Un relato victorioso de otra víctima más de la arbitrariedad policial.
Desde que entrara en vigor la “Ley Mordaza”, allá por julio de 2015, en sustitución de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992 (“Ley Corcuera”), son muchos (demasiados) los casos en los que la ciudadanía, al intentar ejercer sus derechos de libre expresión o reunión pacífica, ha sufrido abusos por parte de unos agentes policiales que actúan con total impunidad. Al amparo de dicha ley, las actas levantadas por funcionarios públicos “tienen presunción de veracidad”, es decir, un relato escrito en una denuncia policial refleja la verdad de lo ocurrido y, en consecuencia, es la realidad. Así, sin más.
Pero no siempre se cumple esta norma. Voy a relatar mi experiencia, ocurrida en Zaragoza entre el pasado 30 de enero y el 13 (y martes) de febrero:
Volvíamos a casa después de comer, mi amigo J.E. y yo, cuando al pasar por la plaza de la Magdalena vimos a dos agentes de Policía Nacional identificando a cuatro jóvenes. Sin mediar palabra, nos detuvimos a unos metros a observar. Enseguida uno de los policías se dirigió a nosotros preguntando qué hacíamos allí. La obvia contestación fue “mirar lo que está ocurriendo”. Después de volver a preguntarnos si teníamos alguna relación con los chavales y contestarle que no, nos pidió la documentación.
Al entregar mi DNI, le dije que yo también quería saber quién era él, y que tenía derecho a saber quién me identificaba. El agente, sorprendido y molesto, me contestó que no me preocupara, que me lo iba de decir por escrito: una denuncia. ¡Hay que ver cómo la policía no asume el derecho de la ciudadanía a pedir su identificación!
En esos momentos se presentó un furgón policial del que descendieron otros dos policías. Uno de ellos se dirigió a nosotros de modo imperativo, exigiendo que sacáramos todo lo que lleváramos en los bolsillos y vaciara el bolso que me colgaba de un hombro. Cuando llevaba depositadas unas cuantas herramientas de modelado de barro (soy alumno de la UPZ) en un banco de la plaza, me dijo que podía recogerlas, no sin antes interesarse por una “media luna” que, al parecer, se le antojó objeto sospechoso.
Por otra parte referiré el “debate”, un tanto surrealista, que J.E. mantuvo con al menos dos agentes acerca de su apariencia de policías. Uno de ellos argumentó que no necesitaban identificarse porque estaba claro lo que eran: por el uniforme (“se lo podía haber comprado en una sastrería militar”, adujo J.E.) o por la pistola (J.E.: “podía ser de juguete”). ¿Y el furgón?, preguntó otro (“podía ser robado”). Aquello no llevó a ninguna parte.
Al cabo de una media hora de comprobaciones nos devolvieron los carnés. A los chicos y chicas les indicaron que se podían marchar, pero no nosotros. Una de las chicas, antes de irse, nos dio las gracias por habernos interesado por su situación y nos deseó suerte. Como el asunto se dilataba, aún me pregunté en voz alta si no tenían algo más importante que hacer. No hubo respuesta.
Redactada por fin la denuncia, fuimos llamados por el jefe al furgón, uno detrás de otro, para leérnosla y preguntarnos si queríamos firmar. Ante nuestra negativa, dio por terminada la actuación. Se prepararon para marchar, ante lo cual reclamamos copia de la denuncia. Yo la recibí sin problemas pero J.E., como no alargaba la mano lo suficiente, recibió un portazo como respuesta. Entonces, para evitar que se marcharan sin haber recibido su copia, el intrépido J.E. se colocó delante del furgón. El conductor, cogiendo la dichosa copia, se apeó y se la entregó, exigiendo que se apartara. Y salieron de allí como aventados, ante nuestra indignación.
Al cabo de pocos días recibimos citación de un Juzgado de Instrucción para celebrar “juicio inmediato por delito leve”.
En el juicio, desde el principio, la señora Fiscala manifestó su opinión de que no procedía la celebración de este y pidió darlo por sobreseído. A ello se unió mi defensa (J.E. se representó a sí mismo). Sin embargo, la señora Jueza ordenó la celebración de la vista.
El Ministerio Fiscal se ratificó en su postura y mi defensa pidió la libre absolución, por no ser los hechos constitutivos de infracción penal. Al día siguiente estaba firmada la sentencia absolutoria.
En mi opinión, si esta vez hemos salido bien parados ha sido por la “falta de frenada” de la policía y la actuación de Fiscalía y Juez. Me explico: los policías podían haberse contentado con tramitar la denuncia y ponernos la multa que les hubiera dado la gana, entre 100 y 600€ (tipificada para delitos leves), y supongo que nos la habríamos tenido que tragar. Pero nos llevaron a juicio y se encontraron con una Fiscala con sentido de la Justicia y una Jueza con sentido del deber.
Todo ello no resta un ápice a mi convicción de que la sociedad española sigue teniendo un gravísimo problema, entre otros, de libertad de expresión y de reunión, mientras siga en vigor la “Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana”. Una ley que ha sido contestada, desde el principio, no solo por organizaciones sociales de este país y todos los partidos políticos de la oposición, sino también por organizaciones internacionales como Human Rights Watch,Amnesty International e incluso el relator de la ONU. Pero somos el pueblo, mediante las movilizaciones que haga falta, quienes tenemos que lograr doblegar al Partido Popular.
¡Ante su mordaza, nuestra libertad! ¡No nos callarán!
R. L. M.