CONVOCATORIA PARA EL 8 DE FEBRERO: CONTRA LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL, CONTRA LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA. EL 8 DE FEBRERO NOS MOJAMOS PORQUE NO TENEMOS MIEDO. NOS DEJAMOS LA DOCUMENTACIÓN EN CASA.
En este momento de precariedad colectiva se nos asesta este golpe con el que se nos quiere romper para que no contestemos, criminalizar, para asustarnos, castigar, para escondernos. Este es el momento de mostrarse fuertes. En este momento estamos a tiempo de decir lo que pensamos. Porque eso no nos lo pueden quitar. Porque no tenemos miedo. Que corra la voz.
La próxima reforma del Código Penal planteada por el Gobierno criminaliza la libertad de expresión y la protesta social. Su aprobación supondrá, si no lo impedimos, una injusta agresión a los derechos y libertades de la mayoría de las personas, mientras favorece a unos pocos sectores privilegiados.
Porque, mientras se suavizan las sanciones contra los delitos económicos de «cuello blanco» que, si devuelven lo que han robado, pueden librarse de la cárcel, se endurece el trato contra muchos colectivos que no somos ni un peligro, ni una amenaza contra la sociedad.
El proyecto establece que el mero hecho de apoyar o difundir una manifestación pueda ser delito, si la autoridad (que no cuenta con criterios establecidos y transparentes de interpretación) así lo decide. Esta reforma extiende la criminalización a espacios de la vida cotidiana de las personas y de los colectivos que se apoyan y se expresan libremente, llegando a cuestionar la legalidad de la solidaridad en según qué casos.
Al usar el concepto de «peligrosidad», este proyecto penaliza no los hechos cometidos, sino que deja la puerta abierta a la arbitrariedad y a que las «sospechas» sobre ciertos grupos de personas (migrantes, sus redes de apoyo, activistas,…) conduzcan a su criminalización.
La reforma del Código Penal implica tener que reformar la Ley de Seguridad Ciudadana,al desaparecer las faltas, que en unos casos se convierten en delitos leves y en otros pasan a ser sanciones administrativas. Se busca así, penar lo que antes no era delito y sancionar por lo que un juez no condenaba, poniendo directamente en manos de la Administración una gran parte de la represión, la menos visible, la más efectiva.
Las claves de la apuesta por la sanción estriban en su alta capacidad de repercusión sobre la población precarizada (basta constatar el impacto que han tenido las sanciones de 300 euros por desórdenes o desobediencia, impuestas por la ley vigente sobre los bolsillos de quienes protestaban por ver pisoteados sus derechos), su invisibilidad (la sanción se envía a casa), su individualidad (afecta directamente a tu patrimonio) y la falta de garantías procesales.
Ninguna de estas actuaciones por parte del Gobierno pueden ser admitidas con resignación. Tenemos, en esta conjunta reforma, un claro mensaje de derrota por parte de las estrategias hasta ahora seguidas por el Gobierno: ni la censura a la que estamos sometidos, ni la campaña de descrédito que han intentado urdir contra nosotros, han sido suficiente para reducir nuestras fuerzas, por lo que han tenido que cambiar las reglas del juego. Ahora toca inventar nuevos repertorios, burorresistir, programar, continuar en las calles. Es ahora cuando debemos organizarnos y parar estos infames proyectos de ley y es ahora cuando debemos prepararnos para desobedecer, porque la desobediencia civil pública y abierta es la respuesta natural a todo esto.
Porque sólo la lucha hace justicia.
El Gobierno nos quiere callados y nosotros queremos responderle.
El 8 de febrero salimos a la calle y nos mojamos. No se lo vamos a poner fácil.
Nos juntamos frente a la Delegación de Gobierno a las 12 h.
Nos dejaremos la documentación en casa.
Recomendamos la lectura de los siguientes enlaces que explican el sentido, la técnica y las cuestiones legales de esta acción, junto con otros que iremos publicando: