Condena en costas por temeridad.

De la Concentración del 23 de Mayo

Lo que sucedió el 23 de Mayo del año pasado:

Ha acabado como contamos a continuación.  Lo mejor, el final:

Si denunciar los abusos policiales y las violaciones de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos es ser temerario, seguiremos siendo temerarios.

Por todo ello debe rechazarse el recurso, y apreciando temeridad en el mismo procede imponerle las costas del mismo a la parte recurrente”. Así es cómo la Audiencia Provincial de Zaragoza terminó con una de las últimas denuncias interpuestas contra un Agente de la Policía Local de Zaragoza, en concreto de la UAPO, por su actuación.

El 23 de mayo del pasado 2016 tuvo lugar una de las 18 concentraciones convocadas durante todo este tiempo para exigir Justicia en la investigación de la muerte de Miguel Ángel Fernández, vecino de torrero encontrado muerto bajo custodia policial en los calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ranillas, Zaragoza.

Policía asesina” es lo que se leía en algunas de las octavillas repartidas en las primeras concentraciones, lo que generó controversia y, sobre todo, enfadó mucho a la propia Policía.

En aquella concentración del 23 de mayo de 2016, un menor de edad que participaba en la concentración junto a su madre pagó las consecuencias de ese enfado. Este menor de edad era uno de los sobrinos de Miguel Ángel y tenía tan solo 12 años.

Como en todas concentraciones, las octavillas se repartían a las personas que pasaban por el lugar. Ese día, el chaval decidió ayudar con el reparto. En las octavillas se informaba, se expresaban las reivindicaciones y se firmaba con el eslogan “Policía Asesina”. La concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno transcurría según lo habitual, hasta que en un momento dado se oyó gritar al menor pidiendo ayuda. La madre y a otras personas acudieron al lugar a socorrerle. Lo que se encontraron fue al menor reducido por un Policía Local, miembro de la UAPO que pasaba por la Plaza. Se encontraba retorciéndole el brazo al chaval, que estaba reducido en el suelo.

El Agente de la autoridad le pidió una octavilla, la leyó, le recriminó el contenido y le ordenó que le entregase todas octavillas. El chaval se negó, intentó volver con su madre y entonces el agente decidió reducirle en el suelo.

La madre del menor denunció tales hechos por considerar la actuación totalmente desproporcionada, siendo necesario pedir responsabilidades sobre las lesiones sufridas en su hijo. Tenía el número del agente y denunciar significaba no seguir colaborando con la impunidad y permisividad en este tipo de actos. Las autoridades debían tener conocimiento de lo ocurrido y actuar.

La denuncia interpuesta narraban los hechos, aportaba el parte de lesiones y solicitaba que se recogiesen y aportasen lo registrado por las cámaras del Ayuntamiento de Zaragoza y Delegación de Gobierno que pudieron grabar los hechos, así como la testifical de personas que habían presenciado lo ocurrido y denunciado. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Zaragoza, mismo Juzgado que estaba instruyendo la causa de Miguel Ángel, fue admitida a trámite y, tras un mes de silencio, se empezó a tener respuesta:

– Las grabaciones de las cámaras ya estaban borradas. 20 días es lo que tardan en borrarlas, según la administración; sólo pasaron 2 días entre los hechos y la denuncia en el Juzgado, pero el Juez tardó más de 20 días en requerir las grabaciones.

– El Juez instructor decidió que el agente no debía declarar en el Juzgado, sino que su defensa debía aportar por escrito cuanto considerarse oportuno alegar, y la defensa del Agente alegó que la reducción fue consecuencia de una actuación proporcionada, ya que hubo que reducir al menor porque éste estaba huyendo tras agredir a otra niña que se encontraba junto a su padre en la Plaza. A día de hoy se desconocen los datos de estas personas.

– En cuanto a las testificales solicitadas, el Juez entendió innecesaria la práctica de esa prueba porque, según lo alegado por la defesa del agente, estaba claro que lo denunciado por la madre del menor no había sucedido.

Cuatro meses después llega el Auto esperado: “SE DECRETA EL LIBRE SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, procediéndose al archivo de las presentes actuaciones”. La madre decidió recurrir, confiando en que la Audiencia Provincial de Zaragoza entendería que no se había investigado lo denunciado sino que se había dado traslado a la defensa del Agente para dar su versión de lo ocurrido, dándole el Juez instructor total credibilidad sin necesidad de practicar prueba y celebrar un Juicio donde las versiones contradictorias se pudieran oír y probar. Se confió en que la Audiencia iba a solicitar al Juez, al menos, que practicara la prueba pendiente y siguiese con la investigación.

Pero se perdió la confianza cuando llegó el Auto desfavorable de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección N 1., entendiendo que el Juez Instructor había actuado como debía. De manera totalmente sorpresiva, por no ser habitual, condenó a la denunciante al pago las costas “POR TEMERIDAD”, ya que consideró que recurrir el archivo no era más que una forma de cuestionar la decisión del Juez.

Nos ha quedado claro que temerario es quien le reprocha a la Institución su actuación, temerario es quien busca que se respeten los Derechos Civiles y Políticos de las personas, temerario es decirle a un Juez que no sea subjetivo e investigue los hechos denunciados. Temerario es denunciar los abusos policiales e intentar que la institución los investigue, los condene y evite que vuelvan a suceder. Si esto es así, ¿dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde queda el contenido, del que tanto alardean los Estados, de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos de todas las personas? Parece que todo se queda en palabra escrita, en trofeos que quedan en las estanterías guardando polvo, porque cuando denuncias una posible vulneración de los Derecho Humanos, Civiles o Políticos, un Juez de Primera instancia protegido y amparado por un Sistema Judicial decide no hacer caso e intentas que otra instancia garantice el Derecho a un Procedimiento Justo, entonces van y te condenan por temeridad.

Si denunciar los abusos policiales y las violaciones de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos es ser temerario, seguiremos siendo temerarios.

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