50 situaciones de vulnerabilidad y tan solo se han resuelto con solución habitacional 26. Es decir eso de “desahucios cero”, “habrá viviendas sociales para los desahuciados”… es literalmente propaganda.
Planteamos aquí una serie de medidas que cualquiera de las administraciones puede empezar a debatir, así como también usar la imaginación que tanto se usa para inventar recortes o disminuir los derechos de los trabajadores.

Moratoria de desahucios (hipotecarios, en precario y de alquiler) para deudores de buena fe por causas sobrevenidas y familias en riesgo de exclusión social con entidad financiera, sociedad inmobiliaria o entidad pública.

•  Realojo obligatorio de familias en aquellos casos en los que el desahucio debe producirse para evitar perjuicios a terceros como en los casos de alquiler particular o en el que sea aconsejable por la precariedad del inmueble o la existencia de motivos administrativos.
•  El Gobierno de Aragón con carácter urgente debe dotarse de 2.000 viviendas de alquiler público. Esto sólo se puede lograr con la expropiación de uso mientras dure la emergencia social y habitacional de las viviendas vacías en manos de la SAREB y las entidades financieras. Dichas viviendas formarán parte del parque público aragonés de vivienda.
•  Conversión de las promociones de VPO en régimen de propiedad en proceso en viviendas del alquiler público y social
•  Los requisitos, para acceder a ayudas del alquiler o al alquiler público, deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.
• Patronatos municipales de la Vivienda que gestionen democráticamente y con participación ciudadana el Parque de viviendas
•  Despenalización de la ocupación de viviendas vacías pertenecientes a bancos y cajas intervenidos o rescatados por parte de familias o personas en situación de vulnerabilidad o sin techo.
•  Despenalización de la ocupación de viviendas vacías durante más de un año de inmobiliarias y promotoras
•  Establecer mecanismos para que los gestores de los parques públicos de vivienda no acumulen pisos vacíos como así sucede
•  Abordar una legislación para que las futuras recalificaciones para edificación y las ya en curso un 75% del total de las viviendas (en número de viviendas y en metros cuadrados) se dedique para alquiler público o publico/privado y, de ellas, un 40% para alquiler social.
• El Gobierno de Aragón (con mayoría parlamentaria suficiente PP + PAR) y el ayuntamiento de Zaragoza (con mayoría suficiente PSOE +IU) tiene tiempo antes de que termine la legislatura el próximo mes de mayo de 2015 para aprobar un decreto e implementar políticas que contengan las medidas de urgencia propuestas. No hay excusas cuando hablamos de un problema de tales de dimensiones.

Campaña de movilización. 

 

Ante la sordera institucional como respuesta a nuestras peticiones realizaremos una campaña de movilización para lograr nuestro objetivo de una Ley o Decreto Aragonés de la Vivienda en el sentido expuesto.