El pasado Viernes, 23 de Marzo, un grupo de seis o siete personas senegalesas, vecinas de Zaragoza, caminaban por el Paseo de la Independencia con bolsas con la intención de ejercer la venta ambulante, medio fundamental para su supervivencia en la situación en la que están.  Ante la presencia de un coche de la Policía Local, abandonaron el lugar y se dirigieron hacia la Calle Alfonso, seguidos por un coche de dicha Policía y dos agentes andando.  En la Calle Alfonso, el panorama fue el mismo; aparecieron nuevos vehículos de la Policía Local que los seguían por cualquier calle por la que circulaban.  Como les resultaba imposible ejercer la venta ambulante, decidieron abandonar el lugar y se dirigieron al domicilio de unos amigos senegaleses que viven en un piso cercano a la Calle Alfonso.  Sin embargo, el seguimiento de la Policía no terminó y continuó hasta el mismo portal en el que vivían sus amigos.  A pesar de que no les abrieron la puerta del portal, la Policía pudo entrar cuando un residente salió del edificio y subieron hasta el 4º piso donde localizaron a todo el grupo al que llevaban siguiendo desde el Paseo de la Independencia, todavía con sus bolsas.  Hicieron bajar a todos ellos a la calle, donde les esperaban cuatro coches de la Policía Local.  Detuvieron a tres personas a las que se les ha comunicado el acuerdo de iniciación del procedimiento de expulsión según la Ley de Extranjería.  Uno de ellos fue puesto en libertad, el mismo Viernes, sobre las 21 horas y los otros dos, el Sábado a mediodía.  A todos ellos se les requisaron los productos que llevaban; a tres de ellos, incluido, uno de los detenidos, se les dieron los conocidos papeles rosas con la denuncia correspondiente por venta ilegal y la lista de productos incautados; sin embargo, otros dos, no recibieron ese papel, con lo que no hay constancia de los productos retirados.  En esas denuncias, consta la dirección del domicilio en el que tuvieron lugar las detenciones y requisas, aunque evidentemente, en ese lugar nadie estaba ejerciendo la venta ambulante, al ser el portal de un edificio de viviendas del que tuvieron que salir por orden de la Policía; en realidad, como se cuenta aquí, aquella tarde nadie pudo ejercer la venta ambulante, sólo huyeron de la Policía Local.  Las personas afectadas también denuncian que fueron grabadas por uno de los policías.

Estos hechos se añaden a lo sucedido el pasado 10 de Marzo, con otras tres personas senegalesas detenidas, como contábamos aquí Contra la represión: recuperemos nuestros derechos, también de las personas migrantes, por la igualdad

Además, siguen recientes los acontecimientos de Lavapiés en Madrid, todavía sin aclarar en profundidad.  Todo ello completa un panorama preocupante para el respeto a los derechos humanos, en el Estado Español y en Zaragoza en particular.  La actuación de la Policía Local vuelve a resultar abusiva y desproporcionada.  Se insiste en la acción policial represiva contra un problema que nunca va a encontrar solución desde este tipo de intervenciones.  Se persigue a la población más vulnerable, a la que está marcada por el color de su piel.  No es suficiente con la existencia de fronteras en el Mediterráneo que se convierten en fosas comunes, en focos permanentes de sufrimiento y maltrato para las personas que no buscan más que una vida digna, sino que también, en las mismas ciudades, se alzan fronteras invisibles con los  propios medios del Estado, en este caso la Policía Local, que normalizan este tipo de actuaciones discriminatorias que sólo sirven para criminalizar a una parte de la población.  La aplicación de la Ley de Extranjería a estas personas, la amenaza constante de su expulsión impide cualquier desarrollo humano, sin atender a las circunstancias que las rodean, convertidas en objetos sin derechos, de comisaría en comisaría o huyendo todo el tiempo, convirtiéndose en víctimas del racismo que se extiende a toda a sociedad cuando ve que, quien dispone de la autoridad, actúa de esta forma injusta y arbitraria con las personas más indefensas.

No nos queda más que insistir en que rechazamos estas actuaciones porque muestran el racismo y afán represivo por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas que intentan sobrevivir mediante la venta ambulante, sin que exista otra solución para este colectivo,  por parte del Estado, que no sea el acoso, la violencia, la cárcel o la expulsión.