El próximo sábado 1 de junio se celebrará la movilización internacional «Pueblos unidos contra la Troika» que, en Zaragoza, tendrá un co-lema «Contra la represión ¡Delegado dimisión!».
Desde el Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza denunciamos como la policía, la maquinaria judicial, el equipo de la Delegación del Gobierno están al servicio de un partido político, en este caso, al servicio del PP.
Las continuas decisiones arbitrarias en cuanto a recorridos de manifestaciones, las identificaciones intimidatorias, las sanciones administrativas a decenas de personas (que suman miles de euros en la ciudad) en el ejercicio de los derechos de manifestación, reunión o libertad de expresión, las cargas policiales o las detenciones forman parte ya de la vida cotidiana de la ciudadanía. No podemos tolerar este atentado contra los derechos de la población, hay motivos para solicitar la dimisión del Delegado del Gobierno y su equipo.
A continuación relatamos los hechos producidos a lo largo de este último año:
– Apertura de expedientes sancionadores por importes individuales desde 200 a 1500 euros a 51 personas participantes del escrache al diputado Eloy Suárez el pasado 9 de abril de 2013. En el desarrollo de la citada acción de libertad de expresión, en la acera contraria al domicilio del diputado, personas afectadas por desahucios explicaron a los presentes su situación, su caso y con el objetivo de solicitar al mismo su apoyo de forma pacífica. El escrache ha sido calificado, públicamente, por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, como “un ejemplo de manifestación de la libertad de expresión”.
– Detención de un maestro de Marea Verde, en el contexto de Huelga sectorial de Educación, a la salida de un acto de la Consejera, Dolores Serrat, 15/05/2013.
– Juicio de faltas a la Presidenta de la AVV de Vecinos Actur – Puente Santiago, miembro de la Plataforma Solidaria Actur – Parque Goya, denunciada por dos agentes, en el libre ejercicio de su derecho a entregar un escrito en la sede del IASS y protestar contra los recortes de las ayudas y alquileres sociales, el pasado 18 de abril de 2013.
– Apertura de 5 expedientes sancionadores, por los mismos hechos relatados en el apartado anterior con fecha 18 de abril de 2013, a 5 personas concentradas allí, que están en paro y en difícil situación debido a los motivos por lo que se hacía la protesta.
– Detención de un joven en la convocatoria contra el fascismo celebrada el pasado 20 de abril de 2013.
– Sanción de 200 euros a un participante de la huelga de hambre denominada “Hambre de Justicia” por intentar entregarle una carta a la presidenta de la comunidad autónoma, el pasado 21 de abril de 2013.
– Apertura de 2 expedientes sancionadores a estudiantes que se manifestaron el pasado 6 de febrero de 2013 en el contexto de una convocatoria estudiantil de protesta por los recortes educativos.
– Apertura de, al menos, 1 expediente sancionador en Zaragoza, durante la Huelga General del 14 de noviembre de 2012.
– Imputación a 3 personas por participar en un bicipiquete pacífico en Huesca, durante la Huelga general del 14 de noviembre de 2012.
– Imputación por alteración de orden público de 8 personas que participaron en la concentración pacífica en Artieda, contra la expropiación de tierras para el recrecimiento de Yesa, el pasado 10 de octubre de 2012, tras una intervención de la Guardia Civil.
– Detención e imputación de 1 joven en una concentración pacífica contra los recortes realizados por el Gobierno, coincidiendo con la visita de la Vicepresidenta del Gobierno, y celebrada delante de la Aljafería, el 17 de julio de 2012.
– 3 sanciones administrativas de diferentes importes, en la concentración citada previamente, celebrada el 17 de julio de 2012. Una de las sanciones por grabar emitiendo en streaming en directo por internet la violenta actuación policial.
– 1 sanción administrativa por depositar una octavilla en una oficina bancaria tras el transcurso de una concentración pacífica de protesta por la “nacionalización” de BFA, matriz de Bankia.
– Apertura de, al menos, 2 expedientes sancionadores a dos de las personas participantes de la concentración contra el rescate bancario aprobado por el Gobierno, el 9 de junio de 2012, en la Plaza del Pilar.
– Apertura de 1 expediente sancionador a un integrante de Marea Verde mientras estaba en un bar por un supuesto piquete durante la Huelga de educación del 22 de mayo de 2012.
– Apertura de, al menos, 4 expedientes sancionadores por la celebración de una sentada pacífica durante la conmemoración del primer aniversario del 15M, el sábado 11 de mayo de 2012.
– Al menos, 4 detenciones e imputaciones penales en la Huelga General del 29 de marzo de 2012.
Además de los casos citados:
De forma sistemática se modifican recorridos de convocatorias comunicadas en tiempo y forma; se abren expedientes sancionadores; se realizan identificaciones intimidatorias.
También de forma sistemática se efectúan controles policiales a personas inmigrantes, por el hecho de ser inmigrantes.
De forma esporádica se producen cargas policiales injustificables e injustificadas o detenciones que podrían calificarse de “ilegales”.
Se facilita el uso de espacios y vías públicas a organizaciones de carácter fascista, cuyo ideario está basado en la desigualdad.
Desde Delegación del Gobierno, tras la denuncia formulada por la Consejera de Educación, Dolores Serrat, a 5 personas participantes de la denominada “Acción Tupper” que consistió en la colocación de envases de plástico en una farola próxima al domicilio de la Consejera de forma pacífica y con el objetivo de protestar contra los recortes de las becas de comedor del Gobierno de Aragón, se prohíbe directa o indirectamente el uso de una vía pública, céntrica, a todas las organizaciones y colectivos.
Estas personas que se encontraban ejerciendo su derecho de manifestación o concentración en lugares públicos, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Española y desarrollado por la LO 9/1983 de 15 de julio; regulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 105 (art. 11); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 (art. 21); y más recientemente en el art. 12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los denunciados, se encontraban haciendo uso de un derecho individual de ejercicio colectivo, legítimo en nuestra legislación.
¡Contra la represión! ¡Delegado dimisión!