Hoy, Lunes 21 de Marzo, la Asamblea 15-M Delicias ha hecho público el siguiente comunicado, convocando también una Rueda de Prensa para denunciar la censura del mural que ya comentábamos la semana pasada:
El pasado 12 de marzo se celebraban las I jornadas “Territorio Delicias”, organizadas por la Asamblea 15m Delicias y la Asamblea de jóvenes del barrio. Una de las actividades programadas para la mañana era la pintada de murales y grafitis en la Plaza de la Convivencia. La Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad participó en esta actividad pintando un mural de denuncia frente al edificio del SALUD.
Un total de seis murales adornaban la plaza al final del día. A las 48 horas, ya quedaban solo cinco. El mural censurado, que adaptaba una viñeta de El Roto para denunciar la voracidad sin límites de grandes empresas (representadas por Sanitas, MAZ, FCC y Grupo Quirón) en su negocio con la privatización de la sanidad pública, había sido encalado por completo.
Queda saber si la censura se ha debido a la “iniciativa propia” de FCC o si el mural ha sido borrado por “orden” de la Consejería de Salud. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que estamos ante otra muestra del problema que pretendíamos denunciar: la empresa se enriquece y la administración consiente. La empresa campa a sus anchas y la administración colabora. El problema es que las grandes empresas ganan, nosotros perdemos.
El problema es que, durante años, se ha venido perpetrando un trasvase ingente de dinero público a grandes corporaciones empresariales a través de la cesión de la gestión de hospitales y centros de salud públicos, la adjudicación de análisis de laboratorio o la derivación sistemática de pruebas diagnósticas y de pacientes. Eso pretendía denunciar el mural y eso es lo que ha sido censurado.
El año pasado, el 12% del gasto destinado a la sanidad pública española acabó en la caja de la sanidad privada. Ese mismo año, el gasto de la sanidad privada ascendió al 38,66% del gasto sanitario total, fruto de los recortes en los presupuestos de la sanidad pública, la concesión de conciertos y la provisión de servicios privados. Del mismo modo, mientras la sanidad privada aumenta los empleos precarios (60.000 “contratos” más en 2014), 20.000 trabajadores han sido expulsados de la sanidad pública en los últimos años. Por eso aumentan las listas de espera, empeora la calidad percibida de la atención, se reduce personal y los recursos y se expulsa a cada vez más personas del acceso a la salud.
Las corporaciones beneficiarias de este trasvase (en su mayoría empresas constructoras y entidades financieras) son las mismas que participaron del negocio del ladrillo y que, una vez reventada la burbuja inmobiliaria, han encontrado en los “servicios públicos” su nuevo nicho de negocio. En el caso de la salud, este negocio es aún mayor y las consecuencias son especialmente dramáticas.
Nuestra salud se pone en manos de especuladores como:
Grupo Quirón (regido por el fondo de capital riesgo Doughty Hanson y asesorado por el fondo de capital riesgo Briánico CVC tras su fusión con IDC Salud, se sitúa en 2014 como primer grupo hospitalario del país y el tercero de Europa tras una operación por 1.500 millones de euros con control de más de 40 centros y 6.200 camas); Grupo BUPA Sanitas SL (ofrece servicios y productos de salud en diversos ámbitos y en su consejo de administración están o han estado representadas grandes compañías como Banco de Santander, Telefónica, Mediaset, Telecinco, Peugeot-Citroën, Carrefour… el comienzo de la crisis no le ha reportado más que incrementos exponenciales en sus activos); mutuas como la MAZ (entidades de naturaleza privada que gestionan anualmente más de 12.000 millones de dinero púbico, cuyas juntas directivas se articulan en torno a potentes grupos empresariales y cuyos gerentes cobran entre 90.000 a 230.000 euros anuales, según datos de la Seguridad Social – en algún caso, sus beneficios anuales alcanzan los 300 millones de euros); o FCC, la empresa que se beneficia de las adjudicaciones millonarias de los hospitales de gestión privada madrileños que luego tuvieron que ser rescatados, además de verse involucrada en diversos casos de corrupción como la trama de la Operación Púnica (supuestos sobornos a políticos autonómicos y locales a cambio de adjudicaciones públicas), los papeles de Bárcenas, los negocios de Jordi Pujol Ferrusola y el “caso Innova”, centrado en la construcción del Hospital de Sant Joan de Reus y en el que fueron investigados los últimos responsables del Servicio Catalán de la Salud.
Por todo lo expuesto, desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad, denunciamos este ataque a la libertad de expresión, exigimos que el responsable de los hechos asuma su autoría y que, en contra de los que siempre sucede, sus actos no queden impunes.
Privatizar mata
¡Fuera las empresas de la sanidad!
Reproducimos lo publicado por la Asamblea 15-M Delicias, acerca de la censura del mural realizado el pasado fin de semana, en el marco del Territorio Delicias. Arainfo también ha difundido la noticcia: http://arainfo.org/2016/03/97975/
Sea quien sea quién ha dado la orden de tapar el mural, estamos ante una arbitrariedad propia de otro tipo de regímenes. El hecho es un atentado contra la libertad de expresión, contra la movilización social y la organización de la gente para hacer oir sus necesidades y denuncias, en este caso, relacionadas con la sanidad pública. Mientras determinados dirigentes se llenan la boca criticando lo que sucede en otros países como Venezuela, hechos como éste siguen quedando impunes y resultan cada vez más rutinarios, por desgracia.
Ayer martes 14 de marzo empleados de FCC borraron uno de los 6 murales que se pintaron en el primer encuentro Territorio Delicias, celebrado el pasado fin de semana en la Plaza de la Convivencia y organizado por la Asamblea 15M Delicias y la Asamblea de jóvenes del barrio.
Concretamente, el mural eliminado ha sido el que realizó la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad frente a la Consejería de Salud de la DGA, y que denunciaba los intereses de diferentes empresas privadas en la gestión de la Sanidad Pública.
Estos hechos nos parecen un ataque intolerable a los derechos fundamentales y libertades públicas, además de una malversación de los recursos públicos, utilizando trabajadores de las contratas municipales para silenciar una denuncia social que contaba con toda la legitimidad y legalidad.
Hasta el momento solo hemos podido averiguar los autores materiales de este ataque a la libertad de expresión, pero no los autores intelectuales. Exigimos que dé la cara el responsable de la decisión de hacer del espacio público su propio cortijo, utilizando recursos públicos para ejercer una censura política, bien haya sido la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento o la propia contrata FCC, en una evidente extralimitación de sus funciones. En todo caso, instamos a las autoridades competentes a que investiguen e identifiquen a los responsables de este desafuero.
En los próximos días, las diferentes organizaciones sociales implicadas, haremos públicas las acciones tanto legales como políticas que la situación exige.
Asambleas de Jóvenes del barrio
Asamblea 15M Delicias