No Somos Delito, recuerda 5 años después de la aprobación de la Ley Mordaza, que esta ley aún en vigor y que en el marco de la situación de crisis provocada por el COVID19, se está utilizando para imponer cientos de miles de sanciones sin que existan criterios claros para su aplicación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Hoy se cumplen cinco años de la publicación de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, en el Boletín Oficial del Estado. Cinco años que han venido marcados por decenas de miles de sanciones vinculadas con el ejercicio de derechos fundamentales. Pese a las promesas realizadas por muchos grupos parlamentarios en el Congreso, la derogación de la ley – o al menos la de los artículos más lesivos para los derechos y libertades, no ha llegado.
En su lugar, y en un contexto marcado por el enorme impacto del COVID19 en tantas vidas, nos encontramos también ante una «epidemia de sanciones», sin que exista ningún mecanismo de control sobre la oportunidad de su imposición. Según datos del Ministerio de Interior, en las dos primeras semanas desde la comunicación del estado de alarma se realizaron 180.387 propuestas de sanción. Son numerosas las denuncias desde las redes sociales, de organizaciones y movimientos sociales de prácticas desproporcionadas, innecesarias y discriminatorias por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
No debemos olvidar que en el actual estado de alarma también tenemos derechos que nos protegen. Tenemos derecho a estar informadas del motivo por el que se nos sanciona, derecho a la integridad física y moral (o lo que es lo mismo, a ser tratados con respeto), derecho a expresarnos libremente y a cuestionar las normas, si así lo consideramos. Las fuerzas de seguridad del Estado tienen la obligación de responder de una forma proporcional en el uso de la fuerza, porque todas sus obligaciones legales continúan intactas: no estamos en un estado de guerra ni siquiera de sitio. Todos los derechos fundamentales de la ciudadanía, salvo la libertad ambulatoria, continúan vigentes.
En el actual estado de alarma existen ciertas limitaciones en derechos y libertades que vienen justificadas por las circunstancias extraordinarias que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud. Sin embargo, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas ya advirtieron el pasado 16 de marzo que «cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria«. En el mismo sentido, se reiteraron el día 19 respecto a la libertad de información.
Distintas organizaciones sociales y asociaciones, estamos denunciando el incremento de controles policiales por perfil racial en los barrios donde la tasa de población inmigrante es más alta. En el barrio de San Francisco de Bilbao, se ha registrado en las últimas semanas una mayor incidencia de efectivos y paradas policiales de carácter racista. En el madrileño barrio de Lavapiés, testigos han observado desde las ventanas de sus viviendas, cómo agentes actuaban «con una violencia desproporcionada» para obligar a un joven marroquí «a abandonar la calle por la que transitaba y el parque en el que se encontraba hasta el punto de dejarle cojeando, sin poder caminar, vomitando y llorando”. Episodios similares se registraron en este mismo barrio, con personas racializadas, en situación de calle o con enfermedades mentales.
En el barrio Gótico de Barcelona, sólo unos minutos después de que se instaurase el Estado de Alarma a nivel nacional, la Policía Municipal paraba a jóvenes racializados para pedirles la documentación de forma injustificada por motivos étnico-raciales.
La presidenta de SOS Racismo Madrid cuenta un hecho que ha vivido en primera persona, cuando se dirigía al supermercado: «Íbamos cinco, cada uno por separado, y a la única persona que paró [la Policía] fue a un chico negro. Le empezaron a preguntar de dónde venía y por qué estaba en la calle», relata.
«Íbamos cinco, cada uno por separado, y a la única persona que paró fue a un chico negro. Le empezaron a preguntar de dónde venía y por qué estaba en la calle.»
La declaración del estado de alarma por causa del brote de Covid-19 no debe usarse como pretexto para dirigirse a grupos minoritarios o individuos de mayor vulnerabilidad, ni como una excusa para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud.
Es preocupante que las multas en el contexto del estado de alarma, triplicaran en diez días a las aplicadas en Italia en un mes. También es preocupante la arbitrariedad que estamos viendo a la hora de imponer estas sanciones, la falta de mecanismos de control a las actuaciones de las fuerzas de seguridad, así como los posibles abusos policiales, especialmente cuando van dirigidos hacia colectivos que ya están en situación de vulnerabilidad.
En este nuevo aniversario de la Ley Mordaza, recordamos aquello que ya dijimos cuando protestamos en las plazas para que no se aprobara esta reforma vulneradora de derechos humanos: lo que nos da seguridad es tener acceso a una sanidad pública de calidad, a un empleo digno o a una educación accesible y que genere una ciudadanía crítica. Sentimos seguridad cuando son garantizadas las pensiones, así como los cuidados de todas las personas que lo necesiten.
Nos da seguridad que las políticas del Estado efectivamente no dejen a nadie atrás, con independencia de su origen o condición. También nos da seguridad, como ciudadanía, poder expresarnos libremente, manifestar nuestra disidencia cuando esta se dé, con independencia del color político del gobierno de turno, tener acceso a una información contrastada y de calidad, y que no se persiga ni sancione a quienes informan. La Ley Mordaza no sólo no garantiza ninguna de estas seguridades, sino que provoca una tremenda inseguridad ciudadana frente al uso arbitrario y desmedido del poder, por parte de las fuerzas del orden.
Cuando la epidemia y el estado de alarma terminen, podrá llegar una nueva etapa de crisis económica y los poderes públicos se podrán ver tentados a aplicar nuevos recortes. Las movilizaciones y el ejercicio de las libertades de expresión e información serán para luchar por que la crisis no la paguemos las de siempre. La mejor manera de detener esta inercia con tintes represivos durante el periodo de confinamiento, es atajarla desde los primeros síntomas.
Desde la plataforma No Somos Delito hacemos un llamamiento para que las medidas actuales no den paso a un estado del miedo y odio al diferente, de la persecución y ensañamiento ciudadano y de prácticas desproporcionadas, innecesarias y discriminatorias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estamos a tiempo de revertir una tendencia que cada día nos resulta más preocupante.
Animamos a las organizaciones, movimientos sociales y ciudadanía en general a participar en la campaña en redes #SeguridadConDerechos, compartiendo los derechos y acciones de solidaridad que dan verdadera seguridad, y a reclamar que tras #5AñosDeLeyesMordaza no haya ningún aniversario más para las leyes vulneradoras de derechos fundamentales.
No Somos Delito, 30 de marzo de 2020.