Foto Álvaro Minguito.
Las fiestas del Pilar de 2017 terminaron como las de 2016. El pasado domingo 15 de octubre, un par de tweets de DDCC ya alertaban de un suceso grave ocurrido el viernes 13. Se trata ya, desgraciadamente, de un clásico de las fiestas:
No por habitual es menos vergonzoso y denunciable. Al cumplir con nuestro compromiso en defensa de los derechos fundamentales y hacer públicos estos abusos, habrá quien siga acusándonos de incitar a algo o perjudicar la imagen de alguien. Mejor sería poner toda la voluntad política necesaria para evitar que algo así vuelva a ocurrir, en lugar de disparar al mensajero.
Dos vecinos de origen senegalés fueron detenidos en la tarde-noche del viernes 13 por varios agentes de paisano de la Policía Local. Estos últimos decidieron perseguir a un grupo de vendedores ambulantes que habían acabado en la Plaza de Aragón huyendo de la presencia policial en zonas más céntricas de la ciudad, provocando una serie de persecuciones entre el edificio de Ibercaja y San Ignacio de Loyola. Lo importante, por lo visto, son los “peligrosos” manteros. Muchas personas continuaron caminando desde ahí hasta Pedro María Ric y luego por León XIII, hasta cerca del número 22 de la calle Lacarra, donde Juan y Souleymane fueron detenidos. Souleymane, que ha denunciado haber sido golpeado en la cabeza por un agente de la PL con la culata de su arma, fue trasladado al hospital, donde le fueron practicados dos puntos de sutura. Luego volvió a recibir atención médica en la Comisaría de la Policía Nacional del Actur a la que había sido trasladado. Ambos vecinos siguieron detenidos hasta el domingo por la mañana, momento en el que comparecieron ante el Juzgado y fueron puestos en libertad provisional, acusados de un delito de ATENTADO (si bien en el atestado policial previo consta también “presunta participación” en delito contra la propiedad industrial) y obligados a personarse cada 15 de días en el Juzgado. Juan y Souleymane fueron detenidos porque, además de ser negros, eran los que estaban más cerca. Souleymane tiene papeles y contrato de trabajo, no es mantero (aunque eso, para nosotras, es lo de menos) y, al igual que su compañero, asegura que no estaba vendiendo sino charlando en la calle con unos amigos antes de que llegara la policía. El lunes, ya en libertad, tuvo que volver a urgencias aquejado de un fuerte dolor de cabeza por la agresión recibida. Los partes médicos ilustran su relato y el siguiente testimonio nos ayuda a completarlo:
El viernes 13 de octubre me encontraba con mi madre y una amiga suya en la terraza del bar-restaurante El Atípico (Lacarra 18-20) cuando, de repente, vimos a unos cinco ciudadanos de origen africano acercarse hacia donde nos encontrábamos, la mayoría portando mercancía (zapatos casi todos). Inmediatamente tras ellos, dos hombres vestidos de paisano corrían en medio de mucha agitación. Debido a la presencia de mesas en terrazas y la estrechez de la calle, la policía de paisano (como más tarde se identificaron (primero eran dos, luego muchos más) consiguió alcanzar a dos de ellos, tirando dos motos que estaban aparcadas en la detención. Las motos fueron tiradas por los agentes en el forcejeo.
Muchas personas que estábamos en las terrazas, incluida yo misma, nos levantamos al ver la detención. En ese preciso momento es cuando vi a uno de los policías (más mayor que su compañero) pegar con una pistola a uno de los jóvenes africanos en la nuca. La conmoción entre el público fue de sorpresa e indignación. Nos empezamos a preguntar los unos a los otros: ¿de verdad le ha golpeado con una pistola tras ya estar reducido?
Los detenidos estaban nerviosos, agitados, gritando, pero en ningún momento, que yo viera, fueron agresivos contra la policía. Algunos miembros de la policía local, en cambio, sí fueron agresivos contra los que estábamos pidiendo, de manera educada, que no pegaran más a los detenidos y que llamaran a una ambulancia para el chico que estaba sangrando tras ser golpeado con la pistola. La policía fue explícita y especialmente agresiva con un caballero de unos 70 años que exigió a uno de los policías que se identificara para interponer una denuncia. Otros nos gritaron que si nos sentíamos unos «samaritanos», mientras que uno de ellos sí intentaba explicarnos lo que había sucedido y mediar.
Aunque tratar a víctimas como delincuentes es algo que no apoyo, respeto la ley y mi testimonio no va en contra de ella, ni de la policía como cuerpo público. Sin embargo, la actuación de la policía local el 13 de octubre fue absolutamente desproporcionada y hubo ciertas personas del público que se sintieron intimidadas personalmente por varios miembros del equipo que efectuó las detenciones. Yo fui una de ellas. Tras desaparecer estos, decidí grabar los testimonios de aquellos testigos que habían presenciado el mismo evento. Tal y como se oye en el audio, estaba grabando con uno de ellos pero paré porque uno de los policías de paisano me pidió que me identificara y le diera mis datos por estar grabando en la calle. No a ellos. Por estar grabando el testimonio de gente con mi móvil. Le expliqué que soy periodista, que quiero contar a los medios lo que ha pasado y que por eso lo grabo. Me dice que necesita mis datos “por si la información publicada es sesgada” y el recuento de los hechos no es cierto, lo que es un intento intimidatorio y antidemocrático de coartar la libertad de prensa. A la respuesta “¿y que me pasaría si no te gusta la información que publican otros?”, me contesto que “ya veríamos”. En ningún momento se identificó con una placa, pero yo sí con mi DNI. Apuntó mi número de DNI y nombre en una servilleta, apareció otro compañero suyo y se marcharon.
Blanca Muñoz Martínez (periodista).
A efectos de nuestra denuncia pública, que los dos vecinos detenidos afirmen que no estaban vendiendo no es lo más importante. Como es lógico, lo relevante para nuestro trabajo son los hechos que puedan derivarse de la intervención de la policía. Souleymane conserva su camiseta ensangrentada. Los partes médicos confirman las agresiones recibidas y ha decidido denunciar el maltrato sufrido. Ambos desconocen las razones para ser acusados de atentado contra la autoridad. Solo reaccionaron con miedo, aunque también confiaban en que nada malo podía ocurrir porque no había razón alguna, pero esta vez «les ha tocado». Ahora deben defender sus derechos, denunciar, esperar al juicio, entenderse con sus abogados, explicar lo que sucedió y afirmar su inocencia frente a toda una maquinaria burocrática y judicial que tiende, por inercia, a la presunción de culpabilidad de dos personas por ser negras, por ser pobres, por estar allí, por sobrevivir o por todo a la vez.
Este primer caso se completa (de momento) con otro. Otro vecino senegalés había sido identificado en la calle unos días antes, al comenzar las fiestas, en una parada del tranvía, sin motivo ni consecuencia aparente. Aunque la identificación “rutinaria” (mejor dicho: arbitraria) no pareció acarrear más consecuencias, la PL se personó en su domicilio al día siguiente y, cuando otro de ellos salía de su portal, le incautó los productos que portaba para la venta ambulante sin mediar denuncia ni documento alguno – es decir: como en tantos otros casos de los que tenemos conocimiento, no hay «papelito» que demuestre esa requisa. Al menos uno de los agentes que intervino en la detención de Plaza Aragón el pasado domingo 15 había participado asimismo en las otras actuaciones. De hecho, tanto nuestros vecinos senegaleses como quienes firmamos esta denuncia pública conocemos la información sobre días, horas, lugares, vehículos, identidades, etc. que, por motivos legales obvios, no podemos reproducir aquí en su integridad. Pero sí podemos ponerla a disposición de las administraciones competentes que estén interesadas en garantizar las buenas prácticas de sus funcionarios y, como toda administración “democrática” que se precie de serlo, en evitar la repetición del maltrato y el abuso de autoridad en cualquier ámbito y nivel institucional.
Quedamos, pues, a la espera. Mientras esperamos, seguimos cumpliendo con una tarea legal y legítima cuyos principios éticos, bases legales y objetivos sociales tienen que ver con todo lo contrario al “odio”:
La Policía Local ha vuelto a intervenir contra personas dedicadas a la venta ambulante que aprovechan las fiestas para intentar obtener unos recursos económicos de los que carecen. Como en tantas otras ocasiones, denunciamos públicamente estas actuaciones porque creemos que forman parte de una política represiva, incapaz de reconocer los derechos de todas las personas sea cual sea su raza y condición, dedicada a «resolver» conflictos sociales que requieren de más justicia social y no simple intervención policial – en las que el abuso contra el más débil es uso y costumbre habitual. Estas actuaciones no contribuyen a la mejora de la convivencia, la seguridad ni la justicia. Exigimos el cese del acoso y la persecución permanente de nuestras vecinas extranjeras. Exigimos el respeto a su dignidad y todos sus derechos con la misma convicción con la que exigimos los nuestros, pues son los mismos. Les apoyamos tanto en las acciones legales que puedan emprender como en las campañas de denuncia pública contra toda actuación – policial, judicial, política – que ponga en cuestión los derechos fundamentales de las personas.
Hay quien no tiene voz y hay quien usa la suya para asegurarse de que nadie conozca las horribles consecuencias de no tener voz. Nuestro trabajo es levantar la voz para reclamar lo más básico y fundamental: los derechos humanos, que son de todos y todas o no sirven para nada. ¿Será por eso que nos acusan de incitar al odio?
Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza
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