El Viernes 11 de Julio, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la nueva normativa que reforma y actualiza la anterior ley, conocida como Ley Corcuera.
A lo largo de estos tres años de legislatura hemos asistido a un recrudecimiento de la práctica represiva de la protesta mediante la aplicación indiscriminada de la legislación vigente. No olvidemos que los Estados democráticos habitúan a utilizar de forma complementaria a la represión más dura y visible (la utilización de porras, pelotas de goma, chorros de agua o gases lacrimógenos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), otras medidas coercitivas menos directas y perceptibles, como son las identificaciones, las sanciones administrativas, las leyes penales…
El objetivo de esta nueva Ley, no hace sino constatar la premura y necesidad del actual Gobierno por acallar la creciente respuesta en la calle. No debe olvidarse que esta reforma va necesariamente unida a la inminente reforma del Código Penal y a la ya reformada Ley de Seguridad Privada.
La seguridad ciudadana constituye una condición del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas. El problema es que el Gobierno no entiende la «seguridad» como lo hacemos nosotras, sino justo al revés: donde ellos dicen «ciudadana» nosotras decimos «social». Seguridad es tener techo, comida, educación, salud, libertad para opinar y capacaidad para participar y decidir en lo que nos afecta como personas de eso que llamamos «sociedad».
Desconocemos todavía el texto definitivo del anteproyecto, en los medios de comunicación ha aparecido, por ejemplo, que las reuniones ante el Parlamento, el Senado y los parlamentos autonómicos serán faltas graves solamente cuando «ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana». Nos preguntamos entonces, ¿qué es una perturbación grave de la seguridad ciudadana?, ¿dónde está el limite? La redacción legal abusa de conceptos indeterminados que provocarán que una persona no tenga efectivo conocimiento de si la orden emanada por un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ajusta a la legalidad y debe por tanto cumplirse.
A pesar de la supuesta suavización del texto, no debemos olvidar que nos encontramos ante una ley que aumenta el catálogo de las infracciones y agrava las sanciones establecidas por la Ley Corcuera, vigente desde el año 1992. Esta ley establece graves restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos, suponiendo la persecución de numerosas formas de protesta social. Queda definida por lo tanto, la intención intimidatoria-sancionadora-recaudadora de esta reforma legislativa.
En defitiva, la reforma genera una excesiva habilitación al poder ejecutivo y a los cuerpos de seguridad, de invadir y coartar el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas; algo que ha de ser puesto en relación con las reformas que se están produciendo en el ámbito de la Justicia dirigidas a debilitar y someter el poder judicial.
Desde Derechos Civiles 15M Zaragoza hacemos un llamamiento para todas nosotras salgamos a la calle para demostrar que frente a su represión no tenemos miedo.
¡Vamos a demostrar el Gobierno que estamos dispuestas a luchar pase lo que ase por nuestra libertad y en contra de un sistema que nos quita nuestros derechos a base de recortes y decretos!
NO A LA LEY MORDAZA
POR EL DERECHO A LA PROTESTA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
NO SOMOS DELITO
Arainfo publica un amplio artículo sobre el tema con enlaces a distintos artículos relacionados:
Lo más actualizado sobre la ley en concreto puede encontrarse en No Somos Delito, que también se enlaza en el artículo anterior: