Más o menos con la misma constancia con la que en otros momentos se enfrentaba folclóricamente con Esperanza Aguirre, actualmente el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón está en guerra con el resto del gobierno y con la Troika.
Por supuesto este enfrentamiento en nada tiene que ver con su anunciada legislación sobre el aborto, pues es sabido que el patriarcado siempre se ha sentido muy a gusto determinando qué deben hacer las mujeres con su cuerpo. No, claramente, no se refiere a eso. Lo que ha sucedido es que el Gobierno y la Troika han descubierto que, bajo la apariencia de funcionario de provincias del Ministro de Justicia y justo detrás de su mirada miope, se encuentra un firme defensor de los servicios públicos universales. La sorpresa, claro, ha sido mayúscula, pues donde uno y otra esperaban un miembro más del aparato de recortes, se han encontrado con un tipo dispuesto a gastar dinero en un servicio público con el objetivo de acabar de una vez por todas con el problema de la vivienda y con el problema de la alimentación.
La solución empleada, además, destaca por su ingenio y desmiente a todos aquellos auguraban las funestas consecuencias de la escasa inversión en educación, cultura e I+D+i. Así, en lo que los cenizos se subían a sus tribunas a augurar un paisaje apocalíptico, nuestro ministro, uno de los prohombres de la patria, ha entrado en la historia de las prácticas políticas con su nuevo proyecto de ley, que inmediatamente se convierte, junto con “Una modesta proposición”, de Jonathan Swift, en la cumbre del pensamiento utilitarista.
Es placentero imaginar las caras en el Consejo de Ministros cuando Alberto Ruiz Gallardón presentó su plan maestro: “señores ministros, señor Presidente -debió decir- vamos a acabar con el problema de la vivienda y con el de las manifestaciones a la vez: vamos a invertir en centros penitenciarios”. Y es que la reforma del Código Penal impulsada por el Ministro de Justicia parece decidida a aumentar el gasto en cárceles, policía y funcionarios de prisiones, resultando del todo encomiable, por otra parte, la valentía del gesto, pues frente a las estadísticas que muestran que el sistema penitenciario del estado español es el más masificado en número relativo de presos, nuestro insigne Ministro de Justicia ha decidido doblar la apuesta y garantizar la universalidad del servicio. Aún no ha expresado las partidas para un proyecto de esta escala, pero indudablemente, por el número de personas a las que quiere que afecte, deben de ser inmensas. Así, frente a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno, el proceso de generalización parece que va a afectar a la totalidad del 99%: desde la inmigración al mundo hacker y desde el activista al simple paseante o a la tuitera despistada. Es más, la sensación que deja es que el Ministro de Justicia ha cumplido el mandato constitucional de fomento de la igualdad y va a promover que los mayores beneficiarios de este específico servicio público seamos el 99% y no los que habitualmente son destinatarios de las medidas del gobierno.
Mentes perversas podrían pensar que no es una ley que garantice un servicio público sino que restringe libertades. A esas mentes hay que decirles que no, que no y que no. Gallardón es más listo que todo eso. Gallardón ha sabido ver en lo más profundo de nosotros y ha entendido que ir a la cárcel nos da vergüenza, pero que si nos obligan a ir, nos alegraremos, porque tendremos cama y comida gratis. Por eso ha decidido aumentar las penas en los tipos penales básicos, aquellos que, según los estudios de mercado realizados por su Ministerio y las burdas denuncias y acusaciones de Policía y Ministerio Fiscal, cometemos de forma habitual el 99%: el atentado a la autoridad, la resistencia a la autoridad y la desobediencia, incluyendo además el modo tuitero y el de resistencia pasiva, no vaya a ser que nadie se quede sin probar las deliciosas atenciones de los funcionarios de prisiones. Eso sí, tendrán que convencer a los jueces o mejorar sus atestados policiales y declaraciones en el Juzgado, porque a día de hoy no es una política que esté dando resultado.
Además, tal y como denunciaban hace unos días compañeros como David Bravo o Carlos Almeida, el Ministerio de Justicia ha decidido que como otra de las cosas que hacemos de vez en cuando es compartir información y cultura, a partir de ahora difundir un enlace también permitirá un tiempo a pensión completa en uno de los modernos centros penitenciarios que adornan las carreteras nacionales del estado español. Asimismo, apesadumbrado ante la posibilidad de que la población inmigrante en situación irregular no tenga las mismas posibilidades que los autóctonos, y sobrellevando las encendidas reticencias de Ana Mato, Gallardón ha decidido aumentar las penas a los manteros. Ahora mismo, la comisión interministerial de los Ministerios de Sanidad y Justicia está decidiendo qué hacer en caso de que los sin papeles se pongan enfermos en los centros penitenciarios. Parece ser que la “doctrina Samba Martine” gana la discusión y se les dejará morir.
Por supuesto, todo esto es sólo una parte que se ha hecho para la ciudadanía a la que delinquir, por las razones que sea, nos da vergüenza o no nos es necesario. Criminalizando una parte de nuestras conductas más habituales consiguen que tengamos el pasaporte dispuesto para entrar a prisión, aunque en estos casos está previsto que funcione sólo como un modelo de prestación social temporal. Quienes quieran disponer de la prestación asistencial de por vida tendrán que montar un sarao tremendo y que las autoridades lo llamen terrorismo (término cada vez más relajado) o los medios de comunicación lo tengan muy en cuenta y el político de turno decida ganarse unos cuantos votos. Entonces te tocará el premio gordo: la prisión permanente revisable.
No me negaréis que el Ministro de Justicia no ha sido inteligente: ha visto un problema, la capacidad que tenemos para organizarnos y ha solucionado tres: la capacidad de organizarnos, el hambre que tenemos, y nuestra necesidad de techo. Además, nos coloca a todos en un brete: si vemos que el 99% está entrando en la cárcel, es posible que ninguno de nosotros quiera quedarse en libertad. A mí, desde luego, no me dejéis aquí, rodeado de políticos y banqueros. Porque si me veo así, es posible que dentro de unos meses difunda un enlace, ponga un tuit inconveniente o cuelgue otro artículo como este y vaya a reunirme con mis compañeros a la cárcel. Por si acaso, iré haciendo el petate.
Nacho Trillo