El próximo Jueves, 21 de Octubre, a las 10 h. tendrá lugar el juicio contra dos activistas del Movimiento Nadie Sin Hogar y de la Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca. El juicio es producto de la actuación policial desarrollada hace ahora 1 año, en el transcurso de un desahucio, en la Calle Vicente Verdusan. Estas dos personas intentaban retrasar el desahucio hasta la llegada de los Servicios Sociales al ser la familia afectada por el desahucio de especial vulnerabilidad. Se limitaron a pedir a la secretaría judicial que esperara a la llegada de esos Servicios porque la familia podía quedar literalmente en la calle.
La actuación policial no tuvo en cuenta la gravedad de la situación de la familia desahuciada, con tres hijos y limitándose a la represión directa contra las personas que intentaban mediar a favor de esa familia. Dos de ellas fueron detenidas de forma totalmente injustificada, dada su actitud dialogante, y ahora son llevadas a juicio.
Otro montaje policial, con la finalidad de escarmentar a colectivos sociales comprometidos con la justicia social, da un paso más que tampoco queremos que pase desapercibido. Por eso animamos a asistir al juicio, el Jueves 21 de Octubre, que se celebrará a las 10 h. (estaremos apoyando desde las 09:00) en el Edificio Fueros de Aragón (Juzgado de lo Penal nº 5) para mostrar nuestro apoyo a estas personas y denunciar un nuevo abuso policial.
Normalmente en los grupos de derecho a la vivienda no se atienden «llamadas de emergencia» para acudir a un desahucio de un día para otro, pero se trataba de una familia con 3 niños y decidimos movilizarnos para, al menos, poder acompañarles en un momento tan duro.
A las 8 de la mañana ya estaban los primeros compañeros en la casa hablando con la familia para informarse de la situación del caso. Se trataba de una familia migrante formada los padres con los 3 hijos, y el propietario era un particular que había instado el desahucio por impago del alquiler.
En los casos en los que el propietario es un particular, la PAH y en general las plataformas antidesahucios mantenemos el criterio de no impedir que se devuelva la vivienda, pero sí acompañar a los afectados y mediar con los servicios sociales para asegurar una alternativa habitacional adecuada y que la familia no quede desprotegida.
En este caso, el propio juez que había dictado el desalojo había previsto en el Auto que se diese aviso a Servicios Sociales con este fin. Según nos explicó en su precario castellano la madre, habían tenido algún contacto con servicios sociales pero infructuoso, porque al parecer la alternativa que les ofrecían implicaba separar a los miembros de la familia.
En vista de lo que dictaba el Auto judicial, decidimos ponernos rápidamente con los Servicios Sociales de Zaragoza para hacerlo valer. Los Servicios Sociales nos dijeron que tenían constancia del caso pero que esa mañana «iban a tener dificil acudir» y que «si se quedaban en la calle que acudieran al albergue». Insistimos en la importancia de que hicieran acto de presencia en el desahucio y de que activasen una alternativa de acogida para la familia en su conjunto. Quedamos a la espera de nuevas noticias y comenzamos a organizarnos.
Un grupo de 2 personas se quedó acompañando para dar apoyo psicológico a la familia en el interior de la vivienda y atenta a nuevas llamadas de los servicios sociales, mientras que los otros bajaríamos al portal para mediar con la comitiva judicial cuando llegase.
Aproximadamente media hora antes de la hora señalada para el desahucio, se presentaron tanto el propietario como un poco más tarde la comitiva judicial. Al propietario le explicamos que no pretendíamos evitar que recuperase su vivienda, pero que tampoco podíamos permitir que dejasen a una familia con menores en la calle y que estábamos dando aviso a servicios sociales para que acudieran. A la comitiva judicial le explicamos esto mismo y le señalamos que el propio Auto judicial indicaba que se diese aviso a los servicios sociales, pidiéndoles que esperasen a que hicieran acto de presencia.
Lo cierto es que la comitiva judicial no parecía en absoluto dispuesta siquiera a escucharnos, y unos 15 minutos antes de la hora señalada se dirigieron al portal para comenzar la ejecución. Ante la puerta se encontraban 2 o 3 personas que habían acudido para dar apoyo. Nuevamente insistimos en la necesidad de que estuvieran los servicios sociales, y les pedimos que esperasen a que llegaran dado que habíamos conseguido hablar con ellos y esperábamos su llegada en los próximos minutos para estar presentes y hacerse cargo de la familia desahuciada. En medio de esta conversación, un hombre mayor nos dijo desde detrás de la puerta acristalada que quería salir del edificio. Aprovechando esta circunstancia, el propietario se abalanzó hacia la puerta entreabierta seguido por la secretaria judicial. En estas situaciones los activistas tenemos muy claro cuál es nuestra situación y la pauta general es actuar como en una «defensa de baloncesto» (inmovilidad y pasividad) porque somos conscientes de que cualquier contacto por nuestra parte, cualquier insulto o cualquier situación poco clara puede significar una acusación de agresión, atentado a la autoridad, etc. Para prevenir esto, además de la actitud pasiva y no violenta, se procura grabar en video la situación de manera que podamos contar con pruebas de descargo.
El empujón del propietario sobre los que nos interponíamos ante el portal me desequilibró tirándome al suelo, y al parecer en mi caída, al intentar sujetarme a algo me sujeté a la gabardina de la secretaria judicial, arrancándole algunos botones. La otra acusada era la encargada de hacer las grabaciones, y se encontraba un poco apartada en el lateral de la puerta.
Una pareja de policía nacional de paisano hizo acto de presencia y nos identificó tanto a ella como a mí. Sinceramente no esperábamos en absoluto resultar detenidos ni mucho menos acusados de nada, pero un suceso fortuito y accidental en el que ni siquiera tuvimos parte activa ha resultado en graves acusaciones de actitud violenta, agresión con resultado de lesiones y atentado a la autoridad.
Afortunadamente contamos con grabaciones que desmienten la veracidad del relato de la acusación, pero lamentablemente sabemos que no las tenemos todas con nosotros en el Juzgado el próximo jueves 21 de octubre para conseguir la absolución.
El desahucio continuó sin mayor incidente, como estaba previsto, pero la familia terminó teniendo que ser acogida temporalmente en las casas de distintos amigos ya que los servicios sociales hicieron caso omiso de nuestras peticiones.
Es precisamente para evitar este tipo de situaciones por lo que el Movimiento Nadie Sin Hogar, la PAH y el resto de colectivos que formamos parte de la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda (www.iniciativaleyvivienda.com) pedimos que la nueva Ley de Vivienda que prepara el Gobierno incorpore mayores garantías judiciales, de manera que se eviten la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional y se asegure que este derecho tan importante quede garantizado por ley.
«Miki», portavoz de Nadie Sin Hogar.