Concentración, el jueves 6 de Marzo, a las 18h en la Central de Ibercaja , Plaza Basilio Paraiso 2

IBERCAJA MIENTE!!!

Ibercaja, dijo en un escrito dirigido al juzgado hace una semana que
«no existe abierta ninguna vía de negociación con los imputados ni con
ninguna otra institución que pudiera representarles o erigirse como
mediadora del conflicto» ,esto ocurre después de aplazar durante 5 dias la orden de
desalojo que comenzaba el 15 de Febrero , en vistas, de la
reunión de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, para dar una salida
habitacional a las familias.

Sin que esta reunión llegara a celebrarse la entidad pidió a la jueza que se
continuara «con la ejecución de la medida cautelar acordada, sin que
quepa el aplazamiento solicitado por la Junta de Andalucía»

La resolución judicial hace saber que la orden de
desalojo de la Corrala Utopía ya ha sido trasladada a las fuerzas
policiales. En cualquier momento podría producirse el
desalojo, en dicha resolución señala que se
le notifique a las consejerías de Fomento y Vivienda y Salud, así como a
la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, “a fin
de que provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio
menores y otras personas en riesgo de exclusión social”.

COMUNICADO DE LOS COLECTIVOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN APOYO A LA CORRALA UTOPÍA. ¡POR UNA SOLUCIÓN JUSTA Y DIGNA!

Tras la retirada
de la orden de desalojo de Corrala Utopía el pasado viernes 14 ,durante
5 dias , con la supuesta finalidad de encontrar una solución de realojo
efectiva , tenemos de nuevo la triste noticia de que la jueza y
sobre todo la Fiscalía han optado por una interpretacion conservadora
del derecho procesal penal y han vuelto a reabrir la orden de desalojo.La Fiscalía debería haber apoyado una
suspensión al menos hasta que se resolviera el recurso de apelación
contra el auto de desalojo y, como garante de los derechos humanos,
posicionarse con los vecinos y no con el banco.

Los colectivos y movimientos sociales que apoyan a la Corrala Utopía
queremos manifestar nuestro más profundo malestar por el desalojo
forzoso del edificio decretado por el Juzgado de Instrucción Nº  3 de Sevilla.

Nos parece una decisión tan desafortunada como perverso es el ánimo de
IberCaja por desahuciar a un grupo de familias sevillanas que han
protagonizado una lucha ejemplar. No podemos tolerar que millones de
viviendas, en su mayor parte propiedad de la Banca culpable de la
crisis avalada por un sistema que ha respaldado el lucro y la
especulación de los poderosos a costa de los ciudadanos, sigan vacías
mientras miles y miles de familias pierden su hogar cada mes.

Un posible desalojo de la Corrala Utopía constituiría, según la
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un acto ilegal.
Antes de desahuciar y dejar en la calle a una familia debe haber, tal
y como establece el Tribunal, una alternativa por parte de las
administraciones públicas, responsables en última instancia de que un
Derecho Humano tan esencial, como es el de la vivienda, se cumpla.

Por ello, llegado este momento en que IberCaja manifiesta claramente
que prefiere que los vecinos vivan en la calle, aunque el edificio se
quede vacío, antes que aceptar ningún tipo de uso del mismo a través
de un alquiler social, instamos a las administraciones públicas, a las
instituciones, y concretamente al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta
de Andalucía, a que garanticen una solución colectiva para las
familias de la Corrala Utopía.

 Durante todo este proceso de lucha que dura ya casi 2 años estas familias han construido un auténtico ejemplo de organización
colectiva.Por eso entendemos que todas las personas que habitan el
inmueble deben tener una solución y que ésta ha de ser colectiva.

Todas las familias que han conformado la Corrala Utopía estaban
vinculadas al barrio de la Macarena, en la ciudad de Sevilla. Durante
estos dos últimos años han reforzado su pertenencia a este barrio de
la ciudad. Sus hijos e hijas están además escolarizados en los centros
educativos de la zona. Por eso entendemos que cualquier solución
debiera respetar ese Derecho al Arraigo que debe garantizar que las
familias no vean rotos sus vínculos sociales y emocionales.

Las administraciones no pueden permitir que los niños, los ancianos,
los enfermos y todos los miembros de estas familias  pasen  por la
violencia de un desalojo forzoso por parte de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado y sufran el calvario de verse  arrastrados y
tirados a la calle.  Son las administraciones, llegado este momento,
los responsables de que esto no suceda. Están obligados a encontrar
una solución y son responsables de ofrecerla antes de que este desalojo se lleve a cabo.

Las familias no quieren y no pueden vivir en la terrible incertidumbre
de no saber qué va a suceder con ellas.

PORQUE LA CORRALA SOMOS TODAS

¡NI GENTE SIN CASA, NI CASAS SIN GENTE

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