Hola Zaragoza,

Dentro de pocos días (12-13 de enero), las consecuencias del racismo institucional volverán a ocupar el tiempo-espacio de la selectividad penal y su administración, esta vez en la Audiencia Provincial de Zaragoza y para juzgar unos “hechos” ocurridos hace más de 3 años. El Grupo Derechos Civiles ejerce la acusación popular en la causa, pues el caso es de gran importancia para nuestro trabajo de denuncia de abusos institucionales y defensa de derechos. En cada ocasión como ésta nos jugamos parte de nuestra dignidad.

El 13 de octubre de 2017, en pleno centro de la ciudad y ante el asombro de las personas presentes, un agente de la Policía Local de Zaragoza utilizó la culata de su arma para golpear con ella en la cabeza, por la espalda, a Souleymane, quien asegura (como ratifican los testigos) que no opuso resistencia alguna. A la vez, a pocos metros, otro agente detenía a Serigne. Souleymane y Serigne, ambos residentes en Zaragoza, no se conocían hasta ese día.

El 5 de octubre de 2018, un auto del Juzgado de Instrucción nº6 de Zaragoza consideró los hechos de la versión del atestado policial “indiciariamente acreditados a través de las diligencias practicadas” y de quienes participaron en ellos. Añadía que “los investigados no sólo ofrecieron resistencia tratando de huir en todo momento, sino que también les acometieron provocando con ello lesiones de carácter leve en los agentes”, una versión totalmente opuesta a la de Souleymane, Serigne y todos los testigos. Ambos agentes vestían “de paisano” y venían persiguiendo a un grupo de manteros desde los soportales de la sede de Ibercaja. En la carrera (según Souleymane, Serigne y los testigos) provocaron la caída de varias motocicletas aparcadas en la acera y empujaron a una mujer, que cayó al suelo sin recibir atención alguna por parte de los agentes. Los dos detenidos aseguran que no huían a la misma velocidad que otros porque no creían tener razones para temer la persecución de la policía.

El mismo auto concluyó que no existían indicios racionales de que el origen de las lesiones sufridas por Souleymane fuera “una agresión dolosa imputable” al mismo agente, pero el recurso de apelación nos dio la razón: la sala nº 6 de la Audiencia Provincial mantuvo la acusación contra el policía que, según todas las declaraciones (incluida la suya) agredió a Souleymane. En esa fase del proceso, el sentido común pesó tanto que el discurso jurídico no podía aceptarlo.

Aun así, dos denuncias por atentado (más otras dos contra la propiedad industrial) fueron admitidas a trámite sin un solo testigo que apoyara la versión policial. Según los agentes, Serigne “propinó una patada en el tobillo” al que le detuvo y Souleymane intentó huir golpeando al que acabó atizándole en la cabeza con la culata de la pistola (eso sí: después de recuperarla, porque ésta había “salido despedida” en el supuesto forcejeo). La cuestión es que la calle estaba llena de gente y nadie vio tales “atentados” salvo los dos agentes.

El 12 de enero comienza el juicio. Sobre nuestros vecinos pesan peticiones de 18 meses de prisión y cientos de euros en multas e indemnizaciones. Sobre el agente de Policía Local pesa la acusación de un delito de lesiones y otro contra la integridad moral. La fiscalía acusa sólo a Serigne y Souleymane e ignora la denuncia de éste.

Tocará discutir sobre garantías, derechos fundamentales y presunciones de veracidad. Tocará discutir sobre actos individuales en un contexto de discriminación estructural, pero lo cierto es que sólo aboliendo esa discriminación estructural acabaremos con esos actos individuales. A las personas corrientes nos toca seguir repitiendo que los problemas más importantes se resuelven con justicia social. El sistema penal, sus juzgados y sus cuerpos policiales sólo agravan esos problemas, criminalizan sus síntomas y provocan más escenas de violencia gratuita. Esa sigue siendo la cuestión política fundamental. Por eso os pedimos todo el apoyo posible a Souleymane y Serigne. O lo entendemos y peleamos por esa causa o lo que se destruye es la sociedad, nuestra ciudad, nuestros barrios, con nuestras vidas dentro.

GRUPO DERECHOSCIVILES15mZARAGOZA. 4 enero 2021


* Nota 1/ Para quien desee consultar algunos documentos recientes acerca del racismo institucional elaborados por instituciones y organizaciones poco sospechosas de ser tan malignas como el Grupo Derechos Civiles y sus semejantes:

** Nota 2/ Os dejamos con el testimonio publicado por una de las personas que presenciaron la escena:

El viernes 13 de octubre me encontraba con mi madre y una amiga suya en la terraza del bar-restaurante El Atípico (Lacarra 18-20) cuando, de repente, vimos a unos cinco ciudadanos de origen africano acercarse hacia donde nos encontrábamos, la mayoría portando mercancía (zapatos casi todos). Inmediatamente tras ellos, dos hombres vestidos de paisano corrían en medio de mucha agitación. Debido a la presencia de mesas en terrazas y la estrechez de la calle, la policía de paisano (como más tarde se identificaron (primero eran dos, luego muchos más) consiguió alcanzar a dos de ellos, tirando dos motos que estaban aparcadas en la detención. Las motos fueron tiradas por los agentes en el forcejeo.

Muchas personas que estábamos en las terrazas, incluida yo misma, nos levantamos al ver la detención. En ese preciso momento es cuando vi a uno de los policías (mayor que su compañero) pegar con una pistola a uno de los jóvenes africanos en la nuca. La conmoción entre el público fue de sorpresa e indignación. Nos empezamos a preguntar los unos a los otros: ¿de verdad le ha golpeado con una pistola tras ya estar reducido?

Los detenidos estaban nerviosos, agitados, gritando, pero en ningún momento, que yo viera, fueron agresivos contra la policía. Algunos miembros de la policía local, en cambio, sí fueron agresivos contra los que estábamos pidiendo, de manera educada, que no pegaran más a los detenidos y que llamaran a una ambulancia para el chico que estaba sangrando tras ser golpeado con la pistola. La policía fue explícita y especialmente agresiva con un caballero de unos 70 años que exigió a uno de los policías que se identificara para interponer una denuncia. Otros nos gritaron que si nos sentíamos unos «samaritanos», mientras que uno de ellos sí intentaba explicarnos lo que había sucedido y mediar.

Aunque tratar a víctimas como delincuentes es algo que no apoyo, respeto la ley y mi testimonio no va en contra de ella, ni de la policía como cuerpo público. Sin embargo, la actuación de la policía local el 13 de octubre fue absolutamente desproporcionada y hubo ciertas personas del público que se sintieron intimidadas personalmente por varios miembros del equipo que efectuó las detenciones. Yo fui una de ellas. Tras desaparecer estos, decidí grabar los testimonios de aquellos testigos que habían presenciado el mismo evento. Tal y como se oye en el audio, estaba grabando con uno de ellos pero paré porque uno de los policías de paisano me pidió que me identificara y le diera mis datos por estar grabando en la calle. No a ellos. Por estar grabando el testimonio de gente con mi móvil. Le expliqué que soy periodista, que quiero contar a los medios lo que ha pasado y que por eso lo grabo. Me dice que necesita mis datos “por si la información publicada es sesgada” y el recuento de los hechos no es cierto, lo que es un intento intimidatorio y antidemocrático de coartar la libertad de prensa. A la respuesta “¿y qué me pasaría si no te gusta la información que publican otros?”, me contestó que “ya veríamos”. En ningún momento se identificó con una placa, pero yo sí con mi DNI. Apuntó mi número de DNI y nombre en una servilleta, apareció otro compañero suyo y se marcharon.

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