La transformación del estado absoluto en estado de derecho acontece a la vez que la transformación del súbdito en ciudadano, es decir, en sujeto de derechos ya no solo naturales sino constitucionales frente al estado, que resulta a su vez vinculado frente a él […] La declaración constitucional de los derechos de los ciudadanos equivale a la declaración constitucional de los deberes del estado (Luigi Ferrajoli)
INTRODUCCIÓN. HABLAN DE SEGURIDAD Y FABRICAN INSEGURIDAD
El Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana es otro paso en la fabricación de inseguridad social. Criminaliza y castiga a la víctima que mueva un dedo por sus derechos. Pretende limpiar la calle de protestas y otras “molestias”, en la línea de las ordenanzas represivas impuestas en muchas ciudades.
El Proyecto de Ley de Seguridad Privada privatiza el control y la represión a favor del negocio de la seguridad, para mayor gozo y satisfacción de los propietarios de sus grandes empresas. Su objetivo, además de fomentar ese negocio, es ampliar el número de agentes armados sin aumentar el número de policías. Dicho de otra forma: más seguratas por cada policía.
En perfecta armonía con los anteriores, el Proyecto de Reforma del Código Penal también pretende hacer “más con menos”, castigar más reduciendo el gasto carcelario, adaptar las funciones de la cárcel como basurero social y seguir manipulando a la audiencia ciudadana. “Expulsar es más efectivo que encerrar”, según Gallardón.
Las tres reformas son parte de un proyecto criminal mucho más amplio que lleva años robando y expulsando: a los trabajadores (de sus puestos de trabajo), a los extranjeros pobres (de nuestras fronteras), a la mayoría de la población (de sus derechos más básicos), a quienes protestan (de la calle). A los que queden encerrados de por vida les tocará el productivo papel de “carne de cañón” en esa fábrica de tormento humano y control político que es la cárcel. Para los que estemos fuera, vigilancia permanente de todo lo que hagamos, digamos o pensemos.
Es un ataque gravísimo, pero no es nuevo. El sistema penal español lleva años siendo el más inhumano de Europa occidental, tanto por los niveles brutales de encarcelamiento como por una vergonzosa manipulación política que, en lugar de luchar contra la desigualdad, se ha dedicado a hacer la guerra a los pobres, a los extranjeros, a los niños, al terrorismo… mientras lavaba el cerebro al resto –a los “integrados”.
El Proyecto de Ley de Seguridad Privada privatiza el control y la represión a favor del negocio de la seguridad, para mayor gozo y satisfacción de los propietarios de sus grandes empresas. Su objetivo, además de fomentar ese negocio, es ampliar el número de agentes armados sin aumentar el número de policías. Dicho de otra forma: más seguratas por cada policía.
En perfecta armonía con los anteriores, el Proyecto de Reforma del Código Penal también pretende hacer “más con menos”, castigar más reduciendo el gasto carcelario, adaptar las funciones de la cárcel como basurero social y seguir manipulando a la audiencia ciudadana. “Expulsar es más efectivo que encerrar”, según Gallardón.
Las tres reformas son parte de un proyecto criminal mucho más amplio que lleva años robando y expulsando: a los trabajadores (de sus puestos de trabajo), a los extranjeros pobres (de nuestras fronteras), a la mayoría de la población (de sus derechos más básicos), a quienes protestan (de la calle). A los que queden encerrados de por vida les tocará el productivo papel de “carne de cañón” en esa fábrica de tormento humano y control político que es la cárcel. Para los que estemos fuera, vigilancia permanente de todo lo que hagamos, digamos o pensemos.
Es un ataque gravísimo, pero no es nuevo. El sistema penal español lleva años siendo el más inhumano de Europa occidental, tanto por los niveles brutales de encarcelamiento como por una vergonzosa manipulación política que, en lugar de luchar contra la desigualdad, se ha dedicado a hacer la guerra a los pobres, a los extranjeros, a los niños, al terrorismo… mientras lavaba el cerebro al resto –a los “integrados”.
Prólogo: dos alertas (que son la misma) y una conclusión anticipada
Primera alerta / Cuidado: una cosa es hablar de ideologías, de ideales, de “luchar por unas ideas”… y otra diferente es usar el cerebro. Quedémonos con la segunda, si es posible, y usemos el cerebro en colectivo. Es urgente. Eso no significa despreciar la noción de ideología (en su mejor y su peor significado) ni olvidar que hay ideas perversas e ideas justas. Todo lo contrario. Solo significa que algunos ideales cambian muy fácilmente con una buena hambruna: lo que hace el poder es mucho más importante que lo que dice. Hay discursos muy fáciles de manipular con un buen trabajo ideológico o una crisis suficientemente dura. Hay realidades muy fáciles de manipular si la propaganda es lo bastante intensa. El sistema penal, los discursos sobre el castigo y la noción de “delincuente” son el mejor ejemplo de esa manipulación de realidades ydiscursos dedicada a mantener un orden social insoportablemente injusto. Por eso es urgente usar nuestro cerebro colectivo: para que nadie nos diga cómo resolver nuestros problemas –mucho menos quienes los provocan. Para que el hambre (de pan, de paz y de justicia) no se vuelva hambruna –fisiológica o política. Para que no sea demasiado tarde.
Segunda alerta, que es como la primera pero al revés / ¿Será que cuando nos dan la hostia es cuando nos acordamos más de los derechos? ¿Solo cuando el agua nos llega al cuello nos acordamos de la injusticia? ¿Solo cuando nos saquean nos enteramos de quién es el saqueador? Ni el Reino de España ha dejado nunca de mantener un nivel “sostenible” de pobreza ni el monopolio criminal de la violencia ha llegado con las reformas del PP, por brutales que estas sean. Es una historia (la lejana y la reciente) de exclusión social, corrupción estructural, concentración de riqueza, abuso de poder y violencia contra los pobres. En los tiempos de falsa prosperidad, la palabra “ciudadanía” sirvió para que los cómodos engañados discriminaran pacíficamente a los no-ciudadanos. Insistimos: la manipulación de asuntos como la delincuencia y el castigo ha sido una herramienta muy importante en ese engaño. Si la chusma se porta bien, entonces se les llama “más desfavorecidos”, pero la base de injusticia es la misma. Muchos “ciudadanos” que anteayer justificaban la demonización de las clases más bajas se ven ahora agredidos por un saqueo masivo. La “clase media”, asustadica, comprueba que lo de la ciudadanía era mentira y los derechos son un mito que solo se hace real si tienes suficiente dinero. Es más fácil darse cuenta ahora que todos tenemos menos (todos menos unos pocos). Los mismos que nos roban suben el precio de los derechos, acumulan armas para asegurar ese robo y encima dicen defender el “orden público” a base de más castigo.
Conclusión anticipada / Ya no tenemos excusa para mirar a otro lado: nunca habrá derechos si estos no se cumplen para todas y cada una de las personas. No hay justicia si esta no se garantiza en beneficio de todas las personas. El estado que no asegura esas dos condiciones no puede llamarse “estado democrático de derecho”. De ahí la cita del encabezamiento y de ahí la conclusión anticipada: dejémonos de ciudadanías y otras zarandajas. Hasta nueva orden, vivimos en un estado absolutista gobernado por vampiros. Nuestro objetivo ha de ser hacer justicia, abolir la impunidad, retirar hasta el último privilegio a quienes administran injusticia asegurando la propia impunidad. El objetivo de este documento es dar argumentos a favor de ese objetivo de la forma más clara posible. Solo si estamos dispuestos a luchar por él, solo si estamos dispuestos a renunciar a esas “drogas duras ciudadanas” que son la búsqueda del propio interés y la anestesia consumista, solo así nos vamos a salvar de esta guerra declarada contra todos y todas. Nada va a cambiar si no lo cambiamos. El estado penal se pone nervioso porque hasta ahora, durante años, mientras bastaba con encerrar a los “pobres malos” y a unos cuantos “enemigos”, todo iba bien. Ahora la guerra se extiende: hay que sujetar a quienes se van dando cuenta de que también son pobres y a quienes comienzan a señalar a los verdaderos culpables. La cuestión es, en resumen, que todo siga “atado y bien atado”. ¿La frase nos suena, verdad? Veamos.
Una forma de saber qué quiere el gobierno es hacer un pequeño esfuerzo y leer con cuidado las exposiciones de motivos de las leyes que este se saca de la mayoría absoluta. Pero los ciudadanos no deben leer las leyes, qué más les da. Un ciudadano de bien tiene que ver el fútbol, leer a Belén Esteban y tragarse estupideces como que “no hay dinero”, que “debemos condenar toda forma de violencia” o que “hay que reinventarse y ser emprendedor”, mientras cuatro parlanchines (que saben de todo y opinan sobre todo) le “explican” las leyes a grito pelado en una radiotelevisión infecta. Y a eso se le llama “información”. ¿En eso consiste el “vínculo constitucional” del estado con el ciudadano? Olé.
Por eso proponemos una lectura lo más simple y llana posible de las reformas penales en curso, en sus tres frentes: Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (capítulo 1), Ley de Seguridad Privada (capítulo 2) y Código Penal (capítulo 3). Se trata de proyectos, anteproyectos, “tanteos”, amenazas, aún en fase de discusión pero en un contexto general de mayoría absoluta del fascismo postmoderno en el poder –y otro particular de mayoría absoluta del PP en el parlamento. Si las amenazas legales que esas reformas anuncian son importantes, mucho más grave es el uso político que la “autoridad” acostumbra a hacer de ellas para convertir en “problemas de orden” los crecientes problemas sociales y políticos. Como hemos visto, por ejemplo, en el barrio de Gamonal de Burgos, cuando el desprecio a la población supera todos los límites, entonces se habla de “violentos antisistema” y no de un barrio desesperado: el problema se convierte, por arte de magia, en un problema de “seguridad” y no en el último capítulo de un robo impune. Por enésima vez, las fuerzas de orden nos recuerdan y confirman que su función no es proteger a los vecinos ante un poder que les condena a la miseria, sino todo lo contrario. Sirva este “detalle” como ejemplo: según la declaración del mafioso Bárcenas ante el juez, el PP compensó con 31 millones de pesetas en dinero negro al exalcalde de Burgos J.M. Peña. Peña había sido condenado en 1992 a doce años de inhabilitación por corrupción. A la vez, su compinche Méndez Pozo (insigne constructor) era enviado a la cárcel. Años después, Peña pudo volver a la política gracias a un indulto del gobierno Aznar. El constructor es ahora protagonista del disparate de Gamonal. Pero el único problema para las autoridades es el de unos supuestos “vándalos itinerantes organizados que causan destrozos”. Siempre la misma historia. Por eso acabaremos haciendo memoria, para revisar el papel del sistema penal en las últimas décadas y las mentiras atroces que han han sostenido su función (capítulo 4) de legitimación de un orden político criminal.
DJF- Enero 2014