Desde Novact e Iridia se ha lanzado este Manifiesto que DDCC 15M Zaragoza hemos decidido apoyar. Su contenido explica a la perfección por un grupo de defensa de los derechos humanos. Léelo y apoya
Más de 150 organizaciones y entidades de la sociedad civil junto con más de 200 personalidades de diferentes sectores asistieronn al acto de presentación del manifiesto unitario y transversal de la sociedad civil que quiere ser una muestra de rechazo a las acusaciones de terrorismo de la Audiencia Nacional contra 11 personas, investigadas en la causa contra Tsunami Democràtic, así como una muestra de solidaridad con todas ellas.
Desgraciadamente, este caso no es aislado, sino que forma parte de una tendencia global al alza en la cual se hace un uso desproporcionado y extensivo del marco normativo -el Código Penal en el caso del Estado español- para perseguir, silenciar y criminalizar movimientos sociales y políticos, así como diferentes expresiones del derecho de protesta.
Protestar no es terrorismo, protestar es un derecho que queremos y seguiremos ejerciendo. El caso de Tsunami Democràtic nos alerta del peligroso precedente que se puede generar si la causa continua hacia delante, poniendo en peligro los principios democráticos y el estado de derecho, así como un gran número de movimientos y organizaciones.
MANIFIESTO:
Protestar. Manifestarse. Movilizarse
SON DERECHOS FUNDAMENTALES
En los últimos años hemos visto como desde la política y la justicia se ha llevado a cabo una clara criminalización de la protesta, con graves repercusiones para las personas que ejercen el derecho de reunión y manifestación; vulnerando reiteradamente la libertad de expresión a cantantes, actores y actrices; obstaculizando el ejercicio del derecho a la información por parte de profesionales de la información; censurando obras de teatro; persiguiendo al independentismo, al feminismo, a la lucha por el derecho a la vivienda, al antirracismo, al ecologismo y atacando el derecho de huelga y la libertad sindical.
Hoy vivimos una nueva escalada contra el Derecho a la Protesta. Delante de la persecución e investigación por terrorismo de 11 personas, dentro de la causa de ‘Tsunami Democràtic,’ como sociedad civil manifestamos que:
La investigación que está realizando la Audiencia Nacional / Tribunal Supremo contra ‘Tsunami Democràtic’ supone un ataque directo al ejercicio de derechos fundamentales, en particular al derecho de manifestación, a la libertad de expresión y a la libertad de información. Un nuevo ejemplo de la aplicación extensiva del Código Penal, que conlleva la criminalización de la protesta.
Miles de personas salieron legitima y democráticamente a la calle para expresar su rechazo a una sentencia que condenaba a los líderes políticos y sociales a un encarcelamiento injusto, contra el cual también se pronunciaron tanto el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas como el Consejo de Europa, así como varias organizaciones internacionales de derechos humanos.
Las movilizaciones ciudadanas, vehiculadas por medio de ‘Tsunami Democràtic’, pedían dialogo bajo el lema «sit and talk»; y se enmarcaban en la acción no violenta, que forma parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, que es también un derecho interno.
La decisión de la Audiencia Nacional de investigar por terrorismo a representantes políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil, en el contexto actual, muestra una clara intención de desgastar al gobierno estatal y a la mayoría parlamentaria, durante la tramitación de la Ley de Amnistia. Esto supone una injerencia del poder judicial sobre el legislativo, que debilita la democracia y la voluntad de la ciudadanía que se expresó, con su voto, el pasado 23 de julio.
Investigar por terrorismo a un movimiento pacífico con el único objectivo de criminalizar la protesta, limitar los derechos fundamentales y silenciar la disidencia política, es una actuación de carácter autoritario que restringe el espacio de la sociedad civil y pone en peligro los principios democráticos y del estado de derecho.
Esta criminalización tiene un efecto disuasorio dirigido a toda la sociedad, porque en definitiva persigue el mecanismo mediante el cual todo tipo de colectivos y organizaciones, ya sean de carácter sindical, ecologista, independentista, antirracista o de cualquier otro tipo de lucha social, defienden sus derechos y libertades.
Como personas y organizaciones que trabajamos a favor de una sociedad más justa y que consideramos el derechos a la protesta como un mecanismo esencial para conseguir cambios sociales, exigimos que se tomen las medidas necesarias para frenar la utilización de la justícia en una nueva persecución política contra las movilizaciones sociales y el ejercicio de derechos fundamentales, y que finalmente se retiren las imputaciones de terrorismo.
Protestar no es terrorismo
